La sucesión en el poder

La cuestión primordial de la vida social es la determinación de quién, cómo y en qué circunstancias una(s) persona(s) ejerce(n) el poder sobre el resto. En la edad contemporánea, especialmente en las democracias, se distingue entre poder político, militar, económico, religioso y social en sentido amplio, pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad —y aún todavía en varios países del mundo— el poder descarnado, esto es, el asegurado por la fuerza bruta, es la base sobre la que descansan todas o casi todas las demás facetas del poder.

Un elemento central en la teoría clásica del poder ha sido el establecimiento de sus límites, ante la constatación de que el poder es expansivo y que, sin frenos que lo contengan, quien lo desempeñe tenderá irremisiblemente a abusar de él. En nuestros días, los términos de este debate en los regímenes democráticos están encuadrados bajo el epígrafe de "Estado de derecho", en el que se incluyen todas posibles cortapisas del poder político (independencia judicial, independencia de los medios de comunicación, núcleo de derechos y libertades fundamentales con salvaguardas especiales, fomento de la sociedad civil, etc.). La propia existencia de poderes independientes del poder político, especialmente en el ámbito económico, con la garantía de la iniciativa privada y el juego del libre mercado, constituye un dique adicional a la concentración del poder.

No debemos, sin embargo, pensar que, con otros términos, parecido debate haya estado ausente de la reflexión política en tiempos pasados. El ejemplo más conocido de la Antigüedad, por las muchas fuentes coetáneas de que tenemos noticia, es el contraste entre la legalidad de la República romana, con una sofisticada arquitectura institucional para impedir la concentración de poder en manos de una persona, y la realidad del Imperio, que mantuvo la ficción institucional de la República, pero vaciándola de contenido y hacer así reposar el poder imperial en la fuerza de las legiones. El caso romano nos recuerda que nada hay irreversible: la República, fundada para prevenir el poder absoluto de los reyes romanos, terminó sucumbiendo ante el poder absoluto de los emperadores, nuevos reyes ataviados con falso ropaje republicano. La traducción contemporánea de este debate en las sociedades democráticas utiliza conceptos como "deriva populista" o "democracia iliberal".

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Nos guste o no, el optimismo democrático que surgió del final de la Guerra Fría y que se plasmó en el ensayo de Fukuyama El fin de la historia se ha tornado en pesimismo: las democracias están a la defensiva, temerosas de que un número creciente de sus huestes transite con armas y bagajes al campo rival, el de los regímenes autoritarios/dictatoriales, cuya última legitimidad es la fuerza bruta. Entre las razones que abonan el abatimiento democrático figura la constatación de que su elemento más característico —las elecciones periódicas, libres y justas— se ha convertido, al ser desvirtuado, en la ruta preferida desde la democracia al autoritarismo.

La primera línea de defensa ha sido insistir en la integralidad democrática de las elecciones, pues el depósito de un voto secreto en una urna no refleja el verdadero pulso de la sociedad si no va acompañado de numerosas garantías, como los censos electorales públicos y ajustados, la posibilidad de que los contendientes luchen en pie de igualdad, la publicidad institucional no discriminatoria, la custodia de los votos depositados para evitar fraudes, la observación independiente y muchas otras cuya última salvaguardia radica en una justicia independiente, que arbitre de modo incuestionable cualquier controversia que surja en el proceso electoral.

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En otras palabras, por formalmente perfecta que sea la legislación electoral, si el país o comunidad en cuestión no goza de una justicia independiente que la aplique, la democracia renquea hasta desfallecer. De ahí que el llamado "Estado de derecho" se convierta en la segunda línea de defensa: sin las cortapisas al poder, no hay verdadera elección democrática en el momento más delicado de cualquier sociedad: el relevo en el poder. Es entonces cuando más riesgo hay de que se desate la peor plaga que ha conocido el hombre: la violencia, que en muchas ocasiones solo terminaba desapareciendo por consunción, tras haber arrasado con vidas y patrimonios. Ello podía ocurrir tras el desalojo o la muerte del líder, o con anterioridad, precisamente por una violencia desatada para sustituir al líder, bien en su propia comunidad, bien en otra vecina y codiciada.

Los que solo han vivido en regímenes democráticos no son conscientes de que el traspaso pacífico del poder es la excepción histórica y, por lo que parece, lleva trazas de convertirse también en la excepción geográfica. Las elecciones democráticas periódicas, libres y justas son la culminación de un proceso que ha ido refinándose a lo largo de la historia, sujeto a retrocesos: de la Antigüedad nos queda el testimonio ya citado de la Roma republicana y el de la Atenas clásica. En la Edad Media descolló el caso de la República de Venecia, con un complicado entramado constitucional que le permitió sobrevivir un milenio. En las monarquías absolutas que, no lo olvidemos, han sido hasta hace poco el régimen preponderante en las distintas civilizaciones, se ensayó con desigual éxito la elección del monarca, con pobres resultados en lo que se refiere al relevo pacífico en el poder en casos como el de la monarquía visigótica, y más exitosos en otros, como la Mancomunidad polaco-lituana o el Sacro Imperio Romano Germánico.

Otras monarquías absolutas fundaron el relevo no en la voluntad de un cuerpo electoral más o menos reducido (en el caso del Sacro Imperio, los príncipes electores fueron solo siete a partir de que se consolidara el sistema), sino en la voluntad del monarca reinante, lo que no garantizó el relevo pacífico, o no al menos de manera sostenida, con frecuentes cambios de dinastías. Un avance en la sucesión monárquica no electiva fue la consolidación del principio hereditario, que dio lugar a dinastías mucho más duraderas, perfeccionado al afinarse con el de primogenitura, que evitaba las luchas intestinas cuando la herencia en el trono se ventilaba entre los familiares, principalmente hermanos o hijos sin orden de prelación.

