El pasaporte covid tiene peligros, lo diga Abascal o quien sea

¿Tienen derecho los responsables de una discoteca, un restaurante o un teatro a conocer datos sobre su salud? Y, en caso de que acaben sabiéndolos, ¿tienen derecho a discriminarle por ello? ¿Puede un Gobierno reducir o aumentar la libertad personal en función de si usted está o no vacunado?

Hasta hace un año y medio, habríamos estado de acuerdo en que eso supondría una vulneración de algunos de los mejores rasgos de las democracias liberales. Pero eso ha cambiado no solo con la pandemia, sino con la resistencia a la vacunación que persiste en algunos lugares. La semana pasada, la Asamblea de Francia aprobó una ley que exige que para acceder a locales con aforo superior a 50 personas —de restaurantes a trenes, pasando por museos, cines y piscinas— hay que mostrar un certificado que demuestre que se está vacunado, se ha pasado la enfermedad o se ha hecho un test de covid con resultado negativo. De manera parecida, el alcalde de Nueva York anunció el pasado martes que será necesario un certificado de ese tipo para entrar en restaurantes, gimnasios y otros locales de ocio. “Si no estás vacunado, por desgracia, no podrás participar en muchas cosas”, dijo Bill de Blasio. “Si quieres participar plenamente en nuestra sociedad, tienes que estar vacunado”. También Alemania, ante la disminución de la tasa de vacunación y el aumento de los contagios, se plantea tomar medidas similares. En una entrevista reciente, el jefe de gabinete de Angela Merkel, Helge Braun, pronunció una frase que resume el debate de manera un tanto ominosa: “La gente vacunada tendrá más libertad que la gente no vacunada”.

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Ese debate ha llegado ahora a España. Como contaba ayer este periódico, Galicia está utilizando un modelo parecido para acceder a interiores, Andalucía lo anunció, aunque luego ha dado marcha atrás, y en Madrid se ha deslizado que podría adoptarse cuando una proporción mayor de la población esté inmunizada. Por el momento, el Gobierno central parece reacio. En parte, porque aquí las circunstancias son distintas: la resistencia a la vacunación es mínima.

A diferencia de los lugares mencionados antes, en España no existe un movimiento político articulado que defienda activamente la no vacunación. En otros países occidentales, han sido sobre todo los miembros de la derecha radical quienes han atacado las restricciones de las libertades para luchar contra el covid, desde sectores importantes del Partido Republicano estadounidense a Alternativa por Alemania. En España no ha sido el caso: a pesar de su incomodidad con los confinamientos, hasta los miembros de Vox, como Macarena Olona, han publicado fotos en que se les ve vacunándose, y no han tenido mayor problema en llevar la mascarilla. Pero la posibilidad de vetar la entrada en algunos locales a quienes no cuenten con un certificado ha roto este aparente consenso. El pasaporte covid, dijo Santiago Abascal, “es una salvajada”. No se pueden “recortar derechos fundamentales arbitrariamente”. Lo cierto es que es importante que discutamos sobre eso, lo diga Abascal o quien sea.

Beneficios y peligros

Los beneficios de un pasaporte covid, o como quiera llamársele, son evidentes: contribuye a la reactivación económica porque los inmunizados pierden el miedo a acudir a los locales de ocio, se reduce el riesgo de contagio en esos lugares y en la sociedad en general y, por lo demás, aumenta el número de vacunados, como se ha visto en la rápida reacción de muchos franceses indecisos que corrieron a vacunarse para poder hacer una vida más o menos normal. Eso, por sí mismo, ya es algo positivo y permitiría volver con mayor rapidez a la normalidad que todos añoramos.

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Sin embargo, eso tiene peligros que el mero utilitarismo no debería hacernos ignorar. Al menos hasta que no haya vacunas disponibles para absolutamente todo el mundo, significa la discriminación de los jóvenes, que son quienes están menos vacunados porque apenas les ha llegado el turno. Aunque no vacunarse sea una absoluta necedad y una enorme irresponsabilidad para con uno mismo y con los demás, me temo que uno tiene derecho a hacerlo. Y, además, cuando los gobiernos de la naturaleza que sea empiezan a fragmentar libertades, hay que echarse a temblar. Durante las últimas décadas, una de las reivindicaciones constantes del pensamiento de izquierdas ha sido la radical autonomía del propio cuerpo y la negativa a permitir que el Estado lo controle con argumentos médicos o de sanidad pública: hoy ese pensamiento es más valioso que nunca y el liberalismo debería hacerlo suyo.

Quizá no tengamos más remedio que asumir temporalmente esa limitación de nuestra libertad a la que nos sometería no ya el Gobierno, sino otros ciudadanos a los que en circunstancias normales nunca daríamos información privada. Tal vez acabe siendo necesario, aunque por ahora el Gobierno central se resista, y además tendría que pasar por el filtro de los juzgados. Pero aun en el caso de que lo asumamos, no debemos hacerlo acríticamente, ni mucho menos dejar que sea la derecha autoritaria la que monopolice la defensa de algunas ideas sobre la libertad individual. Todos los partidos, con sus comprensibles diferencias ideológicas, deben tenerla muy en cuenta, para no caer en una pendiente resbaladiza y volverse adictos a las restricciones de la libertad.

Vox está buscando argumentos para salirse de un consenso que ha sido un caso prácticamente único entre los países de nuestro entorno. Eso puede tener consecuencias en la convivencia, como las ha tenido en otros lugares donde la derecha radical ha querido significarse en este tema. Por eso debemos discutir este asunto en serio. Aunque la política actual premie el enfrentamiento, en este caso no se trata de Ayuso contra Sánchez, ni de Vox contra el bipartidismo, ni del comunismo contra la democracia. Es una cuestión de libertad ciudadana: si aceptamos despojarnos de una parte de nuestras libertades —como, por otro lado, deben hacer todas las sociedades, y más en circunstancias como las actuales—, hagámoslo, pero a sabiendas de lo que significa, de cuáles son los riesgos que asumimos y de que esas restricciones deben desaparecer en el mismo momento en que sea posible. Es decir, decidamos como adultos responsables conscientes de que casi todo tiene beneficios y peligros.