El embargo de bienes de los oligarcas, un arma de doble filo

Si se hiciera una encuesta en los países de la UE sobre qué opina la gente del embargo de los bienes de los oligarcas rusos, usado como particular arma de guerra en respuesta a la invasión de Ucrania, la respuesta sería una clamorosa aprobación. Y es sociológicamente lógico, pues se suman la condena a Putin y a todo lo que se vincule a su autocrático poder, con la fundada convicción de que la tropa de sus oligarcas se enriquece fabulosamente en un país en el que son inmensa mayoría los que no tienen nada, con la seguridad de que en Rusia ningún rico lo es sin haber abusado del poder.

Existe la convicción de que la UE, ahora más que nunca, ha de acabar con la facilidad con que se mueven los oligarcas rusos y sus fortunas, transformando Europa en un inmenso paraíso fiscal por el que circulan y navegan impunes en espectaculares yates, cuya incautación es aplaudida con la vista puesta en la invasión y destrucción de Ucrania.

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El pasado 24 de febrero, el Consejo Europeo decidió el conjunto de medidas sancionadoras y restrictivas a aplicar a una larga lista de personas físicas y jurídicas, y ese acuerdo es vinculante para los Estados miembros, pues así lo dispone el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para los Reglamentos, Directivas y Decisiones. Para confeccionar los listados, se han reunido en diferentes Estados de la UE informaciones sobre ciudadanos rusos económicamente potentes que son relacionados con actividades delictivas en su país, aunque allí no hayan merecido esa consideración, sino, al contrario, la impunidad o la amistad personal del dictador.

Todo ello propicia, en la situación de conflicto bélico, la tesis de que lo mejor que se puede hacer por Rusia y por Ucrania es confiscar los activos de la 'cleptocracia' rusa, para, en parte, compensar los muchos costes de la ayuda que necesita Ucrania, pero también para reprimir a la 'familia' política de Putin, y para eso es imprescindible inventariar o registrar todo lo muchísimo que poseen en Europa, así como destapar las muchas empresas ficticias o pantalla a través de las que esa tropa realiza y esconde sus actividades (por cierto, en España sigue sin tipificarse expresamente el uso de sociedades pantalla o ficticias).

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Lo que se pide contra los oligarcas rusos es substancialmente lo mismo que dispone la legislación europea para otros sujetos poseedores de inmensas riquezas, especializados en fraude fiscal y blanqueo de ganancias que nunca han tributado o generadas por delitos como el tráfico de drogas o la explotación de la prostitución, y, como se hace con otros Estados, se exige que Rusia sea incluida en la lista negra de Estados sin control financiero y se han de controlar, por las muchas personas responsabilizadas de ello —profesionales de todo orden— todas las operaciones que realicen los sujetos incluidos en los listados.

Dicho esto, mal que pese, hay que reexaminar la cuestión jurídicamente, comenzando por la no pequeña cuestión de la pervivencia de esas medidas en el muy deseable caso de que se firmara la paz y la guerra terminara. Lógicamente, si se trata de un problema de blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas, no hay razón para cuestionar la continuidad de unas medidas que se corresponden con la normativa europea de lucha contra el blanqueo, por más que se hayan decidido con motivo de la guerra. Pero puede suceder que Rusia, recuperada la paz y retirada de Ucrania, pero gobernada por Putin o su círculo, no admita lo que para ellos es una “injusta persecución”. Europa tendrá una buena oportunidad para demostrar que, con guerra o sin ella, el 'gran paraíso fiscal' ha terminado y el blanqueo será perseguido y reprimido. Veremos si es así.

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No acaba ahí el tema, pues hay un aspecto de la cuestión que no se puede zanjar con argumentos 'sentimentales', como es dar por sentada la mala ralea de los oligarcas rusos y, si se quiere, la repugnancia que provocan sus personas, y, a partir de ello, reinterpretar el concepto penal de blanqueo incluyendo no solo la demostración de que el origen de un bien es un delito, sino también los casos en que esa procedencia se asocia a la injusticia estructural de una sociedad 'cleptocrática', aunque no sea posible señalar una clase de delitos. Es una interpretación tal vez 'comprensible' en estos momentos, pero ajena a la legalidad, y lo más preocupante es que, como en su momento se decía en Italia a propósito de las llamadas 'leyes de emergencia' en la lucha contra el crimen organizado, puede que el objetivo final no se alcance, pero por el camino se rompen las garantías penales para todos, sean o no mafiosos.

Se puede prescindir de exigir la similitud de las legislaciones para calificar de delictivo lo que en otro lugar no lo es, y así poder aplicar las normas sobre lavado de capitales, pero hay que atenerse a las consecuencias, y la primera es la desnaturalización del concepto de blanqueo, y si esa puerta se abre no hay razón para no temer que la dispensa de demostrar el origen delictivo de un patrimonio, y, en su lugar, dar por equivalentes otras procedencias censurables, se asiente como criterio válido para la calificación de blanqueo.

Hay otro aspecto del problema no desdeñable. Tomemos el ejemplo de los yates incautados, y formulemos una sencilla pregunta: ¿cuántas de las embarcaciones lujosas amarradas en puertos españoles, con banderas de cualquier conveniencia, proceden de actividades delictivas, aunque 'solo' sea la evasión de impuestos en el Estado donde el dueño real —la posible presencia de testaferros como dueños, sea una persona o una sociedad, hay que darla por sentado— estaba obligado a pagarlos, o, más aún, en el Estado de procedencia apenas hubiera auténticas obligaciones tributarias o hubiera una camarilla más o menos numerosa que dispusiera del Estado como un negocio particular de unas cuantas familias? Si se aplicara un criterio análogo sobre la presencia de una manifestación de blanqueo por el origen de esos bienes, a buen seguro que lloverían las incautaciones, solo que eso no se hará, cuando en buena lógica no habría motivo para no seguir el mismo criterio, y el argumento será que no existe el marco del conflicto armado que explica y 'da sentido' a todo lo que se ha acordado contra los oligarcas rusos, pero no podría extenderse a cualquiera otra situación material de fraude fiscal o pura y simple plutocracia, que en nada impida sus actividades financieras en España o en cualquier otro Estado de la UE.

La conclusión, desalentadora, es que el derecho es instrumentalizado y usado 'alternativamente' sin que se cumpla el lógico desiderátum de cualquier Estado de derecho, que pasa por el respeto a la legalidad, la exclusión de interpretaciones extensivas o analógicas y la igualdad de todos.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal y abogado.