De Guindos miente: el nombramiento de Soria sí fue político

La propuesta del Gobierno de nombrar a José Manuel Soria director ejecutivo del Banco Mundial fue, desde un comienzo, una perversión, una torpeza y una provocación: perversión, porque ilustra el grado de nepotismo entre los puestos de mando y los miembros del partido; torpeza, porque Soria no solo era un destacado miembro del partido al que se le regalaba un puesto privilegiado en un organismo internacional, sino un miembro del partido que había cesado de sus responsabilidades como ministro por haber mentido reiteradamente a los españoles; provocación, porque constituía una innecesaria exhibición de arrogancia del Gobierno en un contexto en el que, supuestamente, estaba buscando apoyos políticos para evitar la convocatoria de unas terceras elecciones (cuestión distinta es que en realidad el PP no quiera evitar unas terceras elecciones y la propuesta de Soria supusiera una deliberada provocación para terminar de dinamitar cualquier puente de entendimiento).

La comparecencia parlamentaria del ministro de Economía, Luis de Guindos, para tratar de arrojar luz sobre este polémico asunto no ha contribuido en absoluto a mejorar la imagen del Gobierno. Al contrario, ha terminado empeorándola por cuanto ha confirmado que el Ejecutivo nos ha estado mintiendo con total descaro y desvergüenza para justificar su perverso, torpe y provocador comportamiento.

A la postre, el ministro De Guindos ahondó en la versión oficial de que el nombramiento de Soria revistió un carácter técnico y no político, hasta el punto de que, según se nos llegó a decir, denegarle el cargo habría supuesto una ilegalidad. Sin embargo, esta explicación adolece de un grave defecto: si el criterio para escoger a Soria no fue el resultado de la arbitrariedad política sino de un procedimiento reglado y objetivo cuyo resultado técnico vinculaba al propio Ejecutivo (el “concurso” al que se refirió Rajoy), ¿qué publicidad se le dio a ese procedimiento? ¿Cuáles fueron los baremos tasados que conducían inexorablemente a la elección de Soria? ¿Cómo distinguir ese presunto concurso de una mera simulación procedimental para amañar formalmente la selección de Soria? Es en este punto donde De Guindos tuvo que reconocer que la plaza apenas se ofreció al cuerpo de 600 funcionarios de técnicos comerciales del Estado sin que ello constituya irregularidad alguna porque, en el fondo, no estamos ante un concurso, sino ante una decisión discrecional del Ministerio de Economía que este, por simple buena fe, ha querido someter a un procedimiento dotado de una cierta concurrencia y transparencia (a diferencia de lo que, según De Guindos, sucede en otros países de nuestro entorno como Bélgica o Alemania).

He ahí expuesta en todo su descaro la tramposa contradicción de De Guindos. Si la decisión no era política, sino técnica, el procedimiento para escoger a Soria no podía ser enteramente discrecional para el Ministerio de Economía; si, en cambio, el procedimiento era enteramente discrecional, la decisión no puede calificarse en absoluto de técnica, sino de política. Al cabo, la discrecionalidad se refiere al margen de autonomía, estrictamente limitado por la ley, del que goza un órgano administrativo para adoptar una determinada resolución. En este sentido, cabría compatibilizar la naturaleza técnica del nombramiento de Soria con un cierto ejercicio de discrecionalidad si, por ejemplo, el exministro hubiese participado en un concurso público cuyos baremos de puntuación estuvieran tasados y apenas le correspondiera al Ministerio de Economía escoger entre dos candidatos que hubiesen obtenido una puntuación similar y cuyas diferencias de aptitud tuvieran que ser en última instancia evaluadas por el propio ministerio de acuerdo a ciertos principios abstractos de difícil parametrización.

La supuesta discrecionalidad técnica en la elección de Soria se convierte en flagrante arbitrariedad política

Sin embargo, este no es el caso que nos ocupa: la discrecionalidad a la que aludió este martes De Guindos no se refería al estrecho margen de libertad del que pudo haber contado el Ministerio de Economía dentro de un rígido procedimiento vinculante incluso para el propio ministerio. No: se refería a la enorme libertad de la que disfrutó el ministerio para provisionar esa plaza, incluso estableciendo según su mero arbitrio el procedimiento a seguir para escoger al candidato. Es ahí donde la supuesta discrecionalidad técnica en la elección de Soria se convierte en flagrante arbitrariedad política: si el Ministerio de Economía determinó a su capricho las reglas del proceso de elección del director ejecutivo del Banco Mundial, ¿cómo afirmar que el nombramiento tuvo un carácter técnico y no político? ¿Es que alguien no fanatizado por la propaganda del PP puede creerse que la elección de un exministro como director ejecutivo del Banco Mundial a resultas de un opaco procedimiento de cooptación elaborado arbitrariamente por el propio Gobierno no fue el resultado de un conjunto de conversaciones y negociaciones previas entre ese exministro y el Gobierno? ¿Es que alguien con un mínimo de objetividad puede pensar que Rajoy y De Guindos no eran como poco conocedores desde el principio de las aspiraciones de Soria y que, de haberlo deseado, no habrían experimentado la menor dificultad procedimental en rechazarlo?

Evidentemente no: por acción u omisión, Rajoy y De Guindos le asignaron políticamente a Soria una canonjía al frente de una totalmente prescindible burocracia internacional que en parte costeamos los españoles con nuestros enormes tributos. Una más que probable compensación por haber dimitido voluntariamente hace unos meses, poniendo fin a su carrera política y minimizando los daños electorales para el PP. Todo lo cual, por cierto, no solo ilustra la magnitud de embustes continuados de los que necesita la vida política para enmascarar día a día sus escandalosos abusos de poder, sino también la utilización completamente personalista y partidista que se hace de las instituciones públicas costeadas con el dinero de todos los contribuyentes: el Estado como patrimonio de la familia gobernante para repartir entre sus afines y allegados los más variados privilegios en función de los favores que esos afines y allegados le hayan prestado a la familia. Un vicio que algunos dicen poder extirpar tomando el control de las instituciones —quítate tú para corromperme yo— pero que, en realidad, solo puede erradicarse minimizando el poder que esa gigantesca maquinaria estatal detenta sobre la sociedad.

El caso Soria ilustra que somos pisoteados sin miramientos por una casta extractiva, pero no confíen en que los hipócritas indignados aspirantes a neocasta vayan a obrar mejor: no confíen en que otros abusarán mejor de su poder absoluto. Confíen en despojarles de ese poder absoluto.