El clima pide justicia y se nos acaba el tiempo

Llevamos años asistiendo al deshielo del Ártico, la subida del nivel del mar, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos o la extinción masiva de especies animales y vegetales. Los impactos del cambio climático se están acelerando y lo que hoy observamos es solo un primer aviso de consecuencias potencialmente más catastróficas. En España, uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático, las sequías, las inundaciones y los incendios son cada vez más devastadores. Y, como siempre, las personas más vulnerables son las más expuestas, las que más sufren sus consecuencias, aunque sean las menos responsables de las causas que originan el cambio climático.

La crisis climática ya estaba presente y ya requería compromisos urgentes desde antes de que estallara la crisis de la COVID–19. Aparcarlos supondría poner en riesgo el futuro digno y sostenible de todas las personas. Las soluciones de corto y largo plazo deben estar alineadas y pasan por repensar el modelo de sociedad que tenemos, invirtiendo más en las personas y en el medio ambiente en lugar de favorecer el enriquecimiento y consumismo insostenible de unos pocos.

Para evitar el peor de los escenarios sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes.

La falta de compromiso en la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático de una parte importante de la clase política también viene de lejos. Y el actual Gobierno, pese a ser el que más ha visibilizado su defensa del medio ambiente, continúa sin poder garantizar compromisos capaces de cumplir con el objetivo marcado por el Acuerdo de París.

Por todo ello, hemos decidido recurrir a la justicia y poner en marcha el primer litigio climático de la historia de España. No se trata, por tanto, de una impugnación a la política de un Ejecutivo en concreto, sino de una denuncia a la falta de ambición de las políticas de mitigación del cambio climático tanto del actual Gobierno como de los anteriores que fueron aún peores y mucho más laxas. Es el momento de que la sociedad civil reclame sus derechos climáticos ante los tribunales.

La crisis sanitaria nos ha situado en una encrucijada: es ahora o nunca. A pesar de la tragedia y el dolor que ha supuesto la COVID–19 para millones de seres humanos en el mundo, también ha sido una demostración de que los líderes mundiales son capaces de reaccionar y tomar decisiones drásticas ante una emergencia. En estos momentos hay demasiado en juego. Los fondos para la reconstrucción económica deberían contribuir no solo a paliar los efectos de la pandemia sino también a impulsar la transición ecológica. Para ello, es necesario que se destinen a proyectos que aceleren esa transición y no al rescate de empresas altamente contaminantes.

En su toma de posesión, una parte del Gobierno realizó una invitación a la sociedad civil y a las organizaciones sociales: que fuésemos exigentes con el Ejecutivo y les obligáramos a cumplir sus compromisos con la ciudadanía. En ello estamos. En vista de que la clase política continúa sin ponerse de acuerdo y de que, cuando lo hace, actúa con enorme tibieza, ha llegado la hora de recurrir a la justicia para pedirle que actúe para defendernos.

No es casualidad que actualmente el mundo esté inmerso en una ola de litigios climáticos. Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son solo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa, algunas ya con sentencias que han obligado a los Ejecutivos a actuar con más ambición, como Holanda. Cuando los responsables públicos fallan en la protección del futuro y del bien común, recurrimos a la justicia para evitar un colapso de terribles consecuencias. Se nos acaba el tiempo y nos va la vida en ello.

*Luis Rico es coordinador de Ecologistas en Acción, Mario Rodríguez, director de Greenpeace, y Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.