El secretismo sobre los implantes en Europa solo puede tener efectos negativos

Hace ya casi cuatro años que me reuní en Córdoba con un grupo de mujeres afectadas por el anticonceptivo Essure, un dispositivo que ha ocasionado problemas —en algunos casos, muy graves— a miles de mujeres en todo el mundo. Unos meses antes, la conocida abogada y activista Erin Brockovich había comenzado a recoger testimonios y a dar a conocer los efectos secundarios que tenía Essure en demasiadas ocasiones.

Este caso me puso en contacto con una realidad mucho más cruda de lo que habría imaginado. Las afectadas por Essure en España empezaban a organizarse para hacer oír su voz, pero la suya era una lucha desigual y compleja. Ellas pedían dos cosas: que dejara de comercializarse el anticonceptivo y que se creara un protocolo para su extracción segura. Muchas de las mujeres que se sometieron a la retirada tuvieron complicaciones en las operaciones. El Confidencial ha contado el caso de María Ángeles, que falleció después de que le retiraran el dispositivo.

Bayer, la farmacéutica que lo comercializaba, se negaba a reconocer ningún problema. Se dio el caso de un doctor —miembro para más señas de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)— que llegó a hacer afirmaciones vejatorias sobre las mujeres que denunciaban los problemas con el anticonceptivo.

Durante estos años, hice lo que entiendo que debe hacer un representante público: instar a las administraciones a actuar en defensa de los derechos de los ciudadanos y utilizar mi voz pública para sensibilizar sobre la cuestión. Los que nos embarcamos en esta causa tuvimos la satisfacción de comprobar cómo Bayer, en 2017, anunció por fin que dejaba de comercializar Essure, aunque siguió sin reconocer ningún tipo de anomalía en su funcionamiento.

Escribí entonces a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, pidiéndole que impulsara la creación de un protocolo sanitario para la extracción segura de Essure a las mujeres que lo solicitaran. Me contestó de inmediato afirmativamente, y ahora ese protocolo existe. Es cierto que debió establecerse años antes, pero creo que es justo agradecer a Montserrat su compromiso.

El caso de Essure, así como tantos otros que está sacando a la luz la investigación The Implant Files, cuestiona la forma en que las administraciones nacionales y europeas están gestionando la seguridad de los pacientes que se someten a implantes. Aunque recientemente se ha aprobado una normativa europea que, sin ninguna duda, mejora la anterior, es justo preguntarse si lo legislado está a la altura de las necesidades y de las exigencias de una sociedad moderna.

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Europa se precia de proteger a los ciudadanos en muchos aspectos, y sin duda es cierto. La Unión es la responsable de las normativas más desarrolladas y exigentes del mundo en materias como la seguridad alimentaria o la protección de la privacidad, hasta el punto de que estos logros son cuestionados en ocasiones como excesivos y utilizados por los adversarios políticos de la UE para acusarla de intervencionista.

En cambio, no parece que en lo relativo a la seguridad de los pacientes y usuarios de implantes y dispositivos médicos estemos actuando con el mismo rigor. No existe la suficiente transparencia respecto a los resultados de las pruebas a que se someten estos dispositivos ni respecto a los efectos secundarios y casos negativos que surgen con los años. Esta transparencia es crucial en unos tiempos en que se dispara la innovación y llegan cada año al mercado cientos de nuevos dispositivos cuyos efectos a largo plazo no se pueden conocer con certeza.

[Documental: ¿pacientes o cobayas?]

La relación de los poderes públicos —y, en particular, de la UE— con las industrias de la salud siempre ha sido problemática. Algunos políticos y líderes de opinión han fomentado la percepción de que la industria es un monstruo malévolo que nos engaña, nos hace enfermar y a la que solo le importa la cuenta de resultados. Otros han tenido tratos oscuros con la industria que han terminado en casos poco edificantes de puertas giratorias. Ni unos ni otros hacen favor alguno a los ciudadanos.

Es normal que la industria farmacéutica se organice y gestione 'lobbies' para hacerse oír en Bruselas. No olvidemos que el Parlamento Europeo también tiene mecanismos para que se escuchen las voces de los ciudadanos y sus legítimas reclamaciones, como la comisión de Peticiones. La relación con los 'lobbies' está razonablemente bien regulada en el ámbito europeo, no así en el español.

Lo cierto es que el sector de la salud no es uno más. Sus acciones tienen importantísimas consecuencias sobre las vidas de los pacientes y usuarios. En mi opinión, los principios que deben guiar su relación con la sociedad —mediada por los poderes públicos— son los de la transparencia y la rendición de cuentas. Las normativas nacionales y europeas deben revisarse de forma crítica a la luz de estos principios. El secretismo y la falta de información solo pueden tener efectos negativos por más de una vía. Por una parte, pueden evitar que se tarde demasiado en reconocer problemas, como en el caso del Essure. Por otra, la opacidad reforzará la posición de movimientos como el de los antivacunas y otros teóricos de la conspiración, enemigos de la salud de todos.

La Unión Europea ha servido, entre otras cosas, para aumentar los estándares de seguridad en miles de productos y sectores. No es aceptable que uno de los más sensibles, el de los implantes y otros productos sanitarios, sea la excepción. Los ciudadanos no lo van a tolerar, así que más les vale a las autoridades tomar nota.

*Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE). Acaba de publicar 'Eres liberal y no lo sabes' (Deusto).