La 'justicia tuitera' de Irene Montero ha hecho llorar a la mujer equivocada

Podemos señaló por redes, con nombre y apellidos, a una señora que subió el alquiler a sus inquilinos. Otra mujer que no tiene nada que ver, pero se llama igual, está sufriendo las consecuencias

Foto: Unas llaves en una imagen de archivo. (IStock)
Unas llaves en una imagen de archivo. (IStock)

Irene Montero señaló en las redes, con nombre y primer apellido, a la supuesta propietaria especuladora de un piso. Según Montero y medio Podemos, la señora había subido el alquiler a sus inquilinos un 30%, de 1.000 a 1.300 euros, obligándolos a irse a otra parte. Que un partido señale públicamente a una ciudadana, por más que pueda ser especuladora, ya es tan inmoral que no sabría por dónde empezar. Pero la cosa tiene una segunda vuelta: la persona que a estas horas está sufriendo el linchamiento ni siquiera es la propietaria que ha subido el precio del alquiler a la pareja protagonista del vídeo electoral.

Por partes. El martes 22 de octubre, Irene Montero y Podemos lanzan su señalamiento público. Cuentan la historia de Livia y Juan, expulsados de su vivienda por una tal “Esther Argerich”. De inmediato, cientos de internautas buscan en Google este nombre y descubren que también tiene una casa rural. Irreflexivos, empiezan a atacarla en redes, a puntuar negativamente su negocio, a señalarla como especuladora, traidora, enemiga del proletariado, etc. La prensa liberal reacciona: ¡una pobre mujer señalada públicamente!

Durante la batalla mediática, el miércoles se proporcionan en las redes sus datos, la dirección de su negocio e incluso su teléfono móvil. Desde muy temprano, la señora empieza a recibir llamadas de periodistas, a las que no responde. Yo mismo le envío en mensaje y le digo que, si quiere hablar, me llame cuando pueda. Minutos después, lo hace. Cuál será mi sorpresa cuando, al otro lado de la línea, me encuentro a una señora que llora desconsolada y me dice: “Soy Esther Argerich, pero no soy esa Esther Argerich”.

Recapitulemos: Irene Montero y el aparato de Podemos en Twitter no solo han señalado a una persona anónima públicamente en campaña electoral, cosa que sería condenable en cualquier situación, sino que además lo han hecho con suficiente ambigüedad para que una mujer totalmente ajena acabe pagando el pato. Sin dejar de llorar, Esther me dice: “Yo no sé qué hacer, vivo de ese pequeño negocio de casa rural, pago anuncios y por eso aparezco muy arriba en Google. Y me están destrozando, ¡me están destrozando!”.

El segundo apellido de la protagonista de esta historia es distinto. El Sindicato de Inquilinas de Barcelona, plataforma que lucha contra la especulación, dio a conocer el caso. La propietaria del piso del 'spot' de Podemos posee cinco viviendas, una oficina y varias plazas de aparcamiento. No es una pobre mujer, para entendernos, que se saca un extra con el alquiler de una segunda vivienda, sino que forma parte de la minoría de multipropietarios que viven de las rentas. ¿Justificaría eso su señalamiento por parte de un partido con representación parlamentaria? Jamás. Pero lo que ha hecho Podemos es muchísimo peor.

Esto no le hubiera pasado si Irene Montero se comportase como una persona que ostenta un puesto de responsabilidad

Las veleidades de este partido con la justicia paralela han sido constantes. Se sumaron, siendo ya parte del poder legislativo, a las protestas contra los jueces de la primera sentencia de la Manada y contra los del Supremo por el caso del 'procés'. Han abrazado y promocionado, gozosos, juicios sumarísimos del movimiento #MeToo. El caso de Esther Argerich es otra muesca en el fusil, y el hecho de que alguien ajeno al lío pague las consecuencias es la constatación de que la justicia paralela jamás puede ser un método aceptable.

El precio de los alquileres es un problema fundamental en España. Los fondos buitre son la punta de lanza, y muchos multipropietarios van detrás en el engorde del precio de mercado, al que acaban sumándose los pequeños propietarios. Pero esto no es un problema de personas concretas, sino sistémico. Limitar el precio máximo de los alquileres, como están haciendo ya ciudades tan poco sospechosas de comunistas como Berlín o París, es una medida aceptable. Señalar a particulares públicamente, jamás.

“Esto no me hubiera pasado si me llamara Pepa Pérez”, se lamenta Esther Argerich antes de colgar. “No, señora”, le respondo: “Esto no le hubiera pasado si Irene Montero se comportase como una persona que ostenta un puesto de responsabilidad”.

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