La 'comedia costumbrista' del Gobierno: por qué se equivoca con su ley anti Uber y Cabify

No estamos en la Europa de 1815 en la que (según la popular ficción cinematográfica) el príncipe de Metternich podía distraer al Zar Nicolás de Rusia con un lio de faldas para que este no acudiera a las sesiones del Congreso de Viena en el que se forjaba la Europa post napoleónica. Pero cualquiera lo diría.

En realidad estamos en la Europa de 2018 (S. XXI, por cierto) en la que la disrupción digital está rompiendo los moldes de todas las industrias, todos los comportamientos y todas las regulaciones. Solo las plataformas que casan oferta y demanda de servicios en tiempo real, con una increíble capacidad para identificar los gustos (y no solo las necesidades) de los usuarios a un coste sin precedentes están ya suponiendo una revolución tangible y que se extiende im-pa-ra-ble.

TE PUEDE INTERESAR

'Rescate' al taxi y golpe al Supremo: el Gobierno aprueba su ley anti Uber y Cabify

Manuel Ángel Méndez

No digamos, cuando las actividades más materiales, como las operaciones industriales, agrícolas y otras de producción de bienes, es decir, las viejas "fábricas" con costosas estructuras, a veces, imposibles de amortizar, acaben siendo desbancadas por la robotización y una tecnología enteramente modular.

Frente a este tsunami, los operadores de todo tipo que dominan sus respectivas industrias, en ocasiones basados en regulaciones protectoras y monopolistas, los denominados 'incumbents' en la terminología antimonopolio anglosajona, solo buscan una cosa: protección a toda costa. Lo malo es que la obtienen.

El sábado 21 de abril, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto Ley (RDL) 3/2018 de 20 de abril por el que se modifica la Ley 16/1987 de Ordenación del Transporte Terrestre. En esencia, se trata de "blindar" normativamente la ratio de 1 licencia de VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) por cada 30 licencias de Taxi.

¿Cómo sabe el Gobierno que ese adecuado equilibrio es justamente 1 a 30, cuando la ratio está ya muy por encima, y creciendo?

De esta manera, el Gobierno trata de parar la respuesta judicial, por la que se están aprobando las licencias VTC solicitadas por los empresarios tras la entrada en vigor de la denominada Ley Ómnibus en 2009 e invalidadas posteriormente por el ejecutivo. Esta invalidación acabó en los tribunales y desde hace tiempo las licencias en litigio vienen siendo aprobadas por los jueces. La ratio entre licencias VTC y licencias de Taxi está pues muy por encima del 1/30.

El Gobierno, en mi humilde opinión, se equivoca. El RDL recién promulgado es contrario a la libre competencia que debe defender en todos los ámbitos de la economía. Para volver a la ratio antes aludida, se invoca en el preámbulo y en su articulado un concepto que, sin duda, debe tener muy elaborado, pero que no explica: el de "adecuado equilibrio" entre el número de licencias de VTC y de taxi. ¿Cómo sabe el Gobierno que ese adecuado equilibrio es justamente 1 a 30, cuando la ratio está ya muy por encima, como se decía, y creciendo?

Por "seguridad jurídica", se invoca igualmente en el preámbulo del RDL. La seguridad jurídica no depende de una ratio en particular, sino de que las leyes no se contradigan y, además, sean claras. Es muy sorprendente que la seguridad jurídica se repliegue en apoyo al alquiler de vehículos con conductor que llamamos taxi pero no se extienda a los propietarios de licencias VTC autorizadas por los jueces.

Por si fuera poco lo anterior, el RDL alude a la "extraordinaria y urgente necesidad" de actuar por la vía de un RDL y se pierde en legitimar su uso invocando incluso el texto constitucional. Tampoco se entiende ahora esa imperiosa urgencia… O sí. El caso es que el Tribunal Supremo está al borde de un fallo que, es una posibilidad, podría favorecer a las plataformas que casan las ofertas y demandas de movilidad mediante vehículos VTC. Para no andarnos por las ramas: Uber y Cabify.

De ser esto así, el TS validaría la postura de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), abiertamente favorable a abrir a la libre competencia la movilidad urbana, liberalizando la emisión de licencias de VTC. ¿Y el Gobierno actúa para evitar que esto se produzca, blindando la ratio 1 a 30? Es decir, ¿el Gobierno actúa para que el TS no pueda actuar como tenga a bien en defensa del interés común?

Los reguladores no pueden estar enfrentados, no tiene gracia. Esto no es una comedia costumbrista decimonónica. Estamos en el S. XXI

Si esto es lo que justifica la extraordinaria y urgente necesidad del Gobierno para restringir la competencia protegiendo al incumbent, entonces tenemos un problema. Quiero decir que los usuarios de los servicios de movilidad tenemos un problema.

Es bien sabido que muchos reguladores sectoriales están capturados por los 'incumbents'. Esto pasa en muchos sectores regulados y en muchos países. También en el sector de la movilidad y en España. Por eso, la CNMC española, un regulador transversal con cierta capacidad para actuar, suele enfrentarse a menudo tanto a los 'incumbents' como a sus reguladores sectoriales.

Protegiendo a los incumbents de la competencia, el que pierde es el interés común, a costa de que prevalezcan los intereses de los monopolistas. Los monopolios restringen la oferta de bienes y servicios, suben los precios o tarifas de los mismos, reducen el empleo y los salarios reales, reducen el incentivo a innovar que induce la competencia. Todo, exclusivamente, para aumentar las rentas de quienes poseen los injustificadamente caros permisos de la actividad. Sí, licencias que deberían ser meros permisos administrativos extensibles a todo aquél que cumpliese los requisitos técnicos necesarios para el desarrollo de la actividad.

Los reguladores no pueden estar enfrentados, no tiene gracia. Esto no es una comedia costumbrista decimonónica. Estamos en el S. XXI y, en vez de caminar por la vía de la involución regulatoria, hay que avanzar por la vía de una nueva regulación que permita la expresión plena de la capacidad que la digitalización de la actividad económica tiene para abaratar los bienes y servicios que, esta vez sí, satisfacen las necesidades de los consumidores y usuarios.

La "urgente necesidad" no es la de proteger rentas y negocios del S. XX, sino la de impulsar la renovación de los sectores productivos, ¿o es que no tenemos una Agenda Digital digna de tal nombre? Conceptos tan ridículos e infundados como el de "adecuado equilibrio", deben dar paso a mejores ideas que no atenten contra el sentido común. Y, por último, para instaurar la "seguridad jurídica" en este y en muchos otros ámbitos de los sectores regulados en nuestros país, algunos reguladores deben dejar de divertirse y jugar a ganar a los tribunales en el BOE.

*José Antonio Herce es economista y director del informe para Uber sobre los efectos de la liberalización de las licencias VTC​ (mayo 2017).