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Una de las grandes ventajas que tuvo el Occidente democrático en su confrontación con la Unión Soviética fue el relevo pacífico de líderes frente a los traumas e incertidumbres que rodeaban el cambio de líder soviético. La llamada "primavera árabe" fue provocada, entre otras razones, por la coincidencia en el tiempo de varios líderes formalmente republicanos, pero con poderes absolutos, que pretendieron asegurar la sucesión con su estirpe, sin que sus regímenes fueran monarquías en las que la sucesión estaba sometida a reglas tasadas y aceptadas por la sociedad. Por eso, cuando tuvo lugar la toma del Capitolio el 6 de enero de 2020 o el asalto a la Plaza de los Tres poderes de Brasilia el 8 de enero de 2023, las democracias estaban mandando la peor de las señales a sus antagonistas autoritarios/dictatoriales: nos está fallando la que, hasta entonces, era nuestra mejor tarjeta de presentación.

Las democracias reaccionan atrincherándose tras la ya mencionada segunda línea de defensa: el Estado de derecho. Solo robusteciéndolo se logrará sortear el peligro. Pero hay un problema: a diferencia de lo que ocurre con las magnitudes macroeconómicas, como inflación, déficit o deuda pública, que son cuantificables con exactitud, no podemos hacer lo propio con conceptos básicos incluidos en el epígrafe "Estado de derecho", como saben bien todos los que han debido ocuparse de procesos de ampliación de nuevos miembros de la UE. Además, existe la posibilidad de que una aceleración precipite los acontecimientos, sin que sea del todo correcta la imagen de una deriva gradual desde la democracia hacia el autoritarismo: la reciente crisis en Corea del Sur nos muestra que la involución —que logró evitarse— podría haberse consumado de la noche a la mañana.

En realidad, hay una línea de defensa no tan visible, y desde luego no cuantificable, que es la que sustenta a las otras dos mencionadas, esto es, la celebración de elecciones libres y justas y el Estado de derecho. Esta línea base de defensa podría llamarse consenso básico democrático y, más que describirse con valores inmutables, es preferible hacerlo en términos de la física: ocurre cuando las fuerzas en liza gravitan hacia el centro y no hacia los extremos o, dicho de otra manera, hacia el lugar donde las diferencias tienden a converger en vez de divergir. Normalmente, las diferencias en el debate democrático son de índole ideológica, pero puede haber otras fracturas: en el caso de estados complejos, puede ocurrir que a la fractura ideológica se sume la territorial, como sucede con Canadá, el Reino Unido, Bélgica o España. Desgraciadamente, la llamada polarización es la mayor amenaza que planea sobre nuestras democracias: cuando en el sistema político imperan fuerzas centrífugas y no centrípetas, el rival se convierte en enemigo, el juego político se torna en lucha existencial, la derrota en el infierno y la victoria en el paraíso. El consenso democrático salta por los aires y, si no se remedia, la democracia también lo terminará haciendo. La violencia campará a sus anchas y el poder volverá a sustentarse en aquella.

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Termino el artículo con un par de apuntes para ilustrar lo que llamo "la paradoja de la democracia". Si se rompe el consenso democrático, es erróneo afirmar que las prácticas de democracia directa ayudarán a que se suturen las heridas, si no que es más probable que suceda todo lo contrario, al aumentar las tendencias centrífugas de la sociedad, socavando aún más el mínimo entendimiento común sobre el que se sustentan las democracias. Así, por ejemplo, la elección directa del jefe del Ejecutivo, típico de los regímenes presidenciales, tiende a agudizar la fractura de una sociedad en momentos de polarización, lo que puede mitigarse en los regímenes parlamentarios al propiciar gobiernos de coalición, especialmente si las fuerzas políticas coaligadas se asientan en el centro del tablero político o su entorno.

Pero tampoco los regímenes parlamentarios están inmunes a las tensiones actuales, acentuadas con la generalización de las primarias en los partidos políticos. Una de sus consecuencias ha sido la transformación de los partidos en presidencialistas, lejos del "parlamentarismo" que se lograba cuando eran los compromisarios los que elegían a su presidente. Más aún, al encomendarse a la militancia las decisiones más importantes de la vida del partido, como los acuerdos de coalición e investidura, estas se adoptan por un porcentaje ínfimo del total de sus votantes, precisamente los más movilizados e ideologizados y los menos propensos a transigir con el rival del espectro ideológico opuesto. Así, los partidos políticos, protagonistas indiscutibles de los regímenes democráticos, se han convertido a pesar suyo en un factor adicional de polarización, en la medida que su centro de gravedad se aleja cada vez más del centro.

En definitiva, si el consenso democrático se resiente, no se restablecerá generalizando las instancias de democracia directa, que paradójicamente pueden acelerar su descomposición. Y sin un consenso democrático sólido, la democracia no sobrevive a largo plazo. La sucesión en el poder se convierte entonces, como ha ocurrido casi siempre en la historia, es asunto de vida o muerte y, como tal, el último recurso para determinar quién mandará en una comunidad política termina siendo la violencia.

*Juan González-Barba, diplomático y ex secretario de Estado para la UE (2020-21).