Toda Europa quiere frenar la inmigración. Ni la derecha radical sabe cómo hacerlo

La semana pasada, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció que había incumplido sus promesas sobre la cuestión más importante de su mandato: la inmigración. En 2023, la llegada de inmigrantes indocumentados a Italia a través del Mediterráneo ha crecido enormemente con respecto al año anterior, de 98.600 a 153.400. “Sé muy bien que el resultado no es el que esperábamos”, dijo en un encuentro con líderes de la derecha dura celebrado la semana pasada.

Otro de los asistentes era Rishi Sunak, el primer ministro británico. Este fue un ferviente defensor del Brexit, que tenía entre sus objetivos, precisamente, reducir la inmigración. Sin embargo, desde que Reino Unido salió de la Unión Europea, esta se ha disparado. En 2019, cuando el saldo migratorio neto del país alcanzó los 226.000 inmigrantes, el Partido Conservador prometió en su programa electoral que redoblaría los esfuerzos para reducir esa cifra significativamente. Desde entonces, el Gobierno ha adoptado una serie de ineficaces medidas que incluyen mandar a los solicitantes de asilo a Ruanda o encerrar en una barcaza amarrada en el puerto de Dorset a los que llegan en botes por el canal de la Mancha. Todavía no hay cifras definitivas de 2023, pero en 2022 el saldo neto fue de 606.000 inmigrantes más, el más alto de toda la historia.

Ahora, Francia y el resto de la UE

Anteayer, la Asamblea francesa aprobó una nueva ley de inmigración. La propuesta inicial del presidente Emmanuel Macron era más dura que la vigente, pero a la derecha, a la que necesitaba para contar con una mayoría parlamentaria, le parecía insuficiente. Finalmente, incluye medidas como que los inmigrantes solo reciban ciertas ayudas si llevan ya cinco años en el país, matiza el derecho automático a la nacionalidad de quienes nazcan en suelo nacional y permite que la Asamblea establezca cuotas anuales de inmigración. El texto final ha virado tanto hacia la derecha que una cuarta parte de los diputados de Macron no la votaron, mientras que Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, votó a favor. Ahora el presidente, un ex militante del partido socialista, que siempre ha presumido de que su centrismo era la mejor barrera contra la derecha radical, debe asumir que su ley solo ha sido posible gracias al apoyo de esta.

Y ayer, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de la UE, presidido por España, acordaron a última hora, antes de que acabara el año, un nuevo pacto migratorio. Entre sus muchas medidas, pendientes de ratificación, está la devolución más rápida de los recién llegados que no cumplan con las condiciones para permanecer en suelo europeo. Hay una explicación numérica para la urgencia de los negociadores. Según datos de Frontex, 2023 ha sido el año en el que se han producido más entradas irregulares en la UE desde 2016. En España, la cifra de inmigrantes irregulares llegados este año supera los 50.000. Y el país ha alcanzado un nuevo récord de población gracias a la inmigración legal, que ha arrojado un saldo positivo de más de medio millón de personas.

Medidas populares pero inefectiva

Toda Europa, pues, está buscando las maneras de reducir la inmigración, tanto la ilegal como la legal. Desde hace décadas, ese ha sido uno de los principales reclamos electorales de la derecha radical que, sin embargo, cuando ha llegado al poder no ha encontrado la manera de alcanzar sus objetivos. Desde hace unos años, además, esos reclamos están siendo plenamente asumidos por los partidos centristas y socialdemócratas del norte de Europa. Y ahora, como vemos, esas ideas han dado el salto a un liberal centrista como Macron que preside un país muchísimo más grande, rico e influyente en la UE que los nórdicos. No solo eso: el presidente Pedro Sánchez o su ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, nunca utilizarán la retórica xenófoba, pero han impulsado en Europa, y están desplegando en nuestro país con discreción, las políticas más restrictivas posibles. Incluso parte de Sumar está asumiendo que debe abandonar los argumentos favorables a las puertas abiertas porque siente que la llegada de un número elevado de inmigrantes, o la concesión a estos de determinadas facilidades, daña a la clase trabajadora española, a la que quiere defender con medidas como el aumento del salario mínimo o el refuerzo del papel de los sindicatos.

Todo ello es consecuencia, por supuesto, de que eso lo que quieren los ciudadanos: existe una preocupación real por la inmigración o por la renuencia de algunos descendientes de inmigrantes a asumir los códigos de conducta que se consideran normativos en Europa. Pero, al mismo tiempo, los países necesitan urgentemente esa mano de obra: según un informe de la Cámara de Comercio e Industria de Alemania, la mitad de las empresas sufren falta de personal a pesar de que la economía no pasa por un buen momento.

Opinión

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Ramón González Férriz

Es un dilema político extraordinariamente complejo. Hasta ahora, frente a la locuacidad de la derecha radical con el tema de la inmigración, buena parte del resto de partidos prefería ponerse de perfil o hacer declaraciones genéricas y bien intencionadas. Ahora se está convirtiendo en una cuestión que exige el posicionamiento de casi todos ellos, pero la mayoría ya no saben cómo hablar del tema.

El resultado es que la extrema derecha sabe hablar de inmigración, pero no sabe diseñar políticas que la reduzcan. Y que los políticos centristas, o incluso de izquierdas, quieren reducir la inmigración, pero no quieren hablar de ello para no parecer de derecha radical o inmorales. Es una situación horrible para resolver el dilema. Mientras los políticos centristas no quieran enfrentarlo —y defender que nuestras sociedades pueden, al mismo tiempo, regular mejor la inmigración, aceptar más inmigrantes que son necesarios y defender un modelo de sociedad plural— solo podrá llevarnos a un callejón sin salida.