Es noticia
Si el Gobierno reforma unilateralmente la Justicia, podemos perder las ayudas europeas
  1. Mundo
  2. Wiertz, 60
Esteban González Pons

Wiertz, 60

Por

Si el Gobierno reforma unilateralmente la Justicia, podemos perder las ayudas europeas

la propuesta que se debate propone que quien no respete la separación de poderes o las garantías mínimas del Estado de derecho no reciba fondos europeos

Foto: El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

Andan algunas capitales europeas revueltas estos días por la posibilidad de que el reparto de fondos del próximo marco financiero plurianual y del plan de recuperación (el llamado New Generation EU) acabe finalmente siendo objeto de una condición. Pero no de una cualquiera, como la archiconocida condicionalidad macroeconómica, sino de aquella que dice que para recibir el dinero comunitario hay primero que cumplir con las exigencias del Estado de derecho.

En otras palabras, la propuesta que se debate propone que quien no respete la separación de poderes o las garantías mínimas del Estado de derecho no reciba fondos europeos, ni siquiera del paquete de reconstrucción poscovid-19.

A España debería empezar a preocuparle el tema, por nuestro vergonzoso sistema de elección del poder judicial, por el encallamiento en que nos encontramos actualmente y por la intención del Gobierno de reformar el método de selección de miembros del Consejo General del Poder Judicial para soslayar el concurso de la oposición. Si les soy sincero, periodistas alemanes ya me han preguntado si nuestro país en este aspecto no estará conculcando el principio de separación de poderes y colocándose así en una difícil posición. Por supuesto, yo he respondido que no, pero temo que la actualidad política nacional pueda acabar desmintiéndome.

Foto: Sánchez y Lesmes, en una foto de archivo. (EFE)

Les cuento el minuto y resultado del asunto. Antes y durante el verano, el Parlamento Europeo en pleno y los líderes de los principales grupos parlamentarios (populares, socialistas, liberales y verdes) exigieron por carta al Consejo Europeo que el fondo de recuperación no beneficiara a los países que no respetan los principios del Estado de derecho. Como el famoso préstamo europeo de 750.000 millones que ahora está en trámite debía aprobarse por unanimidad, lo que incluye el consentimiento de dos gobiernos, como mínimo, con vocación iliberal (Polonia y Hungría) y de otros dos con claros problemas de corrupción institucionalizada (Malta y República Checa), el Consejo desatendió la petición sin comentario al respecto.

En el Parlamento, semejante despreció sentó muy mal. Debo decir que el Parlamento ya estaba molesto por haber sido excluido del control del gasto del plan de recuperación y por los recortes que se quieren imponer en programas clave (como PAC o Erasmus) del próximo presupuesto comunitario. Conque, en estas circunstancias, el Parlamento ha advertido de que si no se incluye la condicionalidad del Estado de derecho y separación de poderes en el plan de recuperación, no aprobará el marco financiero plurianual (el aval de la deuda pública europea que ha de emitir la Comisión, recuerdo), y el conjunto de las ayudas (incluidos los 140.000 millones que espera España) quedará bloqueado.

Para complicar un poco más las cosas, Varsovia y Budapest se han situado en el extremo opuesto y avisan de que si se acepta esa nueva condicionalidad democrática exigida por el Parlamento Europeo, serán entonces ellos y sus parlamentos nacionales quienes bloqueen el plan de recuperación.

Y así estamos, no puedo adelantarles más porque todo esto seguirá negociándose las próximas semanas.

Foto: EFE.

Sin embargo, sí debo contar que esto sucede, casualidades de la vida, mientras el Parlamento debate la posibilidad de poner en marcha un nuevo mecanismo, de carácter permanente, para vigilar la protección de los valores europeos en los Estados miembro. Un instrumento que vendría a sumarse al ya famoso artículo 7 y al nuevo informe anual sobre el Estado de derecho al que se ha comprometido la Comisión Europea, cuya primera edición acabamos de conocer el miércoles de la semana pasada.

Por primera vez, en ese informe, el brazo ejecutivo y regulador de la Unión Europea se ha animado a ponerle una nota a eso de la 'rule of law' en sus distintos miembros. Y como hacerlo solo para los países sobre los que está puesta la lupa democrática, es decir, Polonia, Hungría, República Checa y Malta, hubiese acabado en acusaciones de ojeriza contra la Comisión, ha imperado la decisión menos traumática, que era extender el análisis a los Veintisiete.

Transcurrido el furor de las primeras horas y los primeros días, el documento acabará relegado al cajón del olvido, y solo será rescatado de vez en cuando, para mérito o demérito de algún Gobierno. Pero hasta ahí. Porque lo que viene a decir este análisis ni es sorpresivo ni nos descubre nada que no supiéramos.

Quizás, y ahí está lo didáctico del asunto, al comparar la situación de otros Estados miembros, vemos que en todos sitios cuecen habas. ¿Quién iba a imaginar que en Francia hay un problema con el aumento de amenazas 'online', pero también físicas, contra periodistas? ¿O que en Alemania está permitido que el ministro federal de Justicia y hasta los ministros regionales del ramo puedan dar instrucciones directas al fiscal general y a los fiscales regionales sobre cómo actuar en un caso? ¿O que es imposible valorar la eficiencia del sistema judicial belga porque son incapaces de poner en común los datos necesarios?

