Las lenguas de Waterloo

Hace tiempo que sabemos que la prioridad del gobierno en Europa es el reconocimiento oficial del catalán, el euskera y el gallego. Lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores quien puesto a elegir entre la responsabilidad de su función o el contento de los secesionistas que le mantienen en el cargo, eligió esto último. Para que Puigdemont no tuviera recelo sobre su dedicación a la causa, José Manuel Albares no dudó en hacer una afirmación tan grotesca como esta. Porque si en la coyuntura histórica que atravesamos el ministro de Asuntos Exteriores cree que su prioridad es esa, ya sabemos qué esperar.

Lo cierto es que tal prioridad declarada por el Gobierno español no ha tenido acogida en la Unión Europea. Y, desde luego, el propio Gobierno ha dado motivos para su fracaso por mucho que, como siempre, intente desplazar su responsabilidad hacia el Partido Popular.

Para empezar, se engaña, o se escatima la verdad, cuando se habla de la pretensión de que las tres lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades se reconozcan como lenguas oficiales de la UE. Nunca se ha planteado algo que legalmente es imposible y políticamente inviable. De hecho, con tal de hacer digerible su pretensión a los socios europeos, el Gobierno terminó limitando su sobrevenido entusiasmo por las lenguas autonómicas en Europa a que los Reglamentos y las Directivas fueran traducidas a aquellas. Entusiasmo sobrevenido porque esta iniciativa no figuraba en absoluto en el programa electoral socialista y fue impuesta por Junts en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez.

Y aquí radica el segundo factor del fracaso autoinfligido del Gobierno. Porque ¿alguien cree que los socios europeos no saben que lo que se les pedía era un pago político en el exclusivo interés de Sánchez? La internacionalización del conflicto que tanto gusta a Puigdemont y los suyos tiene estos inconvenientes: todo el mundo termina sabiendo de qué va esto y puede distinguir los motivos auténticos para la promoción de una lengua de los intereses espurios que no defienden, sino que instrumentalizan el catalán, el euskera y el gallego en un deprimente ejercicio de mercadeo partidista.

Opinión

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El Gobierno debería haber medido su presión a los socios porque parece haber cruzado la línea que separa la persuasión de la amenaza y eso es inaceptable. El Financial Times informaba de que el Gobierno había llegado a amenazar con la retirada del contingente militar que España tiene desplegados en los países bálticos y Rumania, añadiendo las declaraciones de un diplomático del que se decía en la información que era conocedor de estas maniobras quien se refería a las presiones españolas como "bullying". Leer cosas como estas atribuidas al Gobierno español produce vergüenza y preocupación, hace pensar en el capital político que España como miembro de la UE está gastando inútilmente para conseguir objetivos estrictamente partidistas y lleva a preguntarse por el coste de tanto esfuerzo inútil que no se dedica a las verdaderas prioridades e intereses de la cuarta economía de la Unión.

En suma, un Gobierno acorralado por escándalos que en cualquier otro país europeo hubieran llevado a su caída, autoritario por débil, con expectativas hinchadas, que intenta hacer pasar por dedicada atención a las lenguas lo que no es más que la necesidad de apuntalar sus precarios apoyos bajo la imposición de un secesionista prófugo, termina amenazando a otros países con lo más sensible y crucial de este momento como es la solidaridad en la defensa. Insisto, el fracaso del Gobierno es autoinfligido y así seguirá mientras solo tenga oídos para las lenguas destructivas de Waterloo, en vez de escuchar el hartazgo de los ciudadanos cuando hablan en cualquiera de las lenguas de España.

*Javier Zarzalejos, diputado del Parlamento Europeo y Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior.