En defensa del urbanismo

Uno de los padres del Urbanismo, Sir Raymond Unwin (1863-1940), escribía, en la Inglaterra de 1909:

“Hectáreas y hectáreas de terreno, que personas no muy avanzadas en edad pueden recordar todavía como campos abiertos, aparecen hoy cubiertas por densas masas de edificaciones que se apiñan en hileras a lo largo de las calles, dispuestas completamente al azar, sin ninguna consideración con los intereses generales de la comunidad.”

“Las casas han invadido los terrenos hasta su límite máximo, sin tomar en consideración el hecho de que dicha densificación resulta antieconómica desde cualquier punto de vista, excepto el de extraer el máximo jugo de la renta de cada hectárea de tierra.”

Quizá el lector reconozca los males descritos y le sorprenda que se refieran a un país y fecha tan lejanos. Es bueno, por tanto, tomar cierta perspectiva. Los conflictos de intereses entre, por un lado, el bien común que representan los paisajes y costas y la necesaria ordenación de la ciudad y el territorio, y, por otro lado, la codicia individual de algunos promotores sin escrúpulos, aliados con políticos corruptos, no son sólo de aquí ni de ahora.

Sabemos que, en algunos momentos, las hormigoneras españolas giraban en una danza endemoniada, construyendo (2006) más viviendas que Francia, Alemania y Reino Unido juntos. Cualquier persona sensata sabía que eso no podía ser; la catástrofe estaba anunciada. Han faltado mecanismos de control eficaces. Pero recordemos que el propio Banco de España negaba la burbuja. Aunque algunas voces, como los Colegios de Arquitectos, sí que advertían del problema ya en ese mismo 2003, a diferencia de la asociación de promotores.

Demasiados intereses políticos y económicos entremezclados, potenciando, a escala nacional, un modelo de crecimiento erróneo y cortoplacista basado en el ladrillo.

Desafortunadamente, los excesos cometidos podrían llevar a muchos, nuevamente, a clamar por el mantra de la “total liberalización” del suelo (ya intentada por el PP), identificando erróneamente la existencia misma de una ordenación y un régimen de autorizaciones como causa principal del desastre.

Nuevamente, hay que tomar perspectiva y recordar que hubo también burbuja inmobiliaria en países tan diferentes como EEUU o Irlanda, con regulaciones de suelo más laxas. La mal llamada “globalización” facilitó el contagio. No fue, por tanto, un fenómeno exclusivamente español, ni debido a la regulación del suelo per se.

Los excesos cometidos podrían llevar a muchos, nuevamente, a clamar por el mantra de la “total liberalización” del suelo (ya intentada por el PP), identificando erróneamente la existencia misma de una ordenación y un régimen de autorizaciones como causa principal del desastre

La mala praxis bancaria, la avaricia desmedida y el exceso de endeudamiento se unieron, en el caso español, al caciquismo endémico y la corrupción, apoyada en la falta de transparencia y de hábitos democráticos de nuestra sociedad, junto con la atomización normativa en 17 taifas con sus clientelismos locales, la condición de principal fuente de financiación de los ayuntamientos, y la incultura y falta de visión a largo plazo de nuestros gobernantes, que no piensan más allá de una legislatura, desembocando en el generalizado uso torticero de las potestades urbanísticas. El último eslabón fue la falta de medios y de ganas de combatir la corrupción de forma efectiva, con la complicidad culpable de los dos principales partidos.

Es indudable que la forma en que se desarrollen las ciudades o incluso una edificación aislada, afectarán no solamente a sus propietarios, sino también a la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. No podemos permitir que una industria inadecuada se sitúe en un barrio residencial o que una edificación ilegal arruine un paisaje para siempre, por no hablar de las costas españolas, prácticamente destruidas para las generaciones venideras por la avaricia insensata de los gestores de una época concreta.

Por tanto, reflexionando un poco, no debe ser puesta en duda la necesidad de regular y vigilar la construcción en cuanto a su ubicación, volumen, aspecto estético, usos autorizados, cumplimiento de normativas, o condiciones de habitabilidad, que aparece como una exigencia ineludible de toda sociedad que se llame avanzada.

De cara al futuro, debemos preguntarnos ¿Qué cambios legislativos serían deseables en España para erradicar estos comportamientos?

Probablemente, no tanto cambios en los conceptos legales ligados a la ordenación del desarrollo urbano como el establecimiento de nuevos y diversos tipos de controles públicos más eficaces,  y el reforzamiento, vía internet, de la transparencia y libre acceso a toda la información en los procesos urbanísticos.

Por otro lado, la necesaria e inevitable convergencia y armonización de la legislación a nivel europeo, reduciendo los particularismos al mínimo imprescindible, y la estandarización y racionalización de la normativa de ordenación, junto con la potenciación de una inspección eficaz, centralizada, e independiente de los intereses locales.

Decía Ortega que la potencia creadora de naciones reside en un “Proyecto sugestivo de vida en común”, (… ) “Los grupos que integran un Estado no conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo.”

Pues bien, un genio como Le Corbusier escribía, en 1957, en sus “Principios de Urbanismo”:

“Puede ocurrir, sin embargo, que incluso en una época en que todo ha caído al nivel más bajo, en que las condiciones políticas, morales y económicas son muy desfavorables, la necesidad de construir abrigos decentes aparezca de repente como una obligación imperiosa, y que ello dé a lo político, a lo social y a lo económico el objetivo y el programa coherentes que precisamente les faltaban.”

En definitiva, que, incluso en las peores situaciones, el Estado de Bienestar que pretendemos conservar debe incluir el control urbanístico de la edificación e infraestructuras y su contención económica, desde una dimensión moral, ya que debe ser sostenible a largo plazo para no perder todo lo conquistado por las vanguardias de las que Le Corbusier formó parte, la auténtica revolución social del siglo XX.

Quizá haya llegado el tiempo de unirnos todos en esa tarea común.

*Beechclub es Arquitecto urbanista y vive en Madrid. Con más de 25 años de experiencia profesional, ha trabajado como directivo en varias empresas multinacionales y también como técnico en la Administración y en la actividad privada. Actualmente ejerce como consultor independiente.