Facebook 'hackea' la campaña electoral europea

Los actores políticos de ámbito europeo serán vistos como entidades extranjeras en cada Estado, por lo que no podrán usar Facebook ni sus aplicaciones asociadas

Foto: Foto: Reuters.
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El 28 de enero pasado, Facebook anunció que, de cara a las elecciones europeas de 2019, pondría en marcha herramientas adicionales para prevenir la injerencia extranjera y hacer que los anuncios electorales y políticos fuesen más transparentes en cuanto a su origen. Hasta ahí, el titular. Ahora viene la letra pequeña.

La manera en que Facebook se dispone a desarrollar esta medida, en principio positiva y beneficiosa para la salud de nuestro sistema electoral, puede acabar provocando un daño irreparable a la democracia europea, y me explico. Lo que se propone hacer Facebook es trasponer directamente a cada país el sistema que utiliza en Estados Unidos, basado en una circunscripción única. Lo que hace que, de cara a las elecciones europeas, estas circunscripciones sean exclusivamente los Estados miembro y no la Unión Europea. La consecuencia más directa de ello es que, bajo la excusa de prevenir injerencia foránea, los actores políticos de ámbito europeo (partidos, fundaciones, instituciones, asociaciones...) serán vistos como entidades extranjeras en cada Estado, por lo que no podrán usar Facebook ni sus aplicaciones asociadas, como Facebook Messenger o Instagram (adquirida en 2012).

Yo mismo, como diputado en el Parlamento Europeo y candidato a la reelección, no podré subir nada a mi cuenta de Facebook o Instagram desde mi oficina de Bruselas porque, a ojos de Mark Zuckerberg, seré un agente externo tratando de interferir en el proceso electoral de mi propio país.

Afortunadamente, no es el caso de YouTube o de Twitter... por el momento.

En la sospecha de muchos está que Facebook se esté tomando la revancha por las críticas a que fue sometida tras el escándalo de Cambridge Analytica

En la sospecha de muchos está que, con esta decisión, Facebook se esté tomando la revancha por las críticas a que fue sometida tras el escándalo de Cambridge Analytica, así como por toda la retahíla de nueva legislación en materia de protección de datos de carácter personal y de protección de los derechos de autor aprobada por la Unión Europea en los últimos meses, en particular el Reglamento General de Protección de Datos y la archiconocida directiva del Copyright.

Pero a raíz de este anuncio y de otros que, como este, puedan producirse, cabe preguntarse, ¿quién pone las reglas? ¿Las plataformas sociales o las instituciones públicas? Porque con la propuesta de Facebook, lo que se está haciendo, intencionadamente o no, es romper el mercado electoral europeo que con tanto esfuerzo estamos construyendo desde 1979.

Hay quien dice que tal mercado no existe y que, a efectos electorales, solo cuentan los mercados nacionales. Concedo a los críticos euroescépticos que, a día de hoy, no disponemos de un demos europeo: 40 años después de las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo, no se percibe todavía un sentimiento de pertenencia a Europa, como sí lo hay en los Estados-nación. Pero que no se perciba no quiere decir que no exista, de la misma manera que no necesitamos ver el árbol para saber que hemos plantado la semilla. Sin ir más lejos, pasaron siglos antes de que los virginianos, los tejanos o los californianos empezaran a llamarse a sí mismos también estadounidenses.

Por otro lado, las redes sociales se han convertido en una peligrosa fuente de desinformación y propaganda. La manera en que los ciudadanos nos relacionamos con la información ha cambiado drásticamente. Seguimos consumiendo noticias, pero además de consumidores, ahora también somos creadores y difusores. Lo que ha dado lugar a que el periodismo serio y de calidad encuentre hoy muchas dificultades para hacerse oír.

