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Grande-Marlaska inaugura el Gran Hermano en España dentro de dos meses
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Ignacio Cembrero

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Grande-Marlaska inaugura el Gran Hermano en España dentro de dos meses

A diferencia de la prensa extranjera y del sector hotelero, que braman contra la nueva norma de Interior, la sociedad civil española guarda silencio ante una invasión de la privacidad

Foto:  Turistas en la recepción de un hotel. (EFE/D. Arquimbau)
Turistas en la recepción de un hotel. (EFE/D. Arquimbau)
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La noticia apenas ha tenido eco en España, pero sí ha impactado más allá de las fronteras españolas: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se dispone a inaugurar Gran Hermano en España. El gran controlador (Big Brother) de la novela de George Orwell, 1984, será una realidad dentro de un par de meses.

Furia ante la ley Gran Hermano que obligará a los británicos a entregar información sensible cada vez que visiten España, titulaba el Daily Mail, de Londres. Las vacaciones en España serán una experiencia Gran Hermano, afirmaba en portada De Telegraaf de Amsterdam. Indignación por las nuevas normas para los turistas que viajan a España, insistía Het Laatste Nieuws” de Amberes. Los turistas serán todos fichados y controlados en España, recalcaba Tagtik de Bruselas. El objetivo de España es el viajero transparente, perseveraba el Stuttgarter Zeitung de Stuttgart.

¿En qué consiste ese Gran Hermano en versión española? Hasta ahora los viajeros, españoles y extranjeros, que se hospedaban en hoteles en España, tenían que comunicar los datos que figuran en su DNI o pasaporte. Si alquilaban un coche debían además proporcionar un carné de conducir.

A partir del lunes 2 de diciembre entrará en vigor el Real Decreto 933/2021 y la lista se alarga con hasta 18 nuevos datos que deberán ser comunicados a la Secretaría de Estado de Seguridad (hasta ahora era a la Policía), a través de una plataforma, por los hoteleros, los propietarios de viviendas turísticas de corta duración (Airbnb o similares), agencias de viaje y las casas de alquiler de vehículos.

Foto: Turistas junto al Palacio de Buckingham en Londres, Gran Bretaña. (EFE/EPA NEIL HALL)

La lista incluye, en determinados casos, el parentesco de los viajeros que van a compartir una misma habitación o vivienda hasta todos los datos del pago, empezando por si este es en efectivo, a través de una plataforma o mediante una tarjeta de crédito. De ser con tarjeta, como suele ser habitual, se requerirá además el nombre, el número y su fecha de caducidad, así como la cuenta bancaria IBAN con la que está asociada.

No hay un solo país de la Unión Europea ni en Norteamérica donde se requieran tantos datos al viajero que se registra. Allí se le suelen solicitar solo los que figuran en el documento de identidad que presenta. Si en el hotel le piden un número de tarjeta es para garantizar la reserva, pero no para dársela a la policía.

Foto: Turistas ingleses siguen desde las pantallas instaladas en Magaluf el partido de octavos de final del Mundial de fútbol de Rusia. (EFE/Llitteres)

El envío de los datos recabados por el hotelero al Ministerio del Interior es ya de por sí otra peculiaridad española. En el resto de Europa, los hoteles conservan durante un plazo de tiempo la información registral, pero no se la entregan sistemáticamente a la policía, como sucede en España. Solo lo hacen si esta los reclama.

En Francia, por ejemplo, el país a la cabeza del turismo en el mundo, y también el más golpeado por el terrorismo en Europa en la última década, los hoteleros deben conservar los datos de sus huéspedes a disposición policial durante solo seis meses.

Interior justifica su Real Decreto porque "en el momento actual, los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado". "En ambos casos cobran relevancia la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías", añade. "Por ello se hace necesario desarrollar las necesarias herramientas de control", resalta el preámbulo, omitiendo que no están vigentes en los demás países democráticos.

Mientras la prensa europea brama contra el Real Decreto, la clase política y la sociedad civil española han guardado silencio. Su apatía es desconcertante. Agustín Almodóbar, senador del Partido Popular por Alicante, es uno de los pocos que, desde las páginas del diario ABC y mediante preguntas escritas al Gobierno, levantó la voz, pero más bien con la vista puesta en los hoteleros de Benidorm que en el turista de a pie.

Foto: Miembros de la Policía Nacional, en Madrid. (EFE/Chema Moya)

El Real Decreto es una invasión sin precedentes de la privacidad que podría entrar en conflicto con la Ley de Protección de Datos tanto en España como en la UE y su reglamento general europeo sobre esta materia vigente desde mayo de 2018.

El Ministerio del Interior no negoció la nueva norma con el sector de las agencias de viajes (CEAV, UNAV, Acave y Fetave) ni con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Promulgó un decreto que quería aplicar desde enero 2023, pero las dificultades técnicas y las protestas del sector turístico eran tales que se vio obligado a ir aplazándolo. La última prórroga, se supone que la definitiva, expira el 2 de diciembre. Ese día entrará el funcionamiento el Big Brother en versión española.

A los hoteleros les supone una sobrecarga de trabajo inasumible en pequeños establecimientos en los que solo suele haber un empleado en recepción. Todos esos datos del viajero deben ser introducidos manualmente en una plataforma cuyo funcionamiento, según algunos ensayos, deja por ahora mucho que desear. Aunque acabe funcionando correctamente, el registro en los hoteles llevará mucho tiempo.

Las empresas del sector se exponen a sanciones de hasta 30.000 euros por comunicar datos incorrectos o fuera de plazo

El empleado trasladará algunos datos a Interior, cuya autenticidad no puede comprobar. Es posible que cometa además errores al hacerlo porque lea mal lo que escribe el cliente. Este también puede tergiversar la información que suministra como, por ejemplo, su número de móvil, correo electrónico, etcétera. Las empresas del sector se exponen, sin embargo, a sanciones de hasta 30.000 euros por comunicar datos incorrectos o fuera de plazo.

Pero quizás el Real Decreto tenga un lado bueno, mientras no lo anulen los tribunales, en el que Grande-Marlaska no ha debido de caer. Puede contribuir a combatir esa sobreocupación turística que tantas manifestaciones de protesta ha suscitado este verano desde Canarias a Baleares.

"Solo el tiempo dirá si esta nueva regulación va a disuadir a los turistas de optar por España en el futuro", se pregunta Travel Off Path, la principal publicación estadounidense dedicada al turismo. Con más de 85 millones de visitantes extranjeros en 2023, España es el segundo destino turístico del mundo después de Francia, recuerda el semanario parisino Paris-Match. "Está por ver si estas medidas tendrán algún impacto sobre estos números", se pregunta.

La noticia apenas ha tenido eco en España, pero sí ha impactado más allá de las fronteras españolas: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se dispone a inaugurar Gran Hermano en España. El gran controlador (Big Brother) de la novela de George Orwell, 1984, será una realidad dentro de un par de meses.

Fernando Grande-Marlaska Turismo Reino Unido