Crimen organizado: la vía euro-latinoamericana

Los retos que la criminalidad nos plantea en este siglo XXI son abrumadores y se propagan en continua mutación. Quienes nos dedicamos al desarrollo hemos llegado hace tiempo a la conclusión de que de poco sirven esfuerzos en salud, educación y otros derechos si quienes los detentan no cuentan con un entorno seguro para acceder a ellos o hacerlos valer. Dicho de otra forma, ya no podemos disociar desarrollo y seguridad.

La delincuencia organizada mueve entre 426.000 y 652.000 millones de dólares cada año, lo que equivaldría, al PIB de Suecia y ocuparía la posición 21º del mundo. En regiones como América Latina y Caribe estas cifras cuestan vidas: allí se produce uno de cada tres homicidios y cada dos horas muere una mujer asesinada.

Una forma de abordar esto sería aumentar el control y la fuerza. Pero en un mundo cada vez más global y digitalizado hay que reconocer que nos crecen las grietas por donde el control se escapa. Esta forma de actuar puede dar réditos a corto plazo, sobre todo si lo que nos importa es dominar el relato político. Sin embargo, esta estrategia rara vez va más allá de una espiral de retóricas tan inflamadas como débil es su eficacia: los resultados son pobres y los riesgos altos en términos de libertad, derechos y democracia.

La hora de la cooperación entre justicia y seguridad

Otra forma de actuar es la que está desarrollando la Unión Europea desde principios de este siglo, con el objetivo, compartido con otros gobiernos en el mundo, de ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de ejercer la libertad y sus derechos, integrando seguridad y justicia. La Unión Europea consagró el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en sus Tratados. Llegar hasta ahí costó un largo camino en el que los Estados de la Unión fueron estableciendo un sistema de cooperación en los ámbitos de justicia e interior que ha desembocado en un alto grado de integración y una mejor eficiencia. Y la palabra clave aquí, en medio de dos grandes términos como justicia y seguridad es exactamente la que parece más pequeña: cooperación. Intercambio y conocimiento, confianza mutua entre sistemas y operadores como alternativa al encierro autorreferencial y al recelo, que conducen a la ineficacia y genera daños difíciles de reparar en sociedades democráticas.

Una cooperación que es definida por los Estados, pero ejecutada, en este ámbito, por las instituciones. Europol y Eurojust son dos ejemplos emblemáticos de instituciones fuertes con amplias capacidades en el ámbito de la cooperación policial y la cooperación jurídica. Estas agencias reúnen fiscales, jueces y fuerzas policiales de toda la UE y de fuera de ella, en un esfuerzo por abordar eficazmente todas las formas de delincuencia transfronteriza grave. Más recientemente se ha creado también la Fiscalía Europea, órgano independiente encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores. Existe además un robusto marco normativo del que destaca la orden europea de detención y un completo atlas de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en un variado ámbito jurisdiccional.

Cooperar en toda la cadena criminal

Si la palabra clave para el trabajo dentro de la Unión es cooperación, con más razón lo debe ser para nuestra relación con los países socios. El objetivo es abordar conjuntamente los retos internos e internacionales de la seguridad y la justicia en su sentido más amplio, garantizando la posibilidad de vivir una vida sin amenazas y la posibilidad de acceder a un sistema de justicia eficaz y protector de la ciudadanía y garante de sus derechos. Esta cuestión está en el centro de la agenda política de América Latina, el Caribe y de la Unión Europea, una agenda recientemente renovada con el impulso de la presidencia española de la UE.

En efecto, la cumbre de julio de 2023 UE-Celac buscaba consolidar y reforzar las iniciativas de cooperación entre ambas regiones en materia de justicia y seguridad, combatiendo la delincuencia organizada en todas sus formas, entre ellas los grandes tráficos ilícitos (armas, drogas, bienes culturales y recursos naturales), la trata y tráfico de seres humanos, el lavado de activos y la gran corrupción, así como nuevas tendencias delictivas como el cibercrimen o el delito ambiental.

Del mismo modo que la gran delincuencia organizada es un fenómeno global, su combate debe superar también las grandes barreras impuestas por las diferencias de marco normativo, capacidad operativa o confianza mutua. El crimen no entiende de fronteras, y América Latina y el Caribe es la vecindad más cercana a la Unión Europea en todos los ámbitos, salvo el geográfico.

TE PUEDE INTERESAR

Cómo la ciudad más peligrosa del mundo se convirtió en un purgatorio tecnológico

Ángel Villarino. Medellín

España acaba de comprometerse a cumplir este mandato de la cumbre. Liderará, en un consorcio con otros cuatro Estados europeos (Francia, Italia, Países Bajos y Portugal), en los próximos cuatro años el pacto 2.0, el instrumento que operativiza el partenariado entre Europa, América Latina y Caribe en materia de Justicia y Seguridad, y 33 países en América Latina y, ahora también, el Caribe. Lo hace además de una forma innovadora: por un lado, abordando de una manera integral toda la cadena penal, con un trabajo transversal en el ámbito policial, judicial y penitenciario. El programa mantiene en todo momento la perspectiva de que la lucha contra el delito debe pasar por capacidades investigativas con altos estándares de eficacia y eficiencia, orientadas a establecer condenas tras juicios justos, con todas las garantías procesales, proporcionadas y orientadas a la prevención del delito y la rehabilitación de los infractores. De igual modo, cualquier medida de política criminal debe ponderar la atención a las víctimas del delito y la protección de las poblaciones más vulnerables y con mayores riesgos (mujeres, poblaciones indígenas, niños y niñas, juventud) haciendo tratamientos diferenciados tanto en el caso de víctimas como de victimarios.

Por otro lado, construyendo sobre avances importantes de la primera fase del programa (2019-2022) como la creación de Ameripol —inspirada en Europol—, de equipos conjuntos de investigación, de redes de academias penitenciarias o de una orden internacional de protección a víctimas de violencia de género en los países Mercosur, el programa trata de fortalecer la cooperación entre los distintos países y regiones de manera comprensiva, abarcando las capacidades operativas, el fortalecimiento y la mejora de los marcos institucionales y normativos y fomentando la creación de redes y de diálogos de políticas públicas, de manera que se termine generando una agenda compartida a la hora de fijar las prioridades de una política criminal común.

Cooperar para compartir, en definitiva, el modelo de integración de justicia y seguridad europeo con una región que soporta demasiado tiempo y demasiado fuerte el yugo del crimen organizado. Y hacerlo en pie de igualdad, entre instituciones pares, aprendiendo mutuamente. Es nuestra apuesta por una integración de libertad, seguridad y justicia que no solo salvará vidas y desencadenará el desarrollo social y económico. También podrá acallar la retórica populista y volver a ganar un espacio para las democracias del que el mundo está muy necesitado en estos momentos.

*Anna Terrón, directora de la FIIAPP (Cooperación Española).