La oferta de Marruecos: dejar en paz a Canarias a cambio de más apoyo en el Sáhara Occidental
Envalentonado por el apoyo de la ONU, Rabat expone con todo lujo de detalles sus reivindicaciones sobre las aguas del archipiélago canario, las riquezas submarinas y el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental
El rey de Marruecos, Mohamed VI. (EFE/Agencia Marroquí de Noticias MAP)
"Consolidar los derechos de Marruecos" y, a cambio, “proporcionar seguridad jurídica y estabilidad estratégica a España”. “Reconocimiento del ejercicio soberano de Marruecos sobre sus provincias del Sur [Sáhara Occidental]” a cambio del “reconocimiento del ejercicio soberano de España sobre el archipiélago canario”.
Dicho con otras palabras: dejar en paz a Canarias a cambio de 1. reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental; 2. transferir a Marruecos el control del espacio aéreo de esa antigua colonia que por ahora se ejerce desde Las Palmas; 3. asumir la propuesta sesgada de Rabat sobre delimitación de aguas entre su costa y las del archipiélago y 4. aceptar que Marruecos tiene derechos sobre el Monte Tropic. Es un monte submarino al suroeste de la isla de El Hierro que recela grandes riquezas explotables cuando, a mediados de siglo, la tecnología lo permita.
Esta es, en resumen, la oferta engañosa que un Marruecos envalentonado hace al Gobierno de España tres semanas después de su éxito en el Consejo de Seguridad de la ONU cosechado gracias al decisivo apoyo de EE UU y Francia. Éste apostó el 31 de octubre porque el plan de autonomía de Rabat sea la base de la negociación entre las autoridades marroquíes y el Frente Polisario. Descarta así prácticamente la autodeterminación de los saharauis mediante un referéndum que fue pactado en 1991 bajo los auspicios de la ONU.
“Ahora resulta que debemos de estar agradecidos al rey Mohamed VI por ayudarnos a consolidar la soberanía de España sobre Canarias”, ironiza José Antonio Yturriaga, jurista y diplomático jubilado que ostentó el cargo de embajador de España en Misión Especial para el Derecho del Mar. A él y a otros juristas españoles la equiparación del Sáhara Occidental con el archipiélago canario les parece descarada.
El ofrecimiento de Rabat quedó recogido el pasado domingo 23 en un artículo de 3.900 palabras publicado en tres idiomas en la portada de 'Atalayar', un diario digital español portavoz del 'lobby' marroquí en España. El propósito del artículo es, señala en su introducción, “formular una propuesta integral orientada a un acuerdo bilateral” hispano-marroquí.
“Rabat señala las fronteras de su poderío marítimo”, fue el titular con el que el digital marroquí 'Le Desk' se hizo eco de esa propuesta integral publicada por 'Atalayar'. Otros diarios marroquíes también recogieron el artículo, poniendo así de relieve que gozaba de la plena aprobación de las autoridades.
La oferta es engañosa porque el Sáhara Occidental no es equiparable a Canarias. Aunque en algunos mapas que se pueden ver en despachos ministeriales el archipiélago forma parte del Gran Marruecos, ningún Gobierno, ni siquiera el marroquí, pone en tela de juicio la soberanía española sobre las islas Canarias. El Parlamento marroquí sí aprobó en 2020, sin consultar con España, una ampliación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) hasta las 200 millas. Se solapa con la de Canarias.
El Sáhara Occidental sigue siendo, en cambio, un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Sólo dos democracias, EEUU desde 2020 y Francia desde 2024, reconocen la soberanía de Marruecos sobre esa antigua colonia española. En los últimos años, otros muchos países occidentales, incluida España en 2022, han apoyado el plan de autonomía marroquí para resolver el conflicto que ahora también avala el Consejo de Seguridad de la ONU mediante su resolución 2797. Respaldar esa solución no es reconocer la soberanía.
Para 'Atalayar', como para las autoridades marroquíes, la resolución equivale a un “reconocimiento internacional de esta soberanía”. Genera, junto con la Hoja de Ruta hispano-marroquí de 2022, “un entorno propicio para avanzar en negociaciones bilaterales [con España] sobre la delimitación marítima, la extensión de la plataforma continental, las prospecciones y minería submarina, el Monte Tropic y la gestión del espacio aéreo”. La hoja de ruta, que carece de valor jurídico, es la que suscribió el presidente Pedro Sánchez al término de su cena con Mohamed VI en abril de 2022.
El espaldarazo de la ONU ha animado a la diplomacia marroquí a poner por primera vez sobre la mesa, con todo lujo de detalles, la lista de sus reivindicaciones con relación a España en el Sáhara y Canarias. De paso revela que hace una interpretación distinta a la española de lo que se firmó en Rabat hace tres largos años.
Sostiene, por ejemplo, que las “conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos” deben desembocar en que “Marruecos asuma progresivamente la gestión plena y exclusiva del espacio aéreo en todo su territorio, incluidas las provincias del Sur”. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo ha negado hasta la saciedad. Incluso se ha burlado de los que se le preguntaron.
En ese largo artículo de 'Atalayar' no se enuncian otras reclamaciones que, probablemente, Rabat formulará con más contundencia cuando haya alcanzado sus objetivos en lo que considera su frontera sur. Entonces llegará el turno de Ceuta y Melilla, un reto de mayor trascendencia para España porque en las dos ciudades autónomas viven decenas de miles de españoles que no quieren acabar bajo soberanía marroquí.
Aunque desde 2022, la reivindicación sobre Ceuta y Melilla apenas aflora en los discursos y titulares de la prensa marroquí, Rabat asfixia desde 2018 a las dos ciudades que describe como “ocupadas” por España. Ese ahogo es la antesala de los pasos, quizás de la marcha que emprenderá más tarde para intentar incorporarlas al Reino alauí.
"Consolidar los derechos de Marruecos" y, a cambio, “proporcionar seguridad jurídica y estabilidad estratégica a España”. “Reconocimiento del ejercicio soberano de Marruecos sobre sus provincias del Sur [Sáhara Occidental]” a cambio del “reconocimiento del ejercicio soberano de España sobre el archipiélago canario”.