La evidencia abrumadora de que los aerosoles transmiten el coronavirus

El pasado lunes, día 5, la prestigiosa revista 'Science' publicó esta carta de un grupo de científicos en la que afirman que existe una evidencia abrumadora de que los aerosoles son un modo de transmisión del coronavirus y solicitan: “Además de los mandatos existentes sobre el uso de mascarillas, el distanciamiento social y las medidas de higiene, instamos a los funcionarios de salud pública a que agreguen una guía clara sobre la importancia de trasladar las actividades al aire libre, mejorar el aire interior mediante ventilación y filtración y mejorar la protección para los trabajadores de alto riesgo”.

Con anterioridad, el Director del Centro de Coordinación de emergencias y alertas sanitarias de España había sido preguntado sobre la transmisión del virus por aerosoles, respondiendo al menos en dos ocasiones que no había evidencia sólida fuera de entornos hospitalarios, con lo que no veía necesario tomar medidas extra. Esta exigencia contradice el principio de precaución que surgió en la normativa medioambiental y de ahí se extendió a otros sectores como la protección de la salud. Se incorporó a nuestra Ley General de Salud Pública (LGSP) en su art. 3 donde nos dice que “la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran”.

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Es decir, no hace falta esperar a la evidencia (según la RAE, la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”). La ley y el principio de precaución obligan a adoptar preventivamente medidas para prohibir o limitar las actividades que puedan generar ese riesgo desde el momento en que existan indicios fundados (que según el mismo diccionario es un “fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”).

¿Existen indicios fundados de la transmisión del coronavirus por aerosoles fuera de los entornos hospitalarios?

Sí y desde hace bastante tiempo, aunque la OMS ha tenido y tiene una actitud de reparo a admitir esta forma de contagio como explica aquí el profesor José Luis Jiménez. La OMS en su informe de 9 de julio de 2020 admite la posibilidad del contagio al afirmar que “no se puede descartar la transmisión de aerosoles de corto alcance, particularmente en lugares interiores específicos, como espacios abarrotados y con ventilación inadecuada durante un período prolongado con personas infectadas…”.

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El Gobierno de España y los de las Comunidades Autónomas lo están asumiendo también cuando en este acuerdo de 27 de agosto de 2020 para centros educativos se dice que “Más allá de las medidas de limitación de contactos y de prevención personal cobran especial relevancia las de limpieza y ventilación. Cada vez hay más evidencia del impacto que los espacios cerrados tienen en la transmisión del virus…”.

Igualmente en las “Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2” de 30 de julio de 2020 de los Ministerios de Sanidad y para la transición ecológica aunque se dice que la OMS establece que no hay evidencia suficiente, sin embargo acepta que los aerosoles pueden jugar un papel en el contagio del virus afirmando que “se ha sugerido que en algunos brotes documentados en espacios cerrados, con ventilación escasa o deficiente y una elevada concentración de personas existe la posibilidad de una transmisión aérea en combinación con la transmisión por gotas y contacto” y proponiendo medidas concretas para mejorar esa ventilación.

También el propio Director del centro de coordinación de emergencias sanitarias en la rueda de prensa del pasado 1 de octubre dijo que había una evidencia sólida en que la ventilación servía para reducir la gripe y que es una medida que tiene un impacto importante en la transmisión de enfermedades respiratorias.

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Asimismo existen estudios científicos que apuntan a que esto es así. Además de la carta publicada en 'Science' que hablaba de evidencia abrumadora, existen otros estudios como el del profesor Jiménez en relación con un coro que apuntan en esa dirección.

Para finalizar, a raíz de todos esos estudios científicos, los CDC, el equivalente norteamericano de la OMS, han modificado este lunes 5 de octubre su guía pasando a aceptar que existe evidencia de la transmisión del virus por aerosoles en determinadas circunstancias (espacios cerrados que tenían ventilación inadecuada).

Por todo ello, la existencia de indicios fundados reconocidos por la OMS y por el Gobierno desde hace meses obligaba a las autoridades sanitarias a haber adoptado ya hace tiempo las medidas de protección necesarias para evitar los contagios por esta vía.

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Por otra parte, el art. 10 LGSP obliga a las autoridades sanitarias a informar “sobre la presencia de riesgos específicos para la salud de la población. Esta información incluirá una valoración de su impacto en la salud, de las medidas que adopten las Administraciones sanitarias al respecto y de las recomendaciones para la población”.

Por ello, también se debería de haber informado desde hace tiempo a la población del riesgo existente de transmisión aérea del virus para que los ciudadanos hubiesen podido adoptar las medidas de protección adecuadas.

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Que las autoridades incumplan las leyes, supone en este caso vulnerar también la Constitución. Su art. 1.2 otorga la soberanía al pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. Primero son los ciudadanos y después las Administraciones, que actúan con base en el poder delegado que cada uno de nosotros les cedemos. Y el art. 103 CE obliga a la Administración a someterse a la ley y servir con objetividad a los intereses generales.

La falta de información clara, la constante ausencia de la prevención necesaria y el incumplimiento de la legislación vigente por parte de las autoridades tienen un coste para nuestra sociedad muy alto: Una destrucción sin precedentes de recursos económicos y una inaceptable pérdida de vidas humanas.

*Diego Gómez Fernández. Abogado y profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Vigo.