Restringir la movilidad en las ciudades no es progresista

Un decreto exprés y restrictivo no parece la mejor vía para construir un espacio progresista, inclusivo y sostenible de movilidad en España, sino todo lo contrario

Foto: Uno de los coches participantes en la marcha VTC. (M.MC)
Uno de los coches participantes en la marcha VTC. (M.MC)

El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto Ley para regular el sector de los vehículos con conductor, conocidos como VTC, después de las movilizaciones de algunos colectivos del taxi, que colapsaron las principales ciudades el pasado verano, con comportamientos incívicos o incluso violentos.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha cedido, en buena medida, a la presión de sacar adelante una nueva regulación que restringe la actividad de las VTC, y lo ha hecho de una forma apresurada, en lugar de profundizar en el verdadero problema de fondo, que es la movilidad sostenible e inclusiva en las ciudades.

¿Tan urgente era disponer de esta normativa? ¿Era imprescindible sin un debate más sereno? ¿Hasta qué punto han influido más las presiones del taxi que el interés general de los ciudadanos? ¿De qué forma han pesado los posibles pactos políticos entre el PSOE y otros partidos como Podemos para acelerar este decreto? Estas preguntas se las puede hacer cualquier ciudadano de a pie. Yo, desde luego, no tengo respuestas. Y además, nosotros, en Cabify, no nos dedicamos a la política.

Nos sentimos más cómodos haciendo realidad día a día lo que inicialmente nació, con cierto idealismo, como una 'startup' cuyo objetivo central era —y sigue siendo— generar nuevas formas de movilidad sostenible en las ciudades. Somos una empresa española de movilidad nacida en 2011 en un pequeño piso de un popular barrio de Madrid. A base de mucho esfuerzo y momentos muy complicados, hoy somos los que somos, y estamos orgullosos de estar donde estamos, en 13 países y 130 ciudades.

En nuestra sede corporativa de Madrid, trabajamos 300 personas, a las que suman otras 100 en las delegaciones de Barcelona, Alicante, Málaga, Sevilla y Valencia. Somos jóvenes con una edad media en torno a 30 años, de ese colectivo que hace apenas 3 o 4 años tenían que emigrar a otros países, porque aquí no había oportunidades. En Cabify, sí las hemos encontrado.

Conductores de VTC en la protesta del jueves en la Castellana. (Reuters)
Conductores de VTC en la protesta del jueves en la Castellana. (Reuters)

Además, en la industria de la VTC, hay hoy cerca de 20.000 conductores en activo, y se pueden incorporar otros 25.000 en los próximos meses. Hablamos, ni más ni menos, de más de 45.000 familias afectadas. Muchos de ellos vienen de situaciones de paro de larga duración y me repiten muy a menudo, cuando subo a un coche de incógnito: Cabify me ha cambiado la vida y me ha dado una segunda oportunidad. Por ellos, sí merece la pena luchar cada día por Cabify. Y por ellos, por los conductores que colaboran con nosotros, hemos firmado un acuerdo por el empleo de calidad con el sindicato UGT.

Todo este colectivo, tanto nuestros empleados directos como los indirectos, han vivido con preocupación los acontecimientos de las últimas semanas. Y quiero, desde esta tribuna, agradecerles todo el esfuerzo que vienen realizando los últimos meses.

Llevamos en el ADN cumplir con la legalidad en todos los países donde operamos y por supuesto, en primer lugar, en nuestra propia casa. Y pagamos en España el 100% de los impuestos, tributos, cotizaciones y tasas que nos corresponden, en contra de lo que espuriamente se ha difundido en alguna ocasión, ya que creemos que eso no solo es una obligación legal, sino también ética y moral.

En Cabify, creemos en la movilidad sostenible a largo plazo. Por ello, nos preocupa mucho que se aprueben medidas que comprometan esta visión, no solo como empresa, sino como ciudadanos. Un decreto tecnofóbico, anti-empleo y que no resuelva ningún problema de movilidad en las ciudades, sino que los aumente, habría sido una muy mala noticia. El decreto aprobado ayer por el Gobierno va en la línea de restringir la actividad de las VTC y eso no es positivo como punto de partida. Aunque abre un periodo de 4 años, en el que deseamos que pueda debatirse a fondo sobre las soluciones reales para la movilidad en las ciudades.

El ministro de Fomento José Luis Ábalos, y la ministra portavoz Isabel Celaá. (EFE)
El ministro de Fomento José Luis Ábalos, y la ministra portavoz Isabel Celaá. (EFE)

Restringir las opciones de movilidad en las ciudades no es progresista, es conservador. Quienes defienden restricciones son los monopolios o quienes poseen unos derechos que, bajo ningún concepto, quieren perder, aun a costa de que ello sea en detrimento de la población. En Madrid, por ejemplo, entran cada día 2,5 millones de vehículos particulares, normalmente ocupados por una sola persona, que después permanecen aparcados durante horas en las calles, ocupando el espacio público.

Este debería haber sido el foco de un debate abierto y transparente. En cambio, se ha regulado con un decreto exprés, sin ninguna necesidad de ello. Y se ha hecho, además, sin una visión clara de lo que realmente interesa a los ciudadanos: una movilidad sostenible que permita un uso más eficiente de todas las alternativas, tanto el transporte público —incluido el taxi—, como las nuevas fórmulas (VTC, coches compartidos, motos eléctricas, bicicletas, etc.) y otras muchas que van a llegar.

El conflicto del taxi y las VTC es artificial. La realidad va a superar este debate en pocos años, incluso en apenas meses. No se puede poner puertas al campo. El problema del taxi, si existe, no se soluciona poniendo trabas a las VTC u otras alternativas de movilidad, sino incentivando la convivencia entre todas las opciones.

(Reuters)
(Reuters)

No me corresponde valorar si el ministro José Luis Ábalos ha dado una patada adelante para quitarse un problema de encima con la aprobación de este decreto exprés. Tampoco si hay una contradicción entre cómo afecta el decreto a Cabify, una historia de éxito del emprendimiento español, y la defensa del ecosistema de las 'startups' y la innovación de la ministra Reyes Maroto. No analizaré los posibles costes patrimoniales para el Estado, en caso de restringir derechos adquiridos, y su efecto sobre el déficit público, cuya guardiana, la ministra María Jesús Montero, tendrá en su caso que considerar. O qué decir de los problemas de competencia, unidad de mercado y seguridad jurídica, y cómo la ministra de Economía, Nadia Calviño, va a explicarse en Bruselas. Sin descartar tampoco, en este sentido, que desde la propia Comisión Europea se pudiera cuestionar la nueva normativa.

Lo más relevante es que un decreto exprés y restrictivo no parece la mejor vía para construir un espacio progresista, inclusivo y sostenible de movilidad en España, sino todo lo contrario. Desde Cabify siempre hemos tendido la mano al Gobierno, las CCAA y los Ayuntamientos para colaborar y encontrar fórmulas —que las hay, y muy numerosas— que combinen la transición del sector del taxi al nuevo entorno de competencia, con un mayor abanico de opciones de movilidad en beneficio de la ciudadanía, las ciudades y el medio ambiente. Y lo vamos a seguir haciendo. Pese a la ausencia, hasta ahora, de un diálogo constructivo y con una visión a largo plazo por parte de las Autoridades. Ojalá cambie a partir de ahora.

*Juan de Antonio es fundador y CEO de Cabify.

Tribuna

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