Lo siento, libertarios: la austeridad se ha vuelto tóxica

Los políticos también aprenden lecciones. Muchas veces lo hacen porque de ello depende su propia supervivencia. Detectan perfectamente cuándo cambian los consensos sociales. En ocasiones, pocas, anticipan lo que pensarán las mayorías en el futuro. Y la generación de políticos que están hoy en activo en Europa ha aprendido de la última década una gran lección: la austeridad se ha vuelto tóxica.

En Reino Unido, su accidentada primera ministra, Liz Truss, decidió hacer un enorme recorte de ingresos fiscales, pero no compensarlo con recortes del gasto, sino con un mayor endeudamiento. La idea era tener lo mejor de los dos mundos: crecimiento económico y el mantenimiento de los servicios públicos. El mensaje implícito de esa arriesgada operación era que cualquier cosa es mejor que reducir el gasto sanitario. A los mercados no les pareció muy buena idea. Pero la medida indicaba que los conservadores han aprendido que la austeridad es electoralmente venenosa.

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Desde que ganó las elecciones, Georgia Meloni, que muy probablemente será la próxima primera ministra italiana, ha transmitido a los mercados que será fiscalmente responsable: la deuda del país ronda ya el 160% del PIB. Al mismo tiempo, Meloni ya ha prometido que ayudará a reducir el gasto energético de las empresas y las familias, y Matteo Salvini, su socio en el futuro Gobierno, ha anunciado que impedirá que la edad de jubilación se retrase automáticamente hasta los 67 años, como está previsto por ley. El periódico económico italiano 'Il Sole 24 Ore' calculó que, en 2023, solo esos costes, sumados a la subida salarial de los funcionarios, supondrán unos 54.000 millones de euros. No está mal para el Gobierno más de derechas en el país desde la Segunda Guerra Mundial.

El caso de España no es distinto: cuando el mayor problema de la economía es la inflación, el Gobierno no solo ha hecho unos presupuestos expansivos, sino que parece considerar que no hay ningún problema que no pueda solucionarse con un poco más de gasto público. Sobre todo, entre quienes ya son receptores netos de él, como los funcionarios y, sobre todo, los jubilados.

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El caso más llamativo, sin embargo, es el de Alemania. La coalición formada por los socialdemócratas, los verdes y los liberales sigue siendo partidaria del equilibrio fiscal, pero está aumentando el gasto militar hasta el 2% y ha subido el sueldo mínimo. Como explicaba un informe reciente del Real Instituto Elcano, de Federico Steinberg y Jorge Tamames, el país sigue debatiéndose entre “asumir la austeridad e imponerla al resto de la eurozona” o “sustituir la estrategia de la eurozona” con una relajación de la disciplina. Quizá no parezca demasiado, pero es un dilema que los alemanes apenas experimentaron durante la década previa. El déficit cero fue entonces casi una forma de religión totémica.

No pretendo juzgar nada de esto. Es posible que sea una buena noticia, aunque tampoco es descartable que se nos haya ido la mano con el gasto acumulado desde la pandemia, luego con los planes de recuperación y, ahora, con la extraña lucha contra la inflación mediante el gasto público. Lo que me llama la atención es la lección política. Políticos de los grandes partidos europeos, que durante la década previa ascendieron al liderazgo o desempeñaron puestos secundarios en sus gobiernos, vieron cómo la austeridad fue en parte responsable de los grandes terremotos de la época: del Brexit a la aparición de partidos insurgentes, del precipicio de la ruptura del euro a una sistemática desatención del gasto en defensa o el creciente malestar público respecto a gastos considerados casi sagrados, como el sanitario. Hoy, incluso los funcionarios de la Comisión Europea, que durante esa época utilizaron una retórica encendida contra los malgastadores del sur, oyen hablar de cambiar las reglas fiscales de la Unión Europea, y de asumir mayores déficits y deudas de manera permanente, sin escandalizarse: han descubierto que es mucho más agradable que la institución para la que trabajan sea vista como una salvadora, que dispone de redes de seguridad con las que no cuentan los Estados —grandes fondos y la posibilidad de deudas mutualizadas—, que como los insensibles zares del recorte.

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Tal vez quede algún líder que piense que los déficits bajos son buenos y que los recortes del gasto público no solo son eficientes, sino que mandan a la ciudadanía el mensaje de que no debe esperar que el Estado solucione todos sus problemas. Pero, créanme: ninguno está dispuesto a ponerse hoy ante un atril y decirle a esta que debe asumir una pérdida de servicios, o un recorte de prestaciones, por su propio bien futuro. Quien lo hiciera se estaría suicidando, como han descubierto, por ejemplo, los líderes de Vox, que han pasado de defender una economía basada en la competencia desregulada y la reducción del Estado a prometer pisos públicos para casi todos los españoles. Feijóo, mientras, dice que de reducir la subida de las pensiones más altas ya hablaremos después de las elecciones autonómicas.

No es solo que nuestros políticos estén tratando de sobrevivir ante unos electorados que, como en ocasiones caricaturizan los intelectuales libertarios, exigen cada vez más a unos dirigentes que no tienen más remedio que ceder para ser elegidos, aunque sea arruinando el país. Es que el consenso social, e incluso el tecnocrático, ha cambiado de veras. La idea de la austeridad se considera ahora un experimento del 'establishment' alemán que salió horriblemente mal y que no hay que repetir, al menos mientras quede memoria de lo sucedido a principios de la década de 2010. Es algo que nuestra generación de dirigentes tiene muy claro. Veremos cuáles son las consecuencias a largo plazo, pero por el momento acostúmbrense a vivir con deudas nacionales casi inverosímiles, los jubilados como redistribuidores de la riqueza nacional y toda clase de promesas de gasto público. La austeridad, parece, es tóxica.