Un estudio realizado por el Massachusetts Institute of Technology descubrió que, en el mundo digital, las noticias falsas llegan a los usuarios seis veces más rápido que las verdaderas. A su vez, la proliferación de servicios automatizados, los conocidos como granjas de 'bots' u ordenadores zombi, amplían el alcance de la difusión. Lo que hace que, en términos aproximativos, una mentira tienda a ser compartida en las redes sociales un 70% más que una verdad.

Las redes sociales se han convertido también en un coladero para la filtración de datos de carácter personal, que vagan por el ciberespacio con escasas o nulas medidas de seguridad. Solo en Facebook se crean cinco nuevos perfiles cada segundo, y cada 60 segundos, 510.000 comentarios son publicados, 293.000 estados son actualizados y 136.000 fotos son subidas a la red. Solo en Europa hay alrededor de 307 millones de usuarios. Pensemos en ello.

Los riesgos que estamos asumiendo son muchos y de muy distinta índole; desde los que tienen un carácter más íntimo y personal hasta los que afectan a la seguridad y los intereses estratégicos de un Estado-nación o una comunidad de Estados como la Unión Europea. Desde la difusión masiva y no autorizada de fotografías privadas hasta el 'hackeo' de la red interna de organismos sensibles como el Ministerio de Defensa, hecho público hace tan solo unos días.

En los últimos cinco años, desde el Parlamento Europeo hemos trabajado insistentemente para llamar la atención de gobiernos, ciudadanos y medios de comunicación sobre la necesidad de abordar el doble problema de las 'fake news' y la protección de datos de carácter personal en internet como lo que realmente es: una nueva modalidad, todavía incipiente, de guerra híbrida. Un medio por el cual se pueden desestabilizar gobiernos y países enteros sin necesidad de pegar un solo tiro. Para hacernos una idea, Moscú tiene una división entera de su ejército dedicada a estas tareas mientras que en Bruselas disponemos únicamente de un equipo de 16 funcionarios y tres millones de euros de presupuesto.

Nuestros esfuerzos por impulsar una legislación europea contra la desinformación y las noticias falsas no fructificaron como esperábamos y la Comisión delegó toda responsabilidad en la capacidad autorreguladora de las redes sociales y los medios de comunicación. Pero nos queda la satisfacción de haber iniciado un debate a todas luces necesario.

Gracias al trabajo de especialistas de toda Europa como el checo Jakub Kalenský y de periodistas comprometidos con la lucha contra la desinformación como el español David Alandete, el cual ha publicado recientemente un fenomenal libro al respecto, hemos ido desmontando, una a una, todas las mentiras del secesionismo catalán en Europa, poniendo al descubierto el origen ruso de muchos de los tuits en favor del 'procés' y sus retuits desde tierras venezolanas y cubanas, o la manipulación informativa llevada a cabo desde Sputnik y RT News, ambos canales controlados desde el Kremlin, hablando de tanques y militares en las Ramblas.

Desde la intentona separatista hasta el día de hoy, ni una sola institución comunitaria ha comprado el relato 'fake' de Puigdemont, Torra y compañía. Y no será porque no lo hayan intentado. Un trabajo en el que, no me cuestan prendas decirlo, los españoles de PP, PSOE y Ciudadanos asentados en Bruselas nos hemos dejado la piel.

Es fundamental que establezcamos los marcos legales necesarios que canalicen adecuadamente esa relación entre democracia y mundo digital

Así que no. No creo que debamos renunciar al potencial de las plataformas sociales, porque la democracia que viene no podrá entenderse sin ellas. Pero es fundamental que establezcamos cuanto antes los marcos legales necesarios que canalicen adecuadamente esa relación entre democracia y mundo digital, ya que es en ese mundo donde hemos de situar los nuevos pilares sobre los que sostener y proteger nuestro modelo social, nuestro Estado de derecho, nuestro sistema de derechos y libertades y nuestras garantías de privacidad.

No necesitamos un Ministerio de la Verdad, pero sí un escudo frente a las mentiras. No necesitamos un censor de la red, pero sí una carta de derechos digitales de las personas. La autorregulación es un buen primer paso siempre.

Wiertz, 60
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