Cambio de tendencia en Europa: la rebelión contra las élites

La victoria de Giorgia Meloni en las elecciones italianas del pasado 25 de septiembre abre un nuevo escenario político en Italia y en Europa, acelerando una tendencia marcada por la configuración de dos bloques cada vez más definidos. Estos bloques, más allá de las diferencias que presentan en materia de políticas públicas, se caracterizan por sostener ideas diametralmente opuestas sobre los grandes retos de nuestro presente: la relación entre las naciones y la Unión Europea, la división entre pueblo y elites o el concepto de soberanía.

Por un lado, encontramos un bloque que comprende desde los verdes y la izquierda radical europea, hasta el Partido Popular Europeo (PPE), pasando por los socialistas, las confederaciones de partidos liberales y algunas agrupaciones democristianas. Todos ellos forman parte de un gran consenso. Aunque con tonos y discursos diferentes, estos grupos comparten postulados ideológicos no solo entre sí, sino también con otros actores no electos, cuya creciente capacidad prescriptiva amenaza las bases de la democracia: grandes poderes económicos que han obtenido pingües beneficios en la actual coyuntura de crisis energética, tecnológicas que eluden el pago de impuestos en los países europeos al tiempo que restringen la libertad de expresión y se enriquecen de los datos de muchos usuarios y, cómo no, medios de comunicación que hace tiempo unieron su suerte a la del 'establishment' político y que, en consecuencia, taponan cualquier debate, señalando a aquel que se atreve a disentir.

Estas visiones antagónicas sobre lo que debería ser la UE también han protagonizado tendencias muy dispares en los últimos años

Subyace en todos esos grupos algunos denominadores comunes. A saber: su defensa de una Unión Europea federal, a cuyos difusos intereses se supeditan los de las naciones; su apuesta por una agenda ideológica 'woke', alejada de las preocupaciones de las clases medias y los sectores populares y empeñada en acabar con la idea de persona (y sus derechos inalienables); su responsabilidad en recortes arbitrarios de libertades individuales y colectivas, especialmente desde el covid; y su indiferencia por la crisis demográfica que sufre Occidente.

Frente a este bloque se yergue una gran coalición popular y nacional capitaneada por el Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés). Quienes integran esta reacción conciben una Unión Europea muy distinta a la de los burócratas grises y los lobbies de presión. La suya es una Unión en la que los estados no ponen su modelo productivo y la libertad de sus ciudadanos al servicio de corporaciones multinacionales o de organismos multilaterales, sino que apuestan por protegerlos para así garantizar su bienestar. Tampoco supeditan la vida de sus ciudadanos a los caprichos ideológicos de unas elites lejanas, muchas veces desconocidas. Frente al déficit de representación, un problema democrático que antes o después habrá que afrontar, abogan por defender con firmeza la soberanía y la capacidad de gobierno y maniobra de las naciones.

Estas visiones antagónicas sobre lo que debería ser la Unión Europea también han protagonizado tendencias muy dispares en los últimos años. El ejemplo que quizá ilustra mejor esta cuestión sea la comparación entre la evolución de los pesos relativos del PPE y el ECR en las instituciones europeas.

Polonia sigue bajo el gobierno de un partido integrado en el ECR Party y a esta se le ha unido República Checa bajo la misma condición

Con la salida de Reino Unido de la UE, tan solo Polonia tenía un gobierno de un partido integrado en el ECR (Ley y Justicia). Por el contrario, el Partido Popular Europeo contaba con ocho países bajo gobiernos "populares", liderados por la CDU de Merkel (responsable junto con el SPD de la indefensión energética de la UE junto con otros actores) en Alemania y donde también se incluía el gobierno de Rajoy. La comparación por aquel entonces entre el Partido Popular Europeo y los Conservadores era abrumadora incluso antes de la salida de Reino Unido. En 2016 (y hasta 2019, que se hizo efectiva la salida de Reino Unido de la UE), los países con gobiernos de partidos integrados en el ECR representaban el 20,2% de la población de la UE. En cambio, los países con gobiernos de partidos integrados en el Partido Popular Europeo comprendían el 30,9%. A nivel económico, la diferencia era todavía superior. Reino Unido y Polonia representaban el 16% y el 2,9% del PIB de la UE, respectivamente. Por su parte, el bloque de países con gobiernos integrados en el PPE contribuía al 32,1% del PIB de la UE.

En 2022, en cambio, la situación es bien distinta. Polonia sigue bajo el gobierno de un partido integrado en el ECR Party y a esta se le ha unido República Checa bajo la misma condición. Con la incorporación de Italia, los países con gobiernos de partidos integrados en el ECR ascienden hoy a tres (cuatro, si Fidesz, que salió del PPE, optara por el ECR) mientras que los integrados en el PPE suman diez. En cuanto a su peso relativo, las diferencias son muy notables, así como la tendencia que dibujan. En el plano económico, el bloque del PPE cuenta en la actualidad con presencia en gobiernos de países que representan apenas el 9,4% del PIB de la UE, mientras que el ECR se ha mantenido cerca del 18% desde 2019 —la pérdida de Reino Unido se ha visto compensada ahora, en gran medida, por la victoria de Meloni en Italia—. Por otro lado, a nivel demográfico, los países con gobiernos liderados por partidos integrados en el PPE representan en la actualidad apenas el 16,18% de población de la UE, muy lejos del 24% de población que se encuentra bajo gobiernos de partidos miembros del ECR.

La visión alternativa a la actual Unión Europa está avanzando y ganando cada vez más terreno

Tras décadas de un consenso ficticio que ahogaba el debate, se podría decir que los europeos han perdido el miedo a los insultos o a los sambenitos, cuya eficacia cada vez es menor. Ya no hay temor a denunciar una Unión Europea que subordina los intereses de las naciones y de los ciudadanos a los de poderes no democráticos. Tampoco lo hay a señalar la impunidad con la que la burocracia comunitaria trata de interferir en los procesos democráticos de los países miembros, como los chantajes económicos a Hungría y Polonia o las recientes declaraciones de Von der Leyen 'advirtiendo' a los italianos de las consecuencias de votar por Meloni.

La visión alternativa a la actual Unión Europa está avanzando y ganando cada vez más terreno. Este fenómeno forma parte de una fractura cultural más amplia, cuyo curso se antoja actualmente irreversible: la consolidación de una derecha no sometida al globalismo que pone en entredicho la gran concertación de intereses y concentración de poder —entre las elites financieras, mediáticas, tecnológicas y políticas— que defiende la fortaleza del Estado-Nación como único marco en el que es posible preservar la soberanía de los pueblos y que, frente a la tradicional indiferencia en cuestiones sociales y económicas, preconiza la necesidad, particularmente en estos tiempos de crisis, de proteger todo aquello que hoy corre peligro: desde la familia y la natalidad a los productos, las empresas y los sectores estratégicos de las naciones o la seguridad de los ciudadanos. Y no solo eso, hasta quieren que sus ciudadanos puedan decidir sobre políticas públicas que se han aprobado a sus espaldas o acaso alguien recuerda haber leído en algún programa electoral la implementación, por ejemplo, de la Agenda 2030.

*Jorge Martín Frías es director de la Fundación Disenso