A las instituciones españolas les están saliendo apellidos

Una prueba elocuente de la decadencia del Estado de derecho en la España sanchista es que a las instituciones les están saliendo apellidos. Pensemos en el CIS: si a secas era un centro eminente de investigaciones sociológicas, sanchismo 'mutandis', el CIS de Tezanos se ha convertido en otra cosa muy distinta.

La herramienta de todos ahora es una herramienta del Gobierno: un órgano del partido que infunde ánimos al PSOE con encuestas trucadas y coloca en la agenda los temas que le interesan con preguntas teledirigidas y omisión de los asuntos candentes y notorios que Sánchez prefiere poner debajo de la alfombra.

Los apellidos son muy importantes: de la misma forma que no se puede esperar de Intxaurrondo la misma entrevista a Sánchez que de Alsina, y por eso el presidente cuida de acercarse al segundo, no se puede esperar que el CIS de Tezanos pregunte a la gente si le parece ético que la mujer de un presidente se reúna con empresarios que buscan fondos públicos o que haga de los arcanos del reparto opaco su maestría profesional.

No preguntará el CIS de Tezanos si a usted le parece que es propio de una democracia un Gobierno que quiere perseguir a los medios críticos, sino si los medios del fango están pasándose con sus bulos. Esta es una pregunta real del CIS con apellido: “¿Cree Ud. que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada, o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño?”

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Algo parecido pasa con el Tribunal Constitucional: a secas era un órgano jurisdiccional para dirimir las disputas de encaje con la Carta Magna entre la oposición y la mayoría parlamentaria tras la aprobación de ciertas leyes, y para resolver cuestiones puntuales de indefensión jurídica de los ciudadanos ante el Poder Judicial. Pero el Constitucional de Pumpido es otra cosa.

Con apellido, otorga el Nutriscore de manera gratuita a atropellos contra la separación de poderes o la igualdad de los ciudadanos, o desmonta una sentencia laboriosa y compleja como la de los ERE de Andalucía porque los condenados son del partido que dio apellido al tribunal. ¿Cómo iba a estar tan seguro el PSOE de que la amnistía pasaría el filtro de no ser por el apellido?

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Pues porque, como dijo Sánchez refiriéndose a la Fiscalía, y de quién depende, lo mismo pasa con cada vez más instituciones del Estado. Bajo el paraguas de los ministerios prolifera una fauna de apellidos menos famosos que los anteriores, en forma de asesorías, observatorios y chanfainas públicas variadas, de forma que el sanchismo permea hasta los huesos del Estado y le proporciona nueva forma.

El 17 de julio, cuando Sánchez anuncie su cacareado paquete de reforma democrática, ocurrirá algo parecido con los órganos gubernamentales que gestionen sectores privados como la prensa y determinen quién va a llevarse partidas de publicidad institucional y quién tiene echar la persiana. Veremos entonces proliferar algunos apellidos familiares y otros que no lo sean en absoluto, y descubriremos que el baremo aplicable a un periódico como El Debate no es equivalente al empleado con El Plural.

Si alguien tiene alguna duda del motivo de este proceso acelerado de caciquismo institucional, no tiene más que revisar la decisión del Tribunal Supremo respecto a la ley de amnistía. Las instituciones apellidadas se vuelven previsibles y carentes de rigor intelectual, pero, a falta de apellidos sanchistas en la Sala Segunda, un tal Marchena ha leído que la malversación amnistiable no afecta a Puigdemont porque el procés no lo sufragó él con su dinero y le habría costado una pasta, de modo que el pacto con Junts queda en el aire y se hace justicia donde se intentó la impunidad.

Prueba de que, en cuanto desaparecen los apellidos gubernamentales, llegan por sorpresa los argumentos devastadores. No todo está perdido.