Brexit, y ahora qué

En el momento de publicarse este artículo, la Cámara de los Comunes estará llevando a cabo una de las votaciones más decisivas y a la vez más dramáticas de su historia, teniendo que resolver si acepta o no el acuerdo de retirada negociado por la primera ministra con Bruselas para una salida ordenada de la Unión Europea. De aprobarlo, Reino Unido y la Unión Europea habrán sentado las bases de un divorcio amistoso y pondremos empezar a poner la vista en nuestra relación futura.

Sin embargo, tras haberse aplazado el voto en diciembre ante una más que segura derrota parlamentaria, nada parece haber cambiado desde entonces. Los que querían irse, aunque fuera a las bravas, lo siguen queriendo, y los que deseaban quedarse a toda costa lo siguen deseando. Ironías de la vida, es esta extraña coalición entre 'brexiters' y 'remainers' la que está haciendo imposible el acuerdo.

Para añadir más sal a la herida, de consumarse la derrota de hoy, será la tercera en menos de siete días que el Parlamento inflija al Gobierno a cuenta del Brexit. No es casual que hace justo una semana, laboristas, liberales y 'tories' rebeldes uniesen nuevamente sus votos para reducir el ya escasísimo margen de maniobra de Theresa May, cuyas opciones de sobrevivir políticamente al Brexit hace tiempo que están en negativo.

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Sin tiempo material para celebrar un nuevo referéndum ni convocar unas elecciones generales antes del 29 de marzo, solo quedan tres escenarios posibles que den salida al Brexit. Cada cual más shakesperiano.

El primero de ellos es que se alcance la fecha límite del 29 de marzo sin que se haya aprobado el acuerdo. Lo que se conoce como un Brexit duro. Las consecuencias de este escenario son tan potencialmente catastróficas que hasta hace no mucho era impensable. Sin embargo, la publicación por parte de la Comisión Europea de dos comunicaciones oficiales con planes de contingencia para poner en marcha en caso de un no acuerdo demuestra que lo que antes parecía imposible ahora ya no lo es.

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Celia Maza. Londres

En Europa continental, países como Francia u Holanda han empezado a contratar personal extra para incorporarse a sus puertos y aeropuertos y poder empezar con las inspecciones aduaneras correspondientes a tiempo. En Reino Unido, las farmacias y los hospitales han recibido instrucciones para hacer acopio de medicamentos que puedan durar por lo menos para tres meses. Todas las comunicaciones entre el continente y la isla se verían afectadas, no solo las físicas por tierra, mar o aire, también las digitales. Pese a los planes de emergencia aprobados por la Comisión, que prevén medidas excepcionales y de alcance temporal para mitigar estos efectos —tales como permisos excepcionales y temporales para que los aviones británicos puedan sobrevolar el espacio aéreo europeo o garantías para la realización de transacciones financieras—, lo cierto es que, si no hay acuerdo antes del 29 de marzo, nadie sabe a ciencia cierta lo que puede ocurrir el día 30.

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Celia Maza. Londres

El segundo escenario, el que cada día cobra más fuerza, es que el Gobierno británico solicite un aplazamiento del artículo 50, algo que está previsto en los tratados pero que exige la unanimidad en el Consejo Europeo. Algo que a día de hoy tampoco puede darse por seguro. Ahora mismo hay un número considerable de estados que, llegado el caso, estarían tentados de votar en contra del aplazamiento, como señal inequívoca al Reino Unido de que no habrá más negociación y que la única salida posible es el acuerdo que hay sobre la mesa. Lo cierto es que, aunque se ganaría algo de tiempo, un aplazamiento solo generaría más caos y confusión a un proceso que ha descarrilado hace tiempo.

El tercer escenario es el abierto por la sentencia del 10 de diciembre de 2018 del Tribunal de Justicia de la UE, el cual, haciendo una interpretación cuanto menos atrevida y temeraria del tratado, ha dictaminado que un Estado miembro que haya activado el artículo 50 puede retirar dicha activación de manera unilateral. Algo que parece claro no estaba en la mente del legislador, o de lo contrario hubiese establecido cuando menos un plazo legal mínimo antes de que ese mismo Estado pueda volver a presentarlo.

Pero con dicha interpretación, nada impide a Theresa May retirar el artículo 50 y volver a presentarlo al día siguiente, dando marcha atrás a las agujas del reloj hasta devolvernos al 29 de marzo de 2017 y dos años por delante nuevamente. Sin embargo, lo peor de dicha sentencia es que ha dejado abierta la puerta a los gobiernos populistas de Europa para que amenacen sistemáticamente a la Unión Europea, llegándonos a embarcar incluso en otro u otros procedimientos del artículo 50 para retirarlo después en el último momento. Una perita en dulce para todos los Salvinis y los Kaczynskis de nuestra era.

Los dos últimos escenarios suman además el absurdo de que el Reino Unido seguiría siendo un miembro de pleno derecho de la Unión Europea, con lo que el próximo 26 de mayo tendría que presentar candidatos y elegir a sus 73 diputados al Parlamento Europeo, y el Gobierno de May, si es que para entonces sigue siendo primera ministra, proponer un candidato a comisario, pese a que las instituciones ya han hecho todos los arreglos legales necesarios para cubrir tales ausencias. Es más, se produciría la paradoja de que los eurodiputados británicos, en su mayoría partidarios del Brexit, podrían ser decisivos en la elección del nuevo presidente de la Comisión. Un despropósito en toda regla.

En Bruselas, la comprensión hacia Theresa May ha mutado en frustración, y esta a su vez en irritación por lo que se considera que ha sido una actitud gravemente irresponsable. Por primera vez desde el referéndum, se oyen voces que reclaman sanciones económicas al Reino Unido. Una pequeña 'boutade' fruto del momento que no tendrá mayor recorrido, porque no hay base legal para ello (al menos de momento) y porque las relaciones comerciales son tan profundas que dichas sanciones acabarían repercutiendo en las economías del Viejo Continente, pero que da muestra del nivel de hartazgo que el Brexit ha provocado en todos los socios europeos.

En Bruselas, la comprensión hacia May ha mutado en frustración, y esta a su vez en irritación por lo que se considera una actitud irresponsable

Lo único cierto a día de hoy es que nadie sabe cómo ni cuándo será el punto final de esta historia. En la Unión Europea tenemos la malsana costumbre de despejar el balón de las grandes crisis siempre en el último momento, tal y como ocurrió con el rescate griego. Pero no deberíamos poner en esa cesta todos nuestros huevos. Tampoco debería hacerlo el Gobierno de España, cuya indolencia nos ha costado a los españoles nada más y nada menos que el perder la mejor oportunidad en 300 años para acabar con el anacronismo colonial de Gibraltar. A menos de tres meses para que culmine el Brexit, el presidente del Gobierno todavía no se ha dignado acudir al Parlamento e informar de las medidas que pondrá en marcha en caso de un no acuerdo.

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En definitiva, siempre he dicho que no concebía la Unión Europea sin el Reino Unido formando parte de ella y así sigo creyéndolo. Pero tiene que quedar claro que quien se marcha no puede aspirar tener los mismos derechos que los que nos quedamos dentro. Europa es una elección vital, no una decisión empresarial. Y aunque el Brexit es un error de dimensiones históricas, llegados a este punto, no merece la pena pararlo a cualquier precio.