Hay una cruzada global contra los jueces

Giorgia Meloni alcanzó el poder prometiendo que tomaría medidas severas contra la llegada de inmigrantes ilegales a Italia. El mes pasado puso en marcha una de ellas: un centro de detención en Albania al que se llevará a los recién llegados mientras se tramita su repatriación. En realidad, el proyecto tiene mucho de truco publicitario, porque Meloni y el primer ministro albanés han pactado que el centro albergará a un máximo de 3.000 migrantes, pero en 2023, por ejemplo, llegaron ilegalmente al país más de 155.000.

Con todo, el mayor revés que ha sufrido el plan lo han causado los jueces. Según lo establecido por el Gobierno, solo los adultos con buena salud y cuyo país de origen sea seguro pueden ser enviados a Albania, desde donde luego deberían ser devueltos a ese país de origen. En dos ocasiones, la última de ellas anteayer, los jueces han ordenado que los inmigrantes regresen a Italia porque no se cumplen esos requisitos: son menores de edad, están enfermos o los tribunales piensan que dos países que el Gobierno considera seguros, Egipto y Bangladés, no lo son, y, por tanto, no se puede repatriar allí a los inmigrantes. “Es muy difícil trabajar e intentar ofrecer respuestas a esta nación cuando te enfrentas a la oposición de instituciones que deberían contribuir a dar esas respuestas”, dijo la primera ministra italiana. Matteo Salvini, su viceprimer ministro, fue incluso más allá: la decisión del tribunal, dijo, “no va contra el Gobierno, sino contra el pueblo”.

En parte por estas decisiones, el Gobierno italiano ha emprendido una campaña contra los jueces. Meloni publicó en sus redes sociales un email filtrado del vicefiscal del más alto tribunal del país. En él, este pedía a los jueces que se mantuvieran firmes ante los ataques del Gobierno, lo que la primera ministra ha interpretado como una demostración de su politización y falta de parcialidad. En Italia, tras años de insistentes ataques por parte de Silvio Berlusconi, que la acusaba sistemáticamente de comunista, la judicatura tiene mala fama. Es probable que a Meloni le resulte políticamente útil atacarla.

Un fenómeno universal

Pero atacar a los jueces se ha convertido en un ritual cada vez más habitual y explícito en muchas democracias. En España, el Gobierno aceptó la creación de comisiones parlamentarias para investigar el supuesto lawfare contra el independentismo, y el propio presidente ha puesto una querella por prevaricación al juez que investiga a su esposa. El socio menor de la coalición de Gobierno, Sumar, ha insinuado muchas veces que los jueces son prevaricadores. Varios socios de la coalición parlamentaria que sostiene al Gobierno no lo insinúan: lo repiten siempre que pueden.

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En Israel, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha retomado los ataques contra el Tribunal Supremo después de que el estallido de la guerra en Gaza postergara la reforma para quitarle la capacidad de revocar leyes. El mes pasado, uno de sus miembros propuso cambiar el sistema de elección del presidente del tribunal en vista de que este debería pronunciarse sobre causas vinculadas a la propia guerra. La razón, según el Gobierno, es que el tribunal hace activismo de izquierdas.

Aún más extremo es el caso de Donald Trump, que desde su primer mandato como presidente ha insultado a los jueces del Tribunal Supremo, ha acusado de lawfare a quienes le han condenado por manipular las elecciones, y en general ha acusado al sistema judicial estadounidense de estar sometido a los demócratas y la izquierda. Ha prometido que, en su nueva presidencia, que arranca en enero, purgará la Secretaría de Justicia.

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La lista de ejemplos podría seguir. La existencia de tensión entre los tres poderes del Estado es algo habitual, y el Ejecutivo y el Legislativo tienden a pensar que son más legítimos porque han sido votados por el pueblo. Pero en los últimos tiempos este argumento, que tradicionalmente se asociaba al populismo, se ha vuelto transversal. Y va a ir a más. Los políticos se sienten cada vez más frustrados por la “vetocracia”, la capacidad de los jueces para vetar decisiones legislativas o ejecutivas que cuentan con el respaldo necesario y que, según sus impulsores, son imprescindibles para solventar problemas urgentes. Los políticos, además, son conscientes de que sus votantes ven con buenos ojos esos ataques a los jueces. En Italia, porque se les acusa de comunistas; en España, porque se les considera franquistas; en Israel, porque parecen demasiado laicos; en Estados Unidos, en ocasiones, porque son de Estados de color distinto al del político condenado. Cualquier acusación sirve para identificar a un culpable y, en la mayoría de los casos, excusar las malas decisiones, o la ineptitud, de los Gobiernos. Cuando no la corrupción de alguno de sus miembros.

Tras la decisión tomada anteayer por un juez italiano de devolver a los migrantes a Italia, Elon Musk, el nuevo alto cargo del Gobierno de Trump, afirmó: “Esto es inaceptable. ¿El pueblo de Italia vive en una democracia o toma las decisiones una autocracia no electa?”. Aunque ahora parezca extrema, deberíamos ir acostumbrándonos a esta clase de afirmaciones. Se volverán, si cabe, más habituales en la democracia iliberal hacia la que caminamos cada día. De Italia a España, de Estados Unidos a Israel.