Sin ley, sin límite

Hacía mucho tiempo, quizá demasiado, que el mundo no veía, dentro del grupo de países que se presumen civilizados, legales y constitucionalistas, escenas como las que hoy se repiten un día sí y otro también en Estados Unidos. Redadas, razias y persecuciones ejecutadas como si la fuerza bastara y la ley estorbara. Operativos que, más que aplicar normas, parecen diseñados para producir miedo. Y cuando el miedo se convierte en método, el Estado de derecho deja de ser un principio y pasa a ser un estorbo.

No es una comparación hecha al aire. La historia ya mostró cómo se degradan las democracias cuando se normaliza la caza del "otro". En la Alemania de los años treinta, las camisas pardas no fueron solo un símbolo: fueron el instrumento callejero de una política que después se vistió de legalidad. Las Leyes de Núremberg de 1935 institucionalizaron la exclusión; la Kristallnacht de 1938 exhibió, sin máscaras, el salto de la discriminación a la violencia organizada. Hoy no es 1938, pero la lógica es inquietante: se allanan casas, se destruyen vidas, se instala la sospecha como identidad y se normaliza la humillación pública como advertencia.

Ser inmigrante, ilegal o indocumentado, en un país construido por oleadas de inmigración, se ha vuelto el signo más visible de un cambio de régimen. No por la discusión legítima sobre fronteras, sino por el mensaje de fondo: la ley ya no se entiende como garantía, sino como permiso del poder. Y cuando la ley se convierte en permiso, cualquiera queda expuesto.

Siempre me ha parecido que, entre todas las guerras civiles latentes que hoy recorren el planeta, la más peligrosa era la que se iba incubando dentro de la sociedad norteamericana. No una guerra declarada, sino una fractura moral e institucional. Una tensión que no se resuelve en urnas, sino en calles. Una erosión lenta que, de pronto, encuentra una chispa.

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Tras la elección de Barack Obama, una parte del país no reaccionó con madurez democrática, sino con un repliegue hacia sus demonios más antiguos. Esa reacción, alimentada por polarización, resentimiento y miedo identitario, abrió espacio para justificar lo que antes era impensable. Lo que ocurre ahora en Minnesota es un ejemplo de esa deriva: protestas crecientes, fricción abierta entre autoridades estatales y federales, y un clima social que recuerda que la violencia institucional nunca se queda donde empezó.

Los hechos son graves y no admiten eufemismos. En enero de 2026, una ciudadana estadounidense, Renee Good, murió tras un tiroteo en Minneapolis durante un operativo federal vinculado al control migratorio, y el caso detonó indignación nacional. A esto se sumó, después, un segundo episodio mortal en la ciudad que avivó aún más la crisis. No se trata solo de muertes: se trata de la narrativa oficial, de la opacidad, de la distancia entre los videos que circulan y las versiones institucionales, y de la sensación —cada vez más extendida— de impunidad.

Opinión

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La fractura se vuelve más peligrosa cuando la institucionalidad se bloquea a sí misma. Minnesota ha denunciado obstáculos para acceder a evidencia y para sostener investigaciones conjuntas. Y cuando el Estado —o parte de él— impide que otra parte investigue, el mensaje es devastador: la rendición de cuentas ya no es obligación, sino opción. En un país con la mayor concentración de armas en manos privadas del mundo, ese cóctel es gasolina.

Minnesota, además, no es un lugar cualquiera. Es el territorio donde la indignación por el abuso policial se convirtió en estallido nacional con Black Lives Matter. Por eso, el foco no puede reducirse al caso de un inmigrante. Ni siquiera al caso de una víctima en particular. El problema es otro: el problema es el precedente.

Porque hoy la alarma ya no se limita a los márgenes sociales. Hoy el problema es que el estadounidense promedio —el ciudadano "de pura cepa", el que se asumía protegido por el entramado jurídico— empieza a entender que también puede ser vulnerable. Accidentes puede haber siempre. Lo que no puede haber es un sistema donde nadie puede defenderse, donde la presunción se invierte y la fuerza sustituye al debido proceso. Eso no es seguridad. Eso es arbitrariedad con uniforme.

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Bajo los auspicios políticos de Donald Trump, la ofensiva migratoria ha ido tomando la forma de una cruzada: sin límites claros, sin frenos visibles y con un lenguaje que deshumaniza. Pero la inmigración no vive fuera de la sociedad estadounidense. Vive dentro. Trabaja dentro. Convive dentro. Por eso, cuando se normaliza la excepción, la excepción termina por tragarse a la norma.

La pregunta entonces no es retórica, es de supervivencia democrática: ¿dónde están los jueces?, ¿dónde están los fiscales?, ¿dónde están los contrapesos?, ¿dónde está el instinto de conservación de una nación que se define, desde hace más de dos siglos, por la centralidad de su Constitución?

Y aun suponiendo —que es mucho suponer— que todo esto responde a una estrategia meditada, queda la última pregunta, la más inquietante, la que ningún Gobierno controla cuando ya soltó al tigre: ¿quién está midiendo el costo de desmantelar, paso a paso, más de 250 años de garantías constitucionales en el país que nació bajo la frase fundadora de "Nosotros el pueblo estadounidense"?

*Antonio Navalón, presidente de Navalón & Partners.