España is not Spain
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La Generalitat pone la alfombra roja a una nueva especulación inmobiliaria
En la práctica, el decreto hace posible que cualquier propietario de un piso no turístico lo explote como si fuera un piso de uso turístico
Sin rueda de prensa, sin debate, casi diríamos que con nocturnidad y alevosía, el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat dirigido por Àngels Chacón ha impulsado un decreto que inaugura el concepto de “hogar compartido”. En teoría, el decreto viene a regular la situación ambigua y alegal de las (muchas) viviendas de uso residencial en las que se están alquilando hoy día algunas habitaciones a los turistas.
¿Dije "regula"? Perdón: desregula, que estamos hablando de JxC. Gracias al decreto, si en una vivienda de uso residencial vive alguien y el propietario está conforme, ahora se podrán alquilar el resto de habitaciones a los turistas durante los 365 días del año. Sí. Es decir: en la práctica, el decreto hace posible que cualquier propietario de un piso no turístico lo explote como piso turístico. Chimpún.
Hay noticias que solo parecen noticiosas años después de producirse, y esta es una de ellas. Recuerda a otra de 2011, cuando en plena crisis el Gobierno de Artur Mas empezó a dar a los propietarios licencias turísticas a perpetuidad por 200 euros. Aquello no llamó la atención pero se convirtió en la peor regulación de toda España en cuanto impacto urbano y encarecimiento del precio de alquiler.
Mientras duró la barra libre, a un propietario le bastaba con una declaración responsable para obtener una licencia que multiplicaba las ganancias de un piso de forma exponencial. Cuando las consecuencias empezaron a ser sensibles en los precios del alquiler y en la convivencia vecinal, la Generalitat dio marcha atrás. ¿Se invalidaron las licencias baratas? No: se dieron dos días más de barra libre. La avalancha de grandes propietarios que corrieron a por su licencia fue un espectáculo difícil de olvidar.
Pues bien. Vuelve a haber crisis. Buen momento para plantear jugadas a largo plazo, ¿verdad? Cualquier político deshonesto (cualquier político) sabe que no hay mejor día para calzar un decreto con graves implicaciones a futuro que cualquiera del mes de agosto. Y si hay una pandemia en curso, pues tanto mejor. ¿Alguien está pensando ahora en los precios del alquiler de 2025? Con el rey Juan Carlos en Abu Dabi y Taburete haciendo conciertos sin mascarilla, ¿quién se fijará en una pequeña noticia de apariencia tan trivial?
Dicho y hecho
Así que el martes pasado la Generalitat deslizó a traición el decretillo. Bajo una apariencia futil supone un gran salto adelante en la transformación del parque inmobiliario catalán en una granja de explotación turística intensiva. El Sindicato de Alquiler de Barcelona ha dado la alarma. Hablo con Jaime Palomer y su lectura es tenebrosa: "Si cualquiera puede convertir una propiedad de uso residencial en apartamento turístico de tapadillo, ¿quién coño va a alquilar un piso a una familia normal?"
El decreto del Govern está dotado de un supuesto mecanismo antifraude, pero ¡menudo fraude! A las plataformas las deja libres de controles exhaustivos (esta semana estaban por las radios catalanas abriendo champán) y la pelota queda en el tejado de los ayuntamientos. Son ellos quienes pueden regular, pero ¿cuántos tendrán músculo jurídico para hacerlo?
Y más: en caso de que sí tengan equipos técnicos adecuados, ¿quién va a controlar un parque inmobiliario si se permite que viviendas de uso residencial realquilen habitaciones a turistas? Ground control to Major Tom. Es imposible.
Por ejemplo: cualquiera de los grandes propietarios de Cataluña, cualquiera de los grandes fondos que tienen prácticamente controlado el mercado inmobiliario en la actualidad, puede convencer a un pobre diablo para que, a cambio de que se empadrone en una vivienda y firme un contrato de alquiler, el 75% de ese piso se convierta, magia, en un lucrativo banquete turístico.
Imaginemos: alquilo a mi nombre un piso por mil y pico euros, pido permiso al dueño para alojar turistas en las demás habitaciones, el dueño me lo concede, gestiono yo mismo la entrada y salida de turistas y me saco la friolera de 3.000 euros al mes. El dueño puede subirme el precio, y yo tan pancho. Y con tanto 'guiri' por casa, ¡igual hasta mojo!
Los efectos secundarios cantan, claro. Según Jaime Palomera (y según cualquiera capaz de pensar la partida de ajedrez a tres jugadas vista) estamos ante un desplazamiento del parque de vivienda residencial al terreno de la explotación turística. Es decir: el decreto es trampa cuyos efectos se dejarán notar en el precio del alquiler pasado mañana.
Sin duda, habrá gente necesitada que aproveche el decreto para sacarse un extra alquilando esa habitación que le sobra en casa, pero tal como está el sector inmobiliario queda claro que el motivo del decreto es que los precios del alquiler no tengan excusas para subir y subir. JxC ha hecho exactamente lo que plataformas como Airbnb y grandes propietarios llevan años pidiéndole.
Mientras otras ciudades europeas restringen el fenómeno de los pisos turísticos, conscientes de la implicación directa que hay entre esta actividad y el encarecimiento de los alquileres, la Generalitat ha ido corriendo en sentido contrario y ha abierto de par en par las puertas a un nuevo tipo de especulación.
Es un negocio redondo. Más todavía si pensamos que JxC está bloqueando mientras tanto la nueva regulación de los precios del alquiler. Es decir: con una mano impido que los alquileres frenen su ascenso meteórico, y con la otro proporciono una herramienta para que los que se ven obligados a pagar precios abusivos puedan sacarse un extra con el turismo a costa de su intimidad. ¡Win win!
