A vuelta con las pensiones

“La próxima gran guerra en el continente europeo podría ser entre las generaciones.”

Steve Moore

“Es la hora de salvar el sueño europeo abandonando para ello el paradigma de pensiones de Bismarck y creando uno nuevo basado en un sistema de pensiones anclado en la propiedad de los ahorros para la vejez, la libertad individual y la responsabilidad social.”

José Piñera

La reciente aprobación por parte del Gobierno de una subida del 1% para las pensiones ha vuelto a poner en la mesa el debate sobre la viabilidad del sistema en nuestro país. Un sistema caracterizado por ser de reparto, mediante el cual las aportaciones de los activos sostienen a los pasivos. Este sistema, para no suponer una carga insostenible para los ciudadanos, plantea una exigencia fundamental para su viabilidad: que las entradas de nuevos cotizantes permitan mantener de forma indefinida las necesidades de los jubilados. Así pues, en una situación como la actual caracterizada en nuestro país por una crisis económica con una enorme tasa de paro (lo que puede y debe ser coyuntural) junto con un alargamiento de la esperanza de vida, es normal plantearse si el sistema es o no viable, durante cuánto tiempo y si existen o no alternativas.

 aquí, al referirme a la posibilidad de combinar la jubilación con el trabajo, por lo que no volveré sobre ellas. Sólo me queda añadir que un incremento de la esperanza de vida de nuestros mayores es un logro de nuestra sociedad, y que se trata de un dato del problema perfectamente conocido por los gestores de las finanzas públicas desde hace años, por lo que es a ellos a quienes compete tomar soluciones para evitar la quiebra del sistema.

Esas soluciones pasan por decisiones políticas que van desde un incremento de las cotizaciones obligatorias de trabajadores y empresas, un incremento de la población activa (mediante un incremento de la fertilidad o las aportaciones de inmigrantes, o mediante un incremento de la edad de jubilación, por ejemplo) o, como solución drástica, una modificación del sistema de pensiones. Dado que no puede exigirse una mayor carga tributaria a los trabajadores (por razones de toda índole), que la tasa fertilidad cae de forma sostenida con el progreso de la sociedad y que los flujos migratorios son muy variables, el paso de un sistema de reparto a uno de capitalización parece la única solución realista. Prácticamente todas las hipótesis de viabilidad de nuestro sistema de pensiones plantean una tasa de actividad en el entorno del 75% en un plazo de 20 años, una tasa de paro que se reduce paulatinamente hasta alcanzar el pleno empleo en el mismo plazo, y un incremento anual de la productividad por encima del 2%; como diría Pangloss, el filósofo del Cándido de Voltaire, “tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes posibles.”

El sistema de capitalización supone que cada trabajador aporta una cantidad de dinero para cubrir su propia contingencia de jubilación. Es decir, ahorra para su futuro. Existen numerosos estudios acerca de la cuestión, siendo referentes en España los de Fedea de 1995 y 1996, elaborados por Herce y otros; en este último ya se abogaba claramente por un  sistema mixto como la única vía de solución al problema al que nos enfrentamos. Y desgraciadamente las hipótesis macroeconómicas en las que se basaba el segundo se han visto superadas ampliamente por la tozuda realidad. Recientemente, y desde una perspectiva que aunaba (como no puede ser de otra manera) el análisis macroeconómico con el actuarial, Molinas planteaba las estrategias que consideraba imprescindibles para el desarrollo del sistema de capitalización en España.

Son varios los problemas que se esgrimen contra el sistema de capitalización. Sin necesidad de abordar los teóricos planteados por las críticas de la escuela postkeynesiana a la neoclásica, y que desbordan completamente los objetivos de este texto, los más importantes son dos: cómo abordar el problema  de quienes no han aportado (por la razón que sea) lo suficiente a lo largo de su vida laboral para alcanzar una pensión digna y los relativos a los costes de transición de un modelo a otro.

En cuanto al primero, Chile reformó en el año 2008, bajo la presidencia de Bachelet, el sistema de pensiones diseñado por José Piñera, en vigor desde hace más de 30 años. El diagnóstico que el equipo dirigido por Marcel llevó a cabo fue que funcionaba correctamente, que había sido beneficioso para el país en términos de crecimiento económico pero que debía actualizarse. Las principales recomendaciones tenían que ver con la necesidad de reforzar las pensiones mínimas, incrementar su cobertura y mejorar la competitividad. Así, se estableció un Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), financiado por los presupuestos generales del estado y no por cotizaciones. Este sistema ofrecerá cobertura a cada pensionista con rentas por debajo del 60% de la población, sin necesidad de contribuciones previas. Sustituirá definitivamente en 2023 a los actuales sistemas PASIS (programa de pensiones no contributivas para prestaciones asistenciales, que en 2005 ascendió al 0,4% del PIB) y SEPM (Seguro Estatal de Pensión Mínima)

En cuanto a la financiación de los costes de transición (tiempo durante el cual ambos sistemas coexisten, y en el que el Estado debe pagar las pensiones a los jubilados del sistema anterior, garantizarlas a quienes sigan cotizando en él, reconocer los derechos adquiridos de quienes hayan migrado habiendo cotizado previamente en el de reparto, todo ello contando con una reducción drástica de ingresos debido a la migración de muchos trabajadores al nuevo sistema), la experiencia chilena demuestra cómo, a pesar de la enorme crisis de los 1982 y 1983 (con caída del PIB de alrededor del 15% y un desempleo del 30%), se trata de un sistema viable y que permite resolver los problemas de viabilidad del sistema de reparto. Como señala el estudio del BBVA de Favre y otros, los efectos en el largo plazo en las cuentas públicas de la modificación del sistema de reparto por uno de capitalización han sido claramente positivos. De hecho, un estudio reciente del BBVA señala que, a pesar de que el déficit del transición se situó en alrededor del 4% del PIB de forma sostenida hasta 2008 (lo que supone una cifra realmente elevada, y que es explicada por los autores por diversas razones), y que la carga impositiva total se aligeraba en nada menos que en unos 10 puntos porcentuales de PIB, las cuentas chilenas mostraron superávit de forma casi permanente desde finales de los años ochenta.

Si el efecto fiscal de la transición es fundamental para un país, pues del desequilibrio presupuestario sostenido provienen la mayor parte de los males de una economía, no lo es menos el efecto social. Es evidente que si de la transición de un sistema cualquiera a otro se acentúan las diferencias sociales y el éxito del mismo se consigue mediante el empobrecimiento de una parte de la población, el sistema será claramente objetable. No ha sido el caso chileno. Tal y como puede observarse en el siguiente gráfico, los distintos gobiernos chilenos han venido reduciendo de forma muy importante la pobreza en los últimos 20 años. 

Por otro lado, desde 1999 losdatos de crecimiento del PIB chileno han sido excepcionalmente buenos, con unainflación que se encuentra hoypor debajo del 3%.

Así pues, si no queremos enfrentarnos a un problema de quiebra del sistema actual es fundamental actuar con rapidez. El cambio al sistema de capitalización es posible, tal y como muestra la experiencia de Chile. No se trata de trasplantar el modelo sin más, evidentemente, sino de adaptarlo a las circunstancias españolas; pero ésa es una cuestión que ya está estudiada. Ahora sólo falta la voluntad política de arreglar un problema cuya dilatación en el tiempo no hará sino provocar la ruina de millones de personas. La ruina de un país.