Por qué necesitamos (más que nunca) un Ministerio de Asuntos Digitales

No es preciso insistir demasiado en los avances incuestionables que suponen para la sociedad la innovación tecnológica y ahora las tecnologías disruptivas (ya no tiene sentido hablar en 2020 de «nuevas tecnologías», pues su novedad dejó de serlo hace tiempo). También nos traen desafíos y peligros, y exigen adaptar dinámicamente las políticas públicas de todas nuestras administraciones.

El Derecho, y contra lo que suele pensarse, cuenta con técnicas y herramientas para hacer frente a los cambios tecnológicos. Los juristas nos estamos enfrentando a fenómenos tales como Internet, las redes sociales y las plataformas digitales, el big data, el cloud computing, la robótica, la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes, el blockchain o la impresión en 3D, por citar algunos ejemplos que cuentan ya con estudios jurídicos solventes.

Más aún, el Derecho incluso pudo capear con éxito acontecimientos mucho más traumáticos –ahora los calificaríamos de disruptivos– como fue el caso de la Revolución Francesa. Entre nosotros, el maestro García de Enterría lo describió certeramente al señalar cómo "la Revolución Francesa fue un tajo decisivo entre lo que a partir de entonces se llamaría, muy justamente, el Antiguo Régimen y el nuevo orden político y social que pretendió crearse sobre fundamentos enteramente nuevos".

Y existe un consenso generalizado, reflejado en los programas electorales de prácticamente todos los partidos políticos, en que impulsar la digitalización de nuestro país debe ser uno de los ejes prioritarios de actuación de todo Gobierno para obtener una mejora en competitividad, en creación de empleo estable y de calidad y en crecimiento económico, si bien garantizando a la vez que la innovación tecnológica respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos, impidiendo que nos haga a las personas menos humanas y más pasivas, con una dependencia creciente que pueda anular la libertad y la humanidad de cada ser humano.

El paso siguiente, urgente e importante a la vez, es la creación de un Ministerio autónomo dedicado a los Asuntos Digitales, como por otra parte ya han realizado algunos de los países más avanzados de nuestro entorno.

Sus objetivos pueden abarcar desde la transformación digital de empresas y administraciones públicas, el emprendimiento en sectores emergentes (como, por ejemplo, robótica, inteligencia artificial, salud, ciberseguridad, ciudades inteligentes o medio ambiente), pasando por la reducción de la brecha digital hasta la ciberseguridad. Y es que sin un alto nivel de seguridad jurídica y de ciberseguridad nadie confiará en las nuevas empresas ni en los servicios públicos digitales.

Como se sabe, los Ministerios son las piezas clave en las que se estructura la Administración del Estado, y cada Ministro es también el punto de unión entre el Gobierno y el complejo organizativo que supone todo Departamento ministerial. El número y estructura de los Ministerios es determinado libremente por el Presidente del Gobierno.

La previsión de una Secretaría de Estado, que es un viceministerio sectorial dentro de un Departamento ministerial, no es suficiente por varias razones. Aquí quiero destacar dos. En primer lugar, cabe apuntar la extensión y complejidad de los asuntos digitales, que convierten a esta materia en un área hoy ya autónoma y con perfiles propios. En segundo lugar, en la Administración rige el principio de jerarquía orgánica, que implica supraordenación por un lado y subordinación por el otro. Pero lo digital afecta transversalmente a prácticamente todos los Ministerios, lo cual exige unas políticas públicas bien coordinadas, y el inferior rango jerárquico de la Secretaría de Estado afecta negativamente a la forma de desarrollar la coordinación interministerial.

Y frente a las posibles objeciones desde la óptica presupuestaria, me gustaría recordar que ya contamos con una sede física en la que actualmente está ubicada la Secretaría de Estado para el Avance Digital, que puede ser el punto de partida para instaurar este nuevo Ministerio de Asuntos Digitales. Ojalá que el inminente diseño ministerial que actualmente se está perfilando pueda materializar esta necesidad.

***

Moisés Barrio Andrés es Letrado del Consejo de Estado, Profesor de Derecho de Internet y Experto en Ciberderecho.