Uría y Menéndez, un bufete entre la lealtad a los Botín y el prestigio de la justicia

Pocas veces una empresa privada, de las teóricamente pequeñas pese a ingresar cerca de 800 millones de dólares (600 millones de euros), es capaz de echarle un pulso judicial a Banco Santander, la primera entidad financiera de España, una de las más grandes de Europa. Más difícil es aguantar doce años en ese campo de batalla contra un ejército de abogados de rojo y una amplía gama de relaciones institucionales que han permitido a varios de sus directivos, entre ellos su presidente y su consejero delegado, salir indemnes de delitos muy graves.

Esa empresa se llama Grupo Zed, tiene su sede a las afueras de Madrid (en Las Rozas) y está controlada por una familia llamada Pérez Dolset. Unos tipos muy echados para adelante que han conseguido ser una de las tres mayores compañías del mundo en contenidos para móviles. Sus ingresos proceden en un 97% de fuera de España (por eso facturan en billetes verdes), dato que demuestra que se han buscado la vida por si solos sin necesidad de acudir a ningún Foro de la Competitividad a salvar la patria ni a ninguna reunión de Moncloa con empresarios jaboneros con el poder.

Esos señores les pusieron hace doce años un pleito al Banco Santander, entre la arrogancia que les daba creerse uno de los proyectos tecnológicos más punteros en el 2000 y esa insolencia de la juventud que hace no tener miedo a nada, incluido el Estado Botín. La dura realidad de los mercados les puso en su sitio en lo relativo a su incipiente negocio, llamado Lanetro, con un fracaso estrepitoso en su primer intento de salida a bolsa. Pero en el envite al banquero del reino no se han apeado de sus posiciones hasta finales del 2012. Pocas empresas se atreven a echarle un pulso judicial de 12 años al Banco Santander con un ejercito de abogados y un prestigioso bufete de refuerzo

En ese trasiego de doce años, Uría y Menéndez ha jugado un papel cuanto menos singular. Fue el despacho de abogados que contrataron los Pérez Dolset para sacar a bolsa Lanetro, para que les asesorara en la elaboración del folleto informativo de la oferta de acciones y les protegiese de las presiones de los bancos vendedores de la OPS, entre otros el Santander. La operación no llegó a cuajar por falta de demanda, por lo que estos peculiares empresarios decidieron no pagarle la minuta al bufete de juristas y reclamarle a Botín los 30 millones de euros del momento que el banco se había comprometido a inyectar en la empresa si no se completaba la colocación de acciones.

El juez les negó la razón en el primer litigio, por lo que tuvieron que pagar los 40.000 euros pactados con Luís de Carlos, socio principal de Uría y Menéndez. Pero en el segundo, el de los 30 millones, el gordo, fueron ganando asaltos. Como a Botín el asunto empezaba a escocerle, reclamó el asesoramiento de sus muchachos de Uría, el bufete que históricamente más ha trabajado en la protección de la familia santanderina y del grupo financiero. De Carlos puso al frente del delicado asunto a Jesús Remón, su mano derecha, que se encargó del recurso de casación, de alargar el proceso hasta la eternidad y de intentar ejecutar las sentencias provisionales que eran más favorables a su cliente.

Los Dolset no daban crédito al entender que un bufete de ese prestigio que había cobrado de ellos –tarde, eso si- en el origen del conflicto habían saltado la valla y se había puesto a trabajar para la contraparte. Una presunta deslealtad a la justicia que los señores de Uría niegan, al asegurar que nunca participaron en la primera demanda ni en primer recurso. Admiten que don Emilio les pidió sus conocimientos avanzado el pleito. Había que arreglar el embrollo y, sobre todo, dar una lección de quien manda para que en el futuro otros engreídos jovenzuelos no se atrevieran a retar a uno de los poderes fácticos de la patria.

Y lo cierto es que lo consiguieron. Tras varias sentencias y recursos, el Santander se vio obligado a poner los 30 millones, pero, he aquí el truco, a la valoración que el Grupo Zed tenía en el año 2000, cuando apenabas facturaba ni 20 millones. Es decir, aceptaba pagar, pero al entrar en el capital al valor nominal se quedaba con el 30% de una empresa que ya tenía una cifra de negocios de 600 millones de euros. Un pelotazo made in Botín, ya que invertía 30 millones por una participación que ipso facto valía 250 millones, según una tasación de un banco internacional aceptada por las dos partes. El proyecto de estos atrevidos chicos, en manos del mayor banco de España. Trabajar para el acusador y el acusado, para Dios y el Diablo, en un mismo caso abre el debate sobre donde está el límite de las relaciones corporativas

El trabajo de Uría había sido todo un éxito hasta octubre, cuando se convocó la junta de accionistas para ejecutar la ampliación de capital a 0,40 euros por acción. Pero el despacho recurrió el orden del día por un defecto de forma. Una demora más y otra nueva convocatoria para diciembre, momento en el que, sorpresas da la vida, llegó la sentencia del último recurso. La notificación les daba la razón a los Dolset, ya que el Santander tenía que poner la pasta, pero pagando 15 euros por título. O lo que es lo mismo, de quedarse con el 30% de Zed, pasaba a tener solo el 1%.

Goleada insólita de 15 a cero para el gran banco rojo y derrota para el bufete, que mientras tanto había estrechazo sus lazos con los Botín. Primero con el matrimonio de una de sus socias más prestigiosas, Marta Rios, con el menor de los hijos de don Emilio. Un asunto personal, pero influyente. Y segundo con la cesión al banco de uno de sus partners más reconocidos, Francisco Javier Illescas Fernández-Bermejo, como segundo directivo de la asesoría jurídica. Una relación de confianza que manifiesta la gran fidelidad entre un gran banco y un gran despacho que, sin embargo, genera interrogantes sobre la lealtad a la justicia ¿Es posible defender a un acusador y a su acusado en un mismo caso? ¿A Dios y al Diablo? Parece ser que si, aunque el sentido común sugiera lo contrario. El artículo 467.1 del código penal algo dice al respecto. 

Una pregunta para el debate sobre un complejo asunto que, gracias a la inteligencia de las partes, se ha resuelto de forma amistosa. Ni para ti, ni para mí. Los Dolset han permitido que los Botín inyecten sus obligados 30 millones a 4,88 euros por acción (ni a 0,40 ni a 15), lo cual les da derecho a tener el 4% del capital del que, curiosamente, es el principal acreedor. Y el Santander, que huele el dinero a kilómetros, se ha puesto manos a la obra para colaborar y rentabilizar esa forzada inversión en una de las empresas tecnológicas más desconocidas de España. Hasta los de Uría creen que han acabado bien.

Sean felices