Caja de Ahorros SGAE

Año 2003. Las sociedades gestoras de los derechos de autor y ASIMELEC firman un acuerdo privado por el que incorporaban un canon para los CDs  y DVDs en España. Tres años después, el Congreso incluye en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual un mandato que pone nombre y precio a una veintena de soportes y equipos electrónicos objeto de aplicación del canon por copia privada. En 2011, la Audiencia Nacional anula la orden ministerial de 2008 por no haber contado, ente otros, con el dictamen del Consejo de Estado.

La noticia en sí no tiene trascendencia para los bolsillos de los ciudadanos, ya que no se va a devolver lo que se cobró de forma ‘fraudulenta’, pero sí que ha conseguido algo, reabrir el debate sobre si el canon es el instrumento perfecto para conseguir solucionar el problema de los derechos de propiedad intelectual.

Y es que el negocio del canon digital en España ha empezado a mover grandes cantidades de dinero. El año pasado, las entidades de sociedades gestoras de derechos de autor ingresaron 100,2 millones de euros en sus arcas por este asunto. Dinero contante y sonante gracias a la ‘presunción’ de que los usuarios iban a hacer tropelías con los dispositivos tecnológicos que habían adquirido. El pastel se lo repartieron ocho sociedades, aunque la principal beneficiaria de esta inyección de capital fue la Sociedad General de Autores y Editores que acapara la cuarta parte.

El tema no es baladí. Cerca del 10% de los ingresos globales de la SGAE  provienen del canon digital, algo preocupante a sabiendas que esa cantidad proviene del bolsillo de los ciudadanos disfrazado de tasa. Bajo la bandera de “salvemos la industria musical”, la sociedad se ha convertido en una nueva caja de ahorros, donde cada artista que quiera sacar un disco tiene que ‘abrirse una cuenta’ en esta entidad financiera que roza el monopolio, y estar sometida a una política de uso que sus 'clientes' desconocen por completo.

Y es que la transparencia del reparto del dinero recaudado por el canon digital entre los artistas es uno de los temas más debatidos. Mientras la Ley de Cajas está animando a que estas entidades se fusionen y se bancaricen para mejorar su transparencia, la Caja SGAE sigue a lo suyo y continúa gestionando el dinero sin que se sepa el destinatario del mismo. Algo que no tendría mayor trascendencia si no estuviésemos hablando que parte de ese dinero lo abona cada hijo de vecino.

El canon digital es un impuesto indirecto que pagamos todos los consumidores de tecnología para que una industria que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, pueda seguir manteniendo sus ingresos. Mientras otros sectores reinventan sus modelos de negocio para mantenerse a flote, otras industrias, como la musical, han decido optar por la vía fácil usando para ello el paraguas de la cultura y con el beneplácito del Gobierno, que se fía de cómo gestionen ese capital.

Lo más viable sería suprimir el canon digital en su totalidad dejando al margen a los usuarios y crear un sistema público, controlado y con garantías que pudiese gestionar este dinero. Mientras tanto, el usuario seguirá siendo una hucha gigante de la que poder sacar hasta el último céntimo.

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