Banco Malo y mejora del crédito

Uno de los principales objetivos de la reestructuración del sistema financiero español, que actualmente se está acometiendo, es conseguir el saneamiento de los balances bancarios para lograr una mejora del flujo de créditos al sector privado.

No es cierto que en los últimos tres años el sector financiero no haya concedido créditos. Sí lo ha hecho, pero el único sector que ha visto aumentar su financiación, vía créditos o vía colocación de emisiones, ha sido el sector público, no el sector privado. Desde 2009 el crédito al sector privado no ha dejado de descender, superando en 2011 la reducción de 100.000 millones de euros. En este periodo se ha producido un claro efecto de “expulsión” de la financiación al sector privado en favor de la financiación al sector público (efecto crowding out). Los escasos recursos disponibles de la banca se han dirigido a financiar al sector público en detrimento del sector privado. Los persistentes déficits de las AA.PP. no son inocuos.

La creación del “banco malo” es uno de los pilares de la reestructuración bancaria. El llamado “banco malo”, no es un banco, sino una Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que gestionará los activos “dañados” de las entidades financieras que requieran capital público. SAREB recibirá, entre otros, activos inmobiliarios adjudicados y créditos promotores de dudoso cobro. A cambio, las entidades financieras recibirán en pago bonos descontables en el BCE.

Consecuencias para las entidades financieras “rescatadas” cedentes de activos a SAREB:

- Una reducción del volumen de créditos en balance, al deshacerse de los créditos dudosos.

- Un aumento de la liquidez disponible, al cambiar activos poco líquidos como inmuebles adjudicados y créditos de dudoso cobro por bonos canjeables por liquidez en el BCE.

- Una disminución del tamaño del balance, al dar de baja activos por debajo del valor contable de los mismos.

La liquidez recibida por las entidades como pago a los activos traspasados debería servir para incrementar la concesión de créditos al sector privado pero existen varias limitaciones:

- Una de las exigencias del rescate bancario es la reducción del tamaño de los balances bancarios. Dependiendo en cada caso de cuan agresiva sea dicha reducción, se limitará más o menos la concesión de nuevos créditos.

- Otro de los criterios monitorizado por las autoridades europeas es el ratio “Préstamos sobre Depósitos” (Loan to Deposit). A modo de ejemplo, en el rescate a Portugal se exigió a la banca lusa alcanzar un ratio máximo del 120%. Es decir, el volumen de préstamos concedidos no puede exceder en más de un 20% el volumen de depósitos de clientes que mantenga la entidad. Por tanto, no es suficiente disponer de liquidez para poder incrementar el nivel de créditos concedidos.

- Si se supera el ratio “préstamos sobre depósitos” marcado, sea el que sea, el banco en cuestión no podrá incrementar los créditos al sector privado, pero sí podrá seguir financiando al sector público mediante la compra de bonos soberanos o letras del Tesoro. La compra de deuda pública no se considera concesión de préstamos.

- El objetivo de SAREB (el “banco malo”) es deshacerse de los activos adjudicados, vendiendo los mismos de una forma ordenada. Cualquier comprador de dichos activos requerirá financiación. Salvo que se vean forzados a ello, ninguno de los bancos cedentes de activos tendrá mayor interés en volver a financiar activos del sector inmobiliario. Por el contrario, si no son los propios bancos cedentes los que financian, difícilmente los bancos “no rescatados” querrán aumentar su exposición al sector inmobiliario. Este puede ser el uno de los principales problemas con los que se enfrente los gestores de SAREB: sin financiación difícilmente encontrarán compradores para sus activos.

La puesta en marcha del mal llamado “banco malo” es una oportunidad de incrementar la necesaria concesión de crédito al sector privado. Sería triste que la liquidez recibida por las entidades cedentes de activos acabe financiando la venta de los propios activos cedidos por las entidades a SAREB, o comprando deuda pública. En gran parte dependerá del contenido de los “planes de reestructuración” que necesariamente deberán aprobar la Comisión Europea para cada una de las entidades que reciba recursos públicos.