Hacia una nueva etapa en las relaciones económicas entre México y la Unión Europea

México y la Unión Europea celebraron un tratado internacional en 2000 que ha permitido impulsar sus relaciones económicas de una forma notable. Desde hace varios años negocian una renovación profunda de ese tratado para ampliar su alcance hacia nuevas materias y propiciar una cooperación política más estrecha. Al tratado de 2000, celebrado por la Unión Europea, se le unen otros celebrados por sus Estados miembros —entre ellos España—, que han complementado y reforzado las relaciones económicas con México.

La actividad económica generada a partir de esa red de compromisos internacionales ha significado que durante 2023 México se asentara —según la Comisión Europea— entre los principales socios comerciales de la Unión Europea. Además, en 2023 las inversiones mexicanas en España supusieron —según el ICEX y la SEGIB— casi el 60% del total de las inversiones procedentes de América Latina. Por su parte, las inversiones españolas también ocupan un lugar prominente en la economía mexicana, abarcando sectores muy diversos. La Cámara Española de Comercio en México informa que hay más de 6.000 empresas españolas operando en el territorio mexicano.

Al margen de que las relaciones bilaterales entre México y España puedan no estar atravesando su momento más dulce en el plano diplomático, como quedó de manifiesto con motivo de la toma de posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre, España está llamada a ser un interlocutor de referencia entre América Latina y la Unión Europea. Y sus relaciones con México, que es una potencia regional, ponen a prueba ese protagonismo a ambos lados del Atlántico.

Las cifras expuestas parecen evidenciar una relación económica sólida. Pero el establecimiento y mantenimiento de las inversiones internacionales no solo depende de factores económicos. El grado de estabilidad institucional y la seguridad jurídica que ofrece el Estado receptor de la inversión a los inversores internacionales condicionan las decisiones que estos últimos toman para desenvolver su estrategia de negocio. Los entes centrales o periféricos del poder ejecutivo y el resto de los órganos estatales, especialmente los poderes legislativo y judicial, deben velar por mantener esos estándares de confianza empresarial conforme al derecho vigente. Al tiempo que, desde sus respectivas competencias, desarrollan las políticas públicas y supervisan su ejecución y cumplimiento por todos los operadores económicos.

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Uno de los principales objetivos perseguidos por todos los tratados internacionales mencionados es precisamente sentar las bases de ese marco jurídico bajo dos premisas esenciales: estabilidad y seguridad. Así, México y España celebraron en 1995 un tratado internacional de promoción y protección recíproca de las inversiones, que en 2006 fue renovado y revisado. Ese tratado protege las inversiones realizadas en ambos Estados por nacionales del otro Estado. Además, ofrece un procedimiento judicial de carácter internacional —el arbitraje de inversión— para resolver cualquier controversia jurídica surgida de la aplicación del tratado entre un inversor internacional y el Estado receptor de la inversión, permitiendo al primero exigir ante un tribunal internacional una indemnización económica como medida de reparación. El recurso a esta vía es un medio excepcional, pues puede ser preferible resolver una controversia entre las partes mediante la negociación. La venta de activos de Iberdrola al gobierno mexicano en 2023 (por valor de 5.500 millones de euros) sirve muy bien para ilustrar las ventajas que ofrece la negociación.

Se tiene constancia de cinco arbitrajes iniciados por empresas españolas contra México. Técnicas Medioambientales y Abengoa obtuvieron indemnizaciones tras haberse declarado incumplimientos del tratado entre México y España. Telefónica también entabló un arbitraje contra México, aunque finalmente ese caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial. Resulta un precedente muy aleccionador sobre la versatilidad del arbitraje como medio para zanjar definitivamente disputas y, a continuación, permitir al inversor seguir con sus operaciones en el Estado receptor. Por otra parte, cabe mencionar el arbitraje interpuesto contra España por un grupo de inversores mexicanos, en calidad de accionistas del Banco Popular, cuando se produjo la venta de esta entidad al Banco Santander en 2017. Este litigio, donde los demandantes reclamaban una indemnización de 700 millones de euros, se resolvió en 2023 a favor del Estado, es decir, un tribunal internacional determinó que no se había vulnerado el tratado entre México y España y, por tanto, que no surgía la obligación de indemnizar a los demandantes. Puede concluirse que el recurso al arbitraje internacional previsto en el tratado entre México y España por parte de las empresas ha cumplido razonablemente los fines para los que fue concebido: controlar la actuación de los poderes públicos y evitar conductas arbitrarias o discriminatorias.

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Como ya señalábamos, la Unión Europea y México negocian un nuevo tratado internacional llamado a modernizar sus relaciones comerciales y económicas. Cuando entre en vigor, sustituirá al tratado de 2000 y a todos los tratados bilaterales celebrados por los Estados miembros. Entre ellos al ya referido tratado entre México y España. Ese nuevo tratado propone un nuevo sistema de arbitraje internacional más institucionalizado e incorpora otras novedades que tendrán un impacto en la actividad empresarial. Incluye, por ejemplo, un capítulo destinado a la lucha contra la corrupción y el lavado de capitales, promoviendo la participación de la sociedad y la transparencia entre el sector público y privado. Además, hace referencias muy oportunas a la conducta socialmente responsable de las empresas. Estos operadores económicos deben ser cada vez más conscientes de la necesidad de adecuar su actividad y la de quienes participan en su cadena de valor a los estándares internacionales medioambientales y en materia de derechos humanos. La inversión socialmente responsable debe partir del compromiso de las propias empresas con el entorno social en el que operan, sin perjuicio de que Estados y organizaciones internacionales elaboren reglas para propiciarla, promoverla y coordinarla.

Las autoridades políticas mexicanas y europeas recién electas tienen ante sí el desafío de llevar a buen puerto las negociaciones de ese tratado. No solo por los importantes intereses económicos en presencia, sino también porque su celebración permitirá crear espacios para debatir otros retos de interés común. Piénsese, por citar solo algunos, en los desafíos relacionados con la cooperación en el marco de las Naciones Unidas y otros foros institucionales, la seguridad internacional, las migraciones y sus efectos o la sostenibilidad. Por no mencionar la necesidad de lograr consensos regionales para fortalecer la democracia, el Estado de derecho o la protección de los derechos humanos. Estos tres últimos pilares, que constituyen valores de la Unión Europea, fueron mencionados expresamente por Sheinbaum en su discurso del 1 de octubre. Más allá del impacto económico que pueda tener para las partes, la negociación del tratado entre México y la Unión Europea puede concebirse también como una apuesta política para proyectar los valores de la Unión Europea —que México comparte— hacia otros Estados del continente americano.

*Francisco Pascual-Vives, director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT), Universidad de Alcalá.