El dilema de Europa: Trump y el 'Congreso de Viena' del siglo XXI

El 18 de septiembre de 1814 daba comienzo el Congreso de Viena. Las potencias que habían derrotado a Napoleón se reunieron con un objetivo claro: restaurar el orden político, económico y moral vigente antes de la Revolución Francesa. No sólo recuperando las fronteras de 1789, sino también el dominio del absolutismo, perturbado por las constituciones liberales que promovían la separación de poderes, el fin de los privilegios de la nobleza y el clero, y la revolución jurídica de los códigos napoleónicos.

Pero el éxito de esta restauración fue sólo temporal. Muchas de las reformas de la Ilustración no eran coyunturales, sino parte de un cambio de época. En pocas décadas, las transformaciones reaparecieron. Por ejemplo, la codificación napoleónica ni siquiera fue revertida completamente en muchos países y, donde se derogó, como en España, sirvió de base para nuevas normas como el Código de Comercio y el Código Civil, aún vigentes.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca representa un fenómeno similar al Congreso de Viena. El contexto es distinto, pero ahora, como entonces, estamos ante un intento de dar marcha atrás en la Historia: en sólo unas semanas hemos asistido a la reversión de grandes hitos climáticos, económicos y sociales alcanzados en los últimos años: salida del Acuerdo de París, promesas de desregulación financiera, escalada arancelaria a países aliados, impulso a combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables o eliminación de políticas de diversidad, son sólo algunos ejemplos.

Nadie tiene la bola de cristal. Sólo el tiempo dirá si este retroceso se consolida o si, como con el Congreso de Viena, será un parche efímero. A favor de esta última opción están la evidencia científica, los cambios sociológicos y la globalización. Y es que un gobierno puede eliminar políticas climáticas, pero los efectos del cambio climático seguirán aumentando. Los países que detengan la descarbonización tendrán que retomarla más adelante, en desventaja competitiva con los demás.

El contexto es distinto, pero ahora, como entonces, estamos ante un intento de dar marcha atrás en la Historia

Los retrocesos en diversidad tampoco cambiarán el hecho de que muchas sociedades han interiorizado ciertos avances. Esto es especialmente cierto en la igualdad de género, que beneficia a la mitad de la población. Políticas percibidas como una amenaza a estos derechos tendrán pocas posibilidades de perdurar.

Tampoco parece viable una política arancelaria propia del siglo XIX. Aunque países como Estados Unidos tengan recursos para intentarlo, la economía actual está profundamente interconectada. Sectores clave como la industria tecnológica dependen de materias primas como el litio o el níquel, ausentes en cantidades suficientes para cubrir las demandas del mercado norteamericano. Una guerra comercial prolongada es insostenible sin consecuencias económicas graves.

En este contexto, surgen retos y oportunidades para la Unión Europea. Tomemos el ejemplo de la política energética. La retirada masiva de créditos fiscales, subvenciones directas y otros incentivos a la producción de renovables en Estados Unidos tiene que ser un acicate para que la UE (y, en particular, para España) avance en sentido contrario, doblando su apuesta de energía limpia. En primer lugar, porque las empresas europeas, con un marco regulatorio y un impulso público a su favor, ganarán en competitividad frente a sus homólogas norteamericanas, que ya no tendrán ninguna de las dos cosas. Y en segundo lugar, porque la alternativa es aumentar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, de los que Europa carece y Estados Unidos puede continuar creciendo como exportador.

Lo mismo sucede en otras muchas áreas, como la revolución que plantea la inteligencia artificial y a la que pronto se sumarán otras tecnologías disruptivas, como la computación cuántica. La Unión Europea ha sido pionera a nivel mundial en dotarse de una ley de inteligencia artificial que delimita las reglas de juego para que esta tecnología se desarrolle sin vulnerar derechos fundamentales. Por supuesto, como primera norma en la materia, puede tener errores. La UE debe estar abierta a revisar esta y otras regulaciones, incluido el Reglamento de Protección de Datos, en busca de elementos que puedan estar lastrando la capacidad europea de innovar y competir, evaluar su coste-beneficio y, llegado el caso, eliminarlos o modificarlos. Pero en ningún caso esa labor de simplificación y mejora —aplicable y deseable también en otros sectores, como el farmacéutico, el financiero o el automovilístico— debería suponer una desregulación (casi) absoluta como la que algunos propugnan en Estados Unidos.

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Y es que, si en el pasado la ausencia casi total de reglas ha desembocado en crisis muy graves (pensemos en el crash financiero de 2008), no parece demasiado prudente abrir la puerta a comprobar el tipo de daños que podrían derivarse de un (mal) uso ilimitado y no fiscalizado de una tecnología tan nueva y poderosa como la inteligencia artificial.

En definitiva, Europa tendrá que elegir entre sumarse al intento de dar marcha atrás en la Historia que llega desde Washington o apostar porque, como ocurrió después del Congreso de Viena, las grandes reformas de los últimos años —con sus defectos y excesos a corregir— no son un capricho arbitrario que se hace y deshace con facilidad, sino que obedecen a un cambio de era y a la necesidad de dar respuestas a una realidad distinta que, como sucedió con las ideas de la Ilustración, tarde o temprano, acabará imponiéndose.

*Jorge Viñuelas, coordinador de asuntos europeos en beBartlet.