Políticos y la España del 'pelotazo': el verdadero origen de la 'guerra del taxi'

El nuevo episodio del conflicto del taxi demuestra que la actuación del Gobierno el pasado verano, lejos de solucionarlo, solo lo ha diferido. Ayer la Generalitat de Cataluña, en uso de sus recién estrenadas competencias, anunció nuevas restricciones a los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), que juegan aparentemente favor del sector del taxi, si bien las asociaciones de taxistas catalanas -en el momento de escribir estas líneas-, han convocado ya un paro indefinido al considerarlas insuficientes.

En Valencia, tras algunas manifestaciones, se han iniciado también trabajos legislativos similares a los de Cataluña, y en Andalucía los taxistas velan armas esperando el nombramiento del nuevo responsable del área de Fomento para pedirle, confiemos que no sea necesario hacerlo desde la calle, una regulación pareja.

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Manuel Ángel Méndez

En la Comunidad de Madrid, el pasado jueves casi nueve mil taxistas de Madrid votaron en un referéndum la convocatoria también de un paro indefinido del sector coincidiendo con la Feria Internacional del Turismo, FITUR. Es precisamente en Madrid donde el servicio VTC ha proliferado hasta ser tan popular como los taxis. Frente a ese anuncio, el presidente regional, Ángel Garrido, con acierto en el diagnóstico, pero con evidente retraso en la actuación, ha efectuado el anuncio de medidas legales exprés “en defensa de los derechos de los taxistas”, que, “están sufriendo una situación francamente injusta”. Es ominoso el silencio de la Alcaldesa Carmena, que pese a tener competencias para regular el transporte urbano, prefiere sacar rédito político de la situación y da la espalda a la cooperación institucional con la Comunidad de Madrid.

Cónclave en Madrid

El próximo lunes las asociaciones de taxistas madrileños están citadas a un encuentro con el Gobierno autonómico, donde confían en que las propuestas que se pongan sobre la mesa sean suficientes para permitir que las VTC encajen en un mercado distinguible del taxi, de modo que ambas modalidades puedan coexistir y que la capital siga siendo una ciudad moderna y equilibrada donde los ciudadanos gocen de libertad para elegir su movilidad de manera ordenada y bien regulada.

De otro modo será difícil aliviar las medidas de presión de los taxistas, que es probable que no cuenten con el favor del público, porque a cualquier ciudadano ajeno a las raíces del conflicto entre taxis y VTC, estas medidas le pueden parecer muy duras o desproporcionadas, sin lógica o incluso injustas. Muchos las calificarán de incomprensibles, pero para entender lo que les ocurre, hay que empatizar con una sensación de frustración y profundo hastío que ha calado en los taxistas.

Los motivos de indignación de los taxistas, hunden sus raíces en que España creó durante décadas un sector, sobredimensionado y clientelar, de 65.000 taxistas autónomos a quienes, con estrictas leyes, les han impedido su desarrollo empresarial y evolucionar a la par de las preferencias de consumo. Para colmo, una errática gestión política desde la liberalización del sector por Zapatero en 2009, hasta la vuelta al mercado regulado de Rajoy en 2015, han propiciado un nuevo episodio de la España del pelotazo que ha tenido como consecuencia un crecimiento especulativo de las VTC, decuplicándolas.

Especulación con las VTC

Este incremento viene estimulado por la irrupción de las plataformas digitales, que crean un nuevo mercado de servicios al que los taxistas por los frenos regulatorios a su competitividad no pueden acceder en igualdad de condiciones. Además, empresas disruptivas como Uber y Cabify emplean una política comercial agresiva y basada en la sistemática trasgresión de las normas, que impide una convivencia ordenada entre ambas modalidades de servicios.

El escenario resultante implica que, los poderes públicos, por una cuestión de dignidad y justicia material para los agraviados taxistas, y por una cuestión de interés público y eficiencia de los mercados de servicios, deberían haber adoptado medidas para compensar esa situación y ofrecer un futuro de convivencia, antes de dar más pasos sin dirección fija, como ha hecho el Gobierno este verano con un Real Decreto-Ley que, en vez de adoptar soluciones eficaces, sencillamente ha trasladado el problema a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, haciendo de la frustración de miles de taxistas un arma arrojadiza política entre partidos.

Para obtener esa compensación creemos que no hay que hacer como los malos árbitros, que pitan injustamente al rival para equilibrar su anterior error. Tampoco compensar con privilegios, sino reparar el daño con el mínimo perjuicio al interés general.

Perpetuar la guerra

El conflicto ha engordado porque desde la irrupción de Uber y Cabify no se ha enfocado el problema persiguiendo su solución, ni con ánimo de restituir los derechos de los taxistas, ni de reordenar el mercado para promover la convivencia armónica entre ambos servicios. También, muchos de los que debían trabajar para la solución son parte del problema y les conviene perpetuar la guerra con fines espurios. Para remate, la peor parte de la política también se ha adueñado del terreno. Quienes propusimos un pacto por la movilidad entre administraciones, predicamos en el desierto.

Esperamos que el conflicto no se desborde y cunda la responsabilidad. Que pese a las urgencias legislativas por la situación preelectoral, se diseñe un sistema de compensaciones al taxi por parte de las VTC y las plataformas que las operan, que destinen parte de sus ingresos a dichas compensaciones. Que se entreguen al taxi herramientas legales para poder competir y ofrecer mejor servicio al usuario. Que sea posible distinguir entre sí los servicios de ambas modalidades y equilibrarlas, reservar tráficos por zonas restringidas y carriles específicos al taxi como servicio de interés general que es, digitalizar la inspección para controlar eficazmente las invasiones del mercado ajeno, adecuar el tamaño y operatividad temporal de la flota a las necesidades reales de la demanda, permitiendo así la rentabilidad de ambas actividades sin entrar en prácticas predatorias

.Además, con la vista puesta en el medioambiente y la congestión del tráfico, que se puedan reducir los desplazamientos en vacío por ineficientes y no sostenibles y mitigar la presencia de vehículos ociosos en las calles, especialmente centros históricos. Y por último equiparar los requisitos de acceso y formación de los conductores y aplicarles los necesarios controles sobre jornadas y aspectos relativos a la seguridad vial.

A la postre, regular eficientemente. Las autoridades de competencia enfurecen con la sola idea de nuevas restricciones a las actividades económicas en sectores regulados y los representantes y abogados de ambas partes, afilamos lápices para recurrir o defender cualquier norma que se dicte, pues el futuro se acabará jugando en los tribunales.

*Emilio Domínguez es abogado y secretario técnico de Fedetaxi