Incluso cuando la UE quiere hacerlo fácil, le sale difícil

Quedan pocos meses para que llegue julio y la tragedia se masca en el sector turístico, angustiado por si una cuarta ola se lleva por delante sus expectativas de recuperación, ya suficientemente maltrechas por la falta de ayudas en España, y por un verano que depende de los planes de vacunación.

La Unión Europea, temerosa de que el covid acabe haciendo inviable la libre circulación de personas, una de nuestras cuatro libertades fundamentales y un elemento clave para la supervivencia del mercado interior, lanzó la idea de poner en marcha un documento oficial de ámbito europeo sobre vacunación, válido para todo el territorio comunitario, que facilitase esa libertad de movimiento para cualquier persona ya vacunada que lo poseyera. Lo llamaron el 'pasaporte covid'.

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Al final, sin embargo, el resultado está quedando muy por debajo de la ambición de inicio, el proyecto que tenemos sobre la mesa en el Parlamento ni es un pasaporte ni pretende serlo. Como su nombre indica ('Green Digital Certificate'), se tratará más bien de un certificado. Dicho en otras palabras, un carné que garantice que el poseedor del mismo se encuentra en uno de los tres siguientes supuestos: vacunado, recuperado de la enfermedad y con anticuerpos o en posesión de una PCR con resultado negativo en tiempo y forma. Pero, y esto es lo demoledor, las ventajas que se deriven de su aceptación quedan a disposición de los Estados miembro. Los Estados miembro se reservan el derecho a aplicar cuarentenas u obligar a hacer nuevas PCR a los viajeros que lleguen presentando ese certificado verde. O sea, que puede que en algunos sitios no valga para nada.

El pasado 17 de abril, la columna Carlomagno de 'The Economist' advertía de que la UE pudiera estar adentrándose en un momento calhouniano, en referencia a John C. Calhoun, séptimo vicepresidente de los Estados Unidos, esclavista, que defendió una doctrina, llamada de 'la nulidad', por la cual los estados federados podían no acatar las leyes federales que considerasen injustas, que fue el sostén teórico de los confederados en la Guerra de Secesión (1861-1865). Esta tendencia calhouniana europea tiene una obvia deriva judicial, que es a la que hace referencia el semanario (los tribunales constitucionales alemán y polaco están examinando, ahora mismo, si existe jerarquía entre la normativa europea y la nacional, y yo mencionaría también el conflicto entre los jueces belgas y españoles sobre el valor de la euroorden), pero también otra política. No cabe duda de que el hecho de que la UE, una vez más, haya sido incapaz de imponer un pasaporte covid, comunitario y no sujeto a la autonomía de los Estados miembros, tiene que ver con esa 'calhounización', a la que entre nosotros llamamos 'intergubernamentalidad', que va disolviendo poco a poco los poderes federales de la UE en favor de una recuperación paulatina de soberanía nacional por los Estados miembros.

El que el plan de recuperación esté basado en un crédito de 750.000 millones de euros solicitado por las instituciones europeas no desmiente, ni mucho menos, este proceso de 'calhounización', dado que, como ya he recordado otras veces, el dinero que, por esta vía, se presta a la UE lo gastan los Estados miembros en sus programas nacionales, prácticamente sin control europeo. O sea, que se trata de fondos nacionales captados mediante la hipoteca del proyecto europeo.

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Volviendo al certificado verde, cuya aprobación se debatirá esta semana en el Parlamento Europeo y que, en su caso, se expedirá en papel o en formato digital y gratis, hay que dejar claro que no será un requisito obligatorio para poder viajar, pero que, por sí mismo, tampoco otorgará otro derecho más que el que cada Estado quiera atribuirle. Me explico: ninguna autoridad podrá exigir a ciudadano alguno que posea el certificado y los Estados, por su parte, podrán (o no) facilitar el tránsito o la estancia de las personas que lo presenten, sin imponer medidas preventivas como hasta ahora, tales como la cuarentena o un periodo máximo de permanencia dentro del territorio en cuestión.

Dicho en palabras más simples: este verano, las fronteras seguirán abiertas para todo el mundo, seguramente con restricciones, pero quienes posean un certificado verde podrán viajar y desplazarse de forma más rápida y sometidos a menos controles que quienes no lo tengan, siempre y cuando los dos países entre los que viajen sean de los que ya emiten y conceden ventajas al certificado verde. Aunque ningún ciudadano podrá verse privado de su derecho a desplazarse por el territorio de la UE por el hecho de no poseer el certificado, eso sí.

Todo esto es lo que dice la teoría, claro, porque lo cierto es que aún quedan algunas semanas antes de que el certificado esté aprobado y pueda comenzar a ser puesto en marcha.

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Cierto es que esta vez el procedimiento será más rápido de lo habitual, porque el Parlamento y el Consejo han aceptado tramitar los expedientes legislativos correspondientes por el llamado procedimiento de urgencia, lo que permite acortar los plazos de manera significativa. Sin embargo, como nos ha enseñado la experiencia, no podemos descartar que la negociación entre el Parlamento y el Consejo se ponga más difícil de lo esperado, lo que daría al traste con toda la previsión cronológica.

Hay varios aspectos delicados sobre la mesa acerca de los que todavía queda mucho por discutir. Mencionaré los tres más importantes.

Por un lado, está la cuestión de la privacidad de los datos, algo fundamental para el éxito del certificado. En todo momento, debe garantizarse que solo el Estado emisor y el receptor tienen acceso a la información, y que está restringida y limitada en el tiempo, y que no puede almacenarse más allá de dónde y por cuánto tiempo estipule la ley. Por lo que la infraestructura tecnológica necesaria deberá contar con las medidas de seguridad adecuadas y comunes.

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En segundo lugar, se presenta la cuestión de la inmunidad, bien sea por la vacuna bien sea por anticuerpos generados por la enfermedad. Y esta no es una cuestión política, sino científica. A día de hoy, todavía no sabemos cuánto dura la inmunidad ni el nivel de protección de la inmunidad generada por enfermedad. También queda por dilucidar qué vacunas en concreto serán incluidas, todas o solo las reconocidas por la Agencia Europea del Medicamento.

Por último, queda el cómo van a aplicar los Estados este certificado. Y este es el eterno problema comunitario. La norma prevé un plazo de seis semanas desde la entrada en vigor para que los Estados puedan ponerla en marcha; es decir, contar ellos mismos con la infraestructura necesaria. Si en el escenario más probable pensamos que la norma puede estar aprobada en la tercera semana de junio, con un plazo de seis semanas posterior, el certificado no empezaría a funcionar hasta primeros de agosto. Tarde.

Por lo tanto, permítanme que albergue alguna reserva sobre la viabilidad del certificado para salvar el verano. Confío en que finalmente todo vaya sin contratiempos, y desde luego que el Parlamento Europeo hará todo lo posible para que así sea, pero por el bien de todos, es importante no generar falsas expectativas.

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En el capítulo español, debemos poner la lupa en el modo de gestión adoptado por el Gobierno central que, una vez más, parece decidido a descargarse toda responsabilidad sobre los hombros de las comunidades autónomas. Según se ha encargado la Moncloa de confirmar, serán las comunidades las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados verdes, lo que quiere decir que, una vez más, veremos 17 modelos distintos, por mucho que diga el Consejo Interterritorial de Sanidad. Y recemos para que no falle la interoperabilidad.

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