El estado de nuestra Justicia no es tan calamitoso como algunos quieren hacer creer. Especialmente cuando la CE no dedica una línea al 'procés'

Ya ven ustedes, miserias hay en todas partes. Dicho lo cual, ya saben aquello de mal de muchos, consuelo de tontos.

Una cosa es que no hiciera falta un informe de la Comisión Europea para confirmar que nuestra Justicia necesita una reforma urgente. Otra cosa bien distinta es no inmutarse cuando le sacan a uno los colores.

El estado de nuestra Justicia no es tan calamitoso como algunos quieren hacer creer. Especialmente cuando, para desgracia de los 'indepes', la Comisión no dedica ni media línea al 'procés'. No, no somos Polonia ni Hungría. Pero permítanme que lance aquí una señal de advertencia. Las debilidades del sistema judicial, si no se resuelven, pueden acabar poniendo en la diana, y con razón, la calidad de nuestro Estado de derecho y en particular de nuestra separación de poderes.

Tal y como están las cosas, si el Gobierno sigue adelante con su intención de reformar la elección de vocales del CGPJ para poder dirigirlo desde el Congreso sin mayoría reforzada, aunque en Madrid nadie haya reparado aún en eso, podría poner en riesgo los 140.000 millones que nuestra economía necesita como el aire para respirar.

Y no voy a pecar aquí de cinismo. Todos tenemos parte de culpa en que nuestra Justicia se encuentre en la columna de los que necesitan mejorar. Los políticos, por supuesto, los primeros culpables, de todos los colores y de todos los partidos, los de antes y los de ahora. Pero también es necesaria una reflexión crítica en la judicatura, en las asociaciones de fiscales, abogados y jueces. En los medios de comunicación y en la sociedad civil.

Foto: Carlos Lesmes, junto al ministro de Justicia. (EFE)

Si en algo destacamos, y para muy mal, en ese informe sobre Estado de derecho publicado por la Comisión, es en la poca confianza que genera nuestra Justicia ante ciudadanos y empresas. Solo un 44% de los ciudadanos considera que es independiente, una cifra que se reduce al 42% en el caso de las empresas. En Bélgica, ¡en Bélgica!, esas cifras son el 63% y el 59% respectivamente. En Francia es el 56% para los ciudadanos y el 68% para las empresas. Y en Alemania el porcentaje de ciudadanos y empresas que ven garantizada la independencia del poder judicial es del 76% y el 73% respectivamente.

En definitiva, urge, y pronto, una reforma de nuestro sistema de elección de los miembros del poder judicial y del fiscal general del Estado. Necesitamos garantizar que en nuestro sistema constitucional está a salvo el principio de separación de poderes. El Congreso de los Diputados debería hacer un esfuerzo para alcanzar el consenso necesario. Insisto en que modificar las reglas de juego, como ha sugerido el Gobierno que hará, para cambiar la renovación del poder judicial hasta que cuadren los números con la mayoría republicana e independentista de la investidura, es, por decirlo finamente, un tiro en el pie de nuestra credibilidad internacional y puede traer consecuencias indeseadas para nuestra recepción de fondos europeos.

Como eurodiputado, yo defenderé siempre el interés de España, pero, como he dicho otras veces, lo indefendible no tiene abogado que lo salve.

Démosle una revisión a todo el sistema. Desde el proceso de nombramientos hasta el instructor, pasando por la Fiscalía General del Estado

Modificar mayorías para controlar políticamente la Justicia es lo que hacen en Polonia, y por ello están en el punto de mira de la Unión Europea, sometidos al procedimiento sancionador del artículo 7 del Tratado. ¿Realmente es eso lo que queremos para nuestro país?

Propongo otra cosa. Démosle una revisión a todo el sistema. Desde el proceso de selección de nombramientos y fiscales, hasta el procedimiento instructor, pasando por la elección del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado. Miremos lo que ocurre a nuestro alrededor y aprendamos de los errores que otros han cometido. Llamemos a la Comisión de Venecia para que prepare un dictamen y comprometamos a la Comisión de Justicia del Congreso a redactar una proposición de ley orgánica. Una que salga del Congreso, no del Gobierno, con el consenso de los grandes partidos constitucionalistas.

Algunos llamarán a esto vieja política. Yo lo llamo volver a hacer política de Estado.

Andan algunas capitales europeas revueltas estos días por la posibilidad de que el reparto de fondos del próximo marco financiero plurianual y del plan de recuperación (el llamado New Generation EU) acabe finalmente siendo objeto de una condición. Pero no de una cualquiera, como la archiconocida condicionalidad macroeconómica, sino de aquella que dice que para recibir el dinero comunitario hay primero que cumplir con las exigencias del Estado de derecho.

Unión Europea Comisión Europea CGPJ Parlamento Europeo