Cláusulas suelo: 'el quiero y no puedo' del Gobierno

Hemos de tener muy claro que en las cláusulas suelo y, en general, en todo este tipo de cosas, debemos ir a los tribunales de la mano de nuestro abogado de confianza

Foto: El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE)

Nos acaba de alertar el ministro de Justicia, D. Rafael Catalá, acerca de que la judicialización del problema de las cláusulas suelo colapsaría los juzgados de la Jurisdicción Civil. ¡En total desacuerdo, apreciado ministro! Es como acusar a los médicos del colapso en las urgencias hospitalarias, pero con la diferencia de que para los virus todavía no hay tratamientos eficaces y, sin embargo, para un tema como el de las cláusulas suelo, si el Gobierno quisiera realmente —y si también, de verdad, pudiera—, sí hay solución.

El problema de fondo, seamos sinceros, es que, por las razones que cada cual considere oportuno pensar, el Gobierno no es capaz de embridar a la banca. Quiso hacer un denominado código deontológico para este tema y la gran banca le ha hecho un enorme 'corte de mangas' doblando el 'brácigo' del Gobierno por su propio código.

Bromas aparte, si el Gobierno quiere hacer algo en serio por este asunto, solo tiene un remedio eficaz: dictar una norma con rango de ley que sea, por tanto, de obligado cumplimiento, y que recoja con toda claridad el contenido y los efectos de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo lo que no sea eso (pero, como digo, hecho con valentía, con profundidad y con sentido de protección al consumidor) no tendrá más sentido que el paupérrimo que ya tuvo en su día el famoso, desdichado y perjudicial arbitraje sobre las preferentes. En ese arbitraje, en esa trampa, cayó mucha gente a la que, de entrada, los bancos afectados muchas veces rechazaron sin motivo, caprichosamente, y cuando les aceptaron fue con rebaja notable del dinero que les tenían que devolver. Por eso se tuvieron que dar las decenas de miles de pleitos que los juzgados españoles han tenido y tienen que afrontar.

Si el Gobierno quiere hacer algo en serio por este asunto, solo tiene un remedio eficaz: dictar una norma con rango de ley que sea muy clara

Este 'quiero y no puedo' del Gobierno del señor Rajoy nos obliga a los abogados a defender los intereses de la gente que está afectada y a hacerlo ante los tribunales. La opinión pública debe saber que los bancos no aceptan que los abogados negociemos directamente con ellos para darnos la satisfacción plena de la aspiración de nuestros clientes. Esto es muy curioso, porque los bancos saben que, en la mayor parte de los casos, los tribunales van a acabar dándonos la razón. Pero luego no faltan las voces que nos acusan a los abogados de hacer negocio con los problemas de la gente.

Lo he dicho públicamente muchas veces: los abogados somos necesarios en este tipo de 'epidemias financieras' porque ni quienes han propagado el virus (las entidades bancarias) ni quienes deberían controlarlo cumplen con su obligación de restituir a los perjudicados el dinero que les han quitado. Repito, es como aquel que primero da la patada y luego denuncia porque se ha hecho daño en el pie.

El ministro de Justicia (mi muy respetado ministro de Justicia) sabe, no obstante, que si no pueden hacer un desarrollo legislativo que impida la llegada masiva de estos pleitos a los tribunales, al final esa masificación tampoco será muy problemática. Me remito, sin ir más lejos, al inmediato precedente de las acciones de Bankia en su salida a bolsa. Recuérdese cómo en febrero del año pasado, tras las dos contundentes sentencias del Tribunal Supremo que declararon que la salida a bolsa de Bankia había supuesto, por lo menos, un engaño masivo para todos los inversores no profesionales, esta entidad bancaria promovió un marco de supuesto acuerdo positivo para sus accionistas que, sin embargo, no les devolvía todo el dinero que estos podían conseguir en los tribunales. Ello motivó, una vez más, que los pleitos que estaban en marcha prosiguieran en su práctica totalidad y que muchos de los que no se habían iniciado se iniciaran.

El ministro de Justicia sabe que si al final hay una llegada masiva de estos pleitos a los tribunales, esa masificación no dará problemas

Ahora, en esto de las cláusulas suelo, de las hipotecas multidivisas, de los gastos de constitución de hipotecas y de productos similares, está sucediendo lo mismo: tenemos que ser los abogados los que saquemos las castañas del fuego a los consumidores engañados, pero, insisto, tenemos que afrontar también la crítica torticera, interesada y falaz de quienes habiendo creado el problema y/o no queriendo o no sabiendo solucionarlo nos dicen que cobramos por arreglarle a la gente lo que ellos estropearon. Más aún, los bancos, cuando pierden los pleitos, incluso quieren rebajarnos los honorarios porque dicen que son pleitos muy repetitivos, y a mí se me ocurren dos preguntas a este respecto: primera, si son tan repetitivos y tan previsibles, tan fáciles, ¿por qué no los evitan allanándose a nuestras demandas?; y segunda, ¿por qué los bancos, cuando ejecutan hipotecas por falta de pago, ponen unas costas que tiembla el misterio, si son —como son— pleitos absolutamente repetitivos y de cortar y pegar? ¿Por qué cargan hasta un 30% de previsión de gastos en esta materia?

Comprendo que el tema da para mucho, pero el propio Gobierno tendría que plantearse, por ejemplo, por qué, si ya hay sentencias que declaran que las ayudas de maternidad no deberían tributar por el IRPF y han condenado a la Hacienda Pública a devolver lo indebidamente cobrado, ¿por qué, de oficio, no hace una devolución masiva a todas las madres (se calcula que centenares de miles) a las que les ha cobrado lo que no debería cobrarles?

Conclusión: hemos de tener muy claro que en las cláusulas suelo, en las hipotecas multidivisas, en los gastos de constitución de hipotecas y, en general, en todo este tipo de cosas, así como en las que la Administración Pública nos cobra lo que no debe, allí donde el Gobierno no quiere y/o no puede, debemos ir a los tribunales de la mano de nuestro abogado de confianza.

*Miguel Durán Campos es abogado en Durán & Durán Abogados.

Tribuna

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