El sistema de pensiones en Brasil bloquea el desarrollo económico y social

El nivel de gasto en pensiones públicas aumentará hasta un 20% en la década de 2060, lo que muestra la necesidad de una reforma que modifique los profundos desequilibrios internos

Foto: Manifestantes protestan contra la reforma al régimen de jubilaciones propuesto por el presidente Michel Temer en São Paulo (Brasil).
Manifestantes protestan contra la reforma al régimen de jubilaciones propuesto por el presidente Michel Temer en São Paulo (Brasil).

Suponemos que la reciente visita del presidente del Gobierno español al país latinoamericano más poblado y de mayores dimensiones le haya servido para forjarse una idea precisa de las enormes desigualdades que atenazan el desarrollo económico y social de esa economía emergente, inserta en los denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Habrá constatado que Brasil es uno de los países de mayor desigualdad de renta y elevados niveles de injusticia social entre las economías emergentes. Esta realidad esconde graves problemas estructurales ligados a una compleja y regresiva estructura tributaria y a un sistema público de pensiones caro, que representa casi el 13% del PIB, ineficiente y también regresivo, no contribuyendo a mejorar la mala distribución de renta del país.

En concreto, el sistema público de pensiones constituye una pieza central del engranaje perverso que alimenta los privilegios de una parcela pequeña de la sociedad brasileña, exacerbando el problema de la elevada desigualdad social. La legislación relativa a la seguridad social brasileña todavía conserva parámetros de la década de 1960, creando un sistema dual en el que hay jubilados por tiempo de contribución, establecido en 35 o 30 años de cotización, sin edad mínima, que son, por lo general, los más ricos; y los más pobres, que se jubilan con 65 o 60 años de edad, con menos tiempo de contribución, por lo tanto, con la pensión mínima.

Vista de unos paños con el rostro de Temer, durante una protesta contra la reforma de las jubilaciones. (EFE)
Vista de unos paños con el rostro de Temer, durante una protesta contra la reforma de las jubilaciones. (EFE)

Entre los privilegiados están también los funcionarios públicos, cuya regla de cálculo del valor de sus pensiones es diferente a la del régimen general. El resultado final es un sistema público insostenible por manifiestamente inequitativo e injusto. Por ello urge proceder a su reforma, teniendo en cuenta las consideraciones que se detallan a continuación.

La mejor forma de entender la necesidad y la urgencia de esa reforma es mostrar las distorsiones profundas que existen en el sistema actual. En primer lugar, la existencia de una jubilación por tiempo de contribución, sin edad mínima, que requiere 35 años de cotización para los hombres y 30 años para las mujeres, ha generado jubilaciones muy tempranas de personas con plena capacidad de trabajo y, a menudo con altos ingresos para los estándares brasileños.

En 2016, por ejemplo, la edad media de jubilación de este grupo ha sido de 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres, siendo que una de cada cinco mujeres se retiró antes de los 50 años. Muchos continúan trabajando, acumulando renta de la jubilación y del trabajo (en Brasil es compatible el cobro de una pensión con el ejercicio de un empleo remunerado). Y los peor tratados por el sistema son los que no llegan a 35 o 30 años de contribución –una amplia proporción de la población brasileña que mantiene relaciones laborales informales–, se jubilan por edad, siguiendo un criterio de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, con al menos 15 años de cotización o, en su defecto, 65 años de edad para percibir la pensión mínima no contributiva, equivalente a un salario mínimo. Según los datos de la Seguridad Social brasileña, alrededor del 80% de los jubilados 'anticipados' figuran entre el 30% de los más ricos del país. El gasto público destinado a ese grupo de privilegiados, con menos de 60 años y que continúan ocupados, ha sido equivalente al gasto total en el programa Bolsa Familia, que alcanza a 13 millones de familias brasileñas.

Aunque se ha intentado establecer un techo para las pensiones de los funcionarios, la mayoría de los estados y ayuntamientos no la han aplicado todavía

El segundo factor que genera distorsiones profundas en el sistema público de pensiones en Brasil hace referencia a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos pueden jubilarse con una edad mínima de 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres, aunque una gran parte se retira en edades más tempranas, particularmente en el caso de las pensiones especiales para los profesores y la policía.

En el caso de los profesores, la edad mínima es de 55 años para los hombres y 50 años para las mujeres, lo que implica que, considerando las expectativas demográficas del país, un profesor, por ejemplo, contribuye de media durante 30 años y recibirá una pensión de jubilación durante 32 años. Además, el techo para el valor de las pensiones de jubilación para los funcionarios brasileños es elevado. Mientras que el techo para los trabajadores del sector privado es de alrededor de 1.600 euros al mes, en el sector público ese límite puede llegar a alrededor de 12.000 euros al mes, aproximadamente 7 veces por encima del del sector privado. Por ejemplo, mientras que la pensión media en los funcionarios del sector legislativo y judicial del gobierno federal asciende a alrededor de 8.000 euros al mes, aproximadamente dos de cada tres trabajadores del sector privado reciben la pensión mínima, es decir, el salario mínimo, que no llega a 300 euros. Como resultado, aproximadamente el 3% de los jubilados que ganan por encima del techo del sector privado, todos funcionarios, representan alrededor del 20% del gasto total en pensiones públicas en el país.

Aunque el gobierno federal y el de algunos estados han intentado establecer un techo para las pensiones de los funcionarios similar al vigente para las del sector privado, la gran mayoría de los estados y ayuntamientos (que han ido creando alrededor de 2.100 diferentes sistemas de jubilación para los trabajadores del sector público) no han aplicado todavía esta norma, que se encuentra en una propuesta de reforma recientemente enviada al Congreso brasileño.

Miembros de la policía en una manifestación. (EFE)
Miembros de la policía en una manifestación. (EFE)

Para que se tenga una idea, entre los países de la OCDE que regulan un techo máximo para las pensiones, este es inferior al que puede cobrar un funcionario jubilado brasileño. Así, por ejemplo, en 2014, la pensión máxima anual establecida por ley en Bélgica era de 52.972,54 euros (media de 46.464 euros), con un gasto del 10,2% del PIB; en Canadá de 52.500 dólares canadienses, con una media de 49.481 dólares canadienses, representando un gasto del 4,3% PIB; en Francia el techo era de 37.547 euros para el régimen general, con un gasto de 13,8% del PIB; en España el techo es de 43.163 euros en 2014, media de 26.162 euros, con un gasto total del 10,5% del PIB; y en Estados Unidos, el techo es de 117.000 dólares por año (media de 50.075 dólares), representando un gasto total del 6,7% del PIB, mientras que, como se ha señalado, una pensión pública puede alcanzar una cifra superior a los 140.000 euros, con un gasto global en materia de pensiones públicas superior al 13% del PIB en las mimas fechas.

A estos efectos, las situación del Brasil en el terreno demográfico no es muy diferente a lo que está aconteciendo en la mayoría de los países desarrollados. Se ha constatado que el ritmo de envejecimiento de la población brasileña es acelerado, de forma que en solo 20 años tendrá la misma estructura demográfica que Europa, que ha tardado 50 años en conformarse. Por ello, las proyecciones indican que, con el actual sistema de pensiones y jubilaciones brasileño, el nivel de gasto en pensiones públicas aumentará hasta un 20% en la década de 2060, lo que muestra la necesidad de proceder a una profunda reforma que modifique los acusados desequilibrios internos que padece el sistema de seguridad social en Brasil.

Tal evolución tendencial presionaría todavía más en contra de la sostenibilidad fiscal del estado brasileño. Los datos muestran que en entre 2013 y 2017 la deuda bruta del gobierno federal pasó del 51,5% del PIB al 70,6% del PIB. En ese contexto, si se tiene en cuenta que en 2016 alrededor del 54% del gasto primario del gobierno federal ha sido en pensiones, el agravamiento de la situación fiscal reduciría todavía más su capacidad para abordar otros gastos sociales para impulsar inversiones que reduzcan las graves carencias de infraestructuras de todo tipo que soporta el país. En tanto que el sistema opera en régimen de reparto, la ausencia de reformas irá cargando sobre a las generaciones futuras sin alcanzar un grado de eficiencia y equidad razonable en su aplicación efectiva. Es posible que el sistema, a tenor de la evolución demográfica, demande más recursos, como está ocurriendo en los países más desarrollados, pero con los desequilibrios internos existentes, en la distribución actual de los recursos aplicados, resultará quimérