¿Hay algún político en el Ministerio de Exteriores?
El problema que Gibraltar representa para España no es solo por la soberanía. También se trata de la ocupación ilegal de parte del istmo y de aguas territoriales que no pertenecen al territorio colonial
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El problema que Gibraltar representa para España no es solo por la soberanía. También se trata de la ocupación ilegal de parte del istmo y de aguas territoriales que no pertenecen al territorio colonial, del contrabando y la evasión fiscal y de las actividades contaminantes, contrarias a la protección medioambiental, que allí se producen. Por no hablar de la situación laboral de los miles de españoles que trabajan en la Roca y que son tratados como trabajadores de segunda, y que todavía lo serán más después del Brexit.
La relación de Gibraltar con la Unión Europea se basa en el Acta de Adhesión de Reino Unido a la UE y en el artículo 355.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prevé su aplicación a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores sean asumidas por un Estado miembro, o sea a las colonias.
El Gobierno de Mariano Rajoy, que fue un Gobierno eficiente y respetado fuera de nuestras fronteras, arrancó el histórico compromiso europeo del 29 de abril de 2017, por el que quedó claro que, a partir del día posterior al Brexit, Gibraltar era cosa de Londres y de Madrid, por lo que ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido, por grande o importante que fuese, se aplicaría al Peñón sin el acuerdo de las autoridades españolas. En otras palabras: que si el Reino Unido se marchaba de la UE, como ha sucedido, todos los amigos comunes europeos se quedarían del lado de España.
Esto es la primera vez en la historia que sucede. El Brexit se convirtió en la oportunidad que llevábamos siglos esperando para recuperar la soberanía española sobre Gibraltar. Si los gibraltareños quieren algo de la UE, sin la que no pueden sobrevivir, solo podría ser a través de España.
¿Estamos aprovechando la oportunidad? Pues, no. Justo lo contrario. Mientras las relaciones entre Reino Unido y la Unión cada día son más tensas, mientras la negociación entre británicos y europeos cada día es más dura, el Gobierno español se ha instalado en una estrategia blanda de compromisos rápidos que tiene a los ingleses felices.
En Londres no se creen que España esté desperdiciando tan clamorosamente su oportunidad de cambiar el curso de la Historia en Gibraltar. “Los irlandeses están defendiendo sus intereses políticos y comerciales como leones y los españoles como corderos”, comentan en círculos diplomáticos de Bruselas.
En el Ministerio español de Asuntos Exteriores se ha impuesto la mentalidad burocrática a la política. Rendirse cuando vas ganando es de corderos y de burócratas. No estamos acostumbrados a ganar, a ir por delante, y en Exteriores el vértigo de jugar con las cartas a favor les ha llevado, otra vez, a las posiciones resignadas de toda la vida.
Después de que Reino Unido haya renunciado a cualquier prórroga en la negociación de la relación futura con la UE (el negociador jefe europeo, Michel Barnier, así lo ha confirmado este mismo fin de semana a través de su cuenta de Twitter), el escenario más probable es que, el 1 de enero de 2021, Europa no tenga más acuerdos con los británicos que los alcanzados por España respecto a Gibraltar. Es decir que, mientras Europa negocia a cara de perro con Boris Johnson, nosotros le sonreímos y le ofrecemos acuerdos unilaterales facilitos, jugamos a su juego.
No se entiende. ¿Hay algún político en el Ministerio de Exteriores?
La única razón por la que la colonia de Gibraltar no estaba incluida en nuestra lista de paraísos fiscales era porque Reino Unido era uno de los miembros más importantes de la UE. Pero todos los gobiernos españoles, independientemente de su color político, todos hasta hoy, han sabido las habas que se cocían intramuros de la Roca, la lavandería de dinero negro que hay instalada ahí. Como lo saben, por cierto, las autoridades británicas.
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Por eso su máximo interés en que el primer acuerdo de la era pos-Brexit fuera el fiscal. La pregunta que todos nos hacemos es si el Gobierno de Sánchez e Iglesias dejará de considerar ahora el Peñón un edén fiscal. Y a tenor de las declaraciones de la ministra González Laya, se barrunta que sí.
Desde que existe la UE, a Gibraltar siempre lo salvó Reino Unido de ser reconocido y tratado como el paraíso fiscal que es en realidad. Ahora que ya no están los británicos, nos apresuramos a arreglarles 'la cosa' los españoles. ¿Patético? Sí.
El Gobierno que va a exprimirnos a impuestos a los españoles perdona en cambio el paraíso fiscal a los ingleses. Los verdaderamente ricos resulta que para González Laya somos los pobres.
Y al final, lo más preocupante no es que el Gobierno de Iglesias y Sánchez llegue a acuerdos fiscales con un conocido paraíso fiscal, lo que realmente me inquieta es la peligrosa falta de ambición que muestra nuestro Ejecutivo en lo que respecta a este problema histórico y a la posición tradicional de nuestro país.
El dúo gubernativo, compuesto por Iglesias y Sánchez, ha hecho del desmontaje de España una política aceptable. Da igual que hablemos de Cataluña o Gibraltar, para ellos, renunciar a España es su forma de ganarse simpatías, las no españolas, por supuesto.
Gibraltar es una cuestión de Estado, porque es una parte del territorio español ocupada por una potencia extranjera. Y aunque esto suene rancio a algunos, el territorio es uno de los tres elementos centrales que definen la existencia de un Estado, junto con la población y el poder.
Esto lo entendieron todos los presidentes, ministros de Exteriores y diplomáticos españoles hasta la llegada de Zapatero y Moratinos. Afortunadamente, con Mariano Rajoy y mi amigo y compañero de escaño José Manuel García Margallo, se corrigió el tiro. Nada más poner Margallo un pie en el Palacio de Santa Cruz, la “cuestión de Gibraltar” volvió al listado de dosieres importantes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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También en la Cámara europea, los parlamentarios españoles hicimos frente común con la causa gibraltareña. Gracias a los esfuerzos coordinados de Agustín Díaz de Mera, Francisco Millán Mon, José Ignacio Salafranca, Ramón Jáuregui, Elena Valenciano, Javier Nart, Maite Pagaza, Luis de Grandes y un servidor, junto con el resto de diputadas y diputados españoles socialistas, populares y de Ciudadanos, se hizo posible que finalmente, por primera vez en la Historia, un texto oficial europeo llamase a Gibraltar por su nombre: colonia.
Soy consciente de que a una parte nada desdeñable de la clase política española, especialmente la situada a la izquierda, esto de Gibraltar y la soberanía les parece una broma. Nada nuevo bajo el sol. Lo mismo dijeron en su día sobre Perejil, el conflicto con Marruecos y el tesón con que el Gobierno de Aznar defendió aquel pedazo de piedra desértica. Pero incluso Perejil, con sus ridículos 500 metros de largo y 300 de ancho, era una cuestión de Estado.
Algo que entendió bien la entonces ministra Ana Palacio, que supo ver de inmediato que lo que estaba haciendo Rabat no era ocupar un islote sino poner a prueba la voluntad y la capacidad del Gobierno de España para defender su territorio. Aunque muchos lo consideraron entonces un conflicto ridículo, lo cierto es que, si entonces no hubiésemos defendido Perejil, hoy quizás estaríamos hablando de Ceuta y de Melilla.
Y precisamente de esto es de lo que va la cuestión de Gibraltar. De soberanía y de la indolencia con que parece actuar el Gobierno híbrido Iglesias-Sánchez a este respecto frente al Reino Unido. Mientras eran miembros de la UE, todos los gobiernos han entendido que la opción más inteligente era actuar con pragmatismo. Pero con Reino Unido fuera de la UE, se impone un cambio urgente de estrategia.
Ha cambiado el escenario y han cambiado las cartas negociadoras. Josep Borrell, siendo ministro, cometió el error de pactar un futuro protocolo fiscal para Gibraltar con Reino Unido con objeto de facilitar que el acuerdo general con la UE sobre el Brexit no quedase bloqueado por este contencioso español. Vale, desafortunado, pero comprensible. En el caso de González Laya, no hay explicación: si la UE está en una negociación durísima con el Gobierno británico, como se vio ayer mismo, ¿qué necesidad tenía España de regalarle la baza del acuerdo fiscal con Gibraltar al nacionalista Boris Johnson precisamente ahora?
González Laya ha negociado el tratado como si estuviésemos en las mismas condiciones de antes del Brexit, cuando lo cierto es que la balanza se había inclinado ya, y se ha inclinado definitivamente, a favor de nuestro país.
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España tiene ahora la fuerza negociadora de un Estado miembro de la Unión frente a un Reino Unido que no solo se ha salido del club sino que además no tiene intención de hacer fácil la convivencia.
Como ya advertí en un artículo anterior, nos acercamos al punto de no retorno en las negociaciones del Brexit y todo apunta a que no habrá acuerdo. Londres no solo se está quedando solo, sino que además parece desearlo. Irónicamente, esta actitud desdeñosa hacia sus antiguos socios comunitarios nos brinda a los españoles una oportunidad histórica (la primera en 307 años) para reintegrar Gibraltar al territorio nacional. Si sabemos aprovecharla, claro.
El Gobierno de España debe volver a poner sobre la mesa la opción de la cosoberanía, que, a día de hoy y en las actuales circunstancias, es la única alternativa posible. La cosoberanía permitiría a Gibraltar seguir beneficiándose de la pertenencia europea (el 95,91% votó en contra del Brexit) sin perder su identidad propia. Reino Unido podría mantener activos sus intereses en la Roca, especialmente los relacionados con la defensa. Y España podría empezar a sanar esta herida histórica por la que lleva sangrando demasiados años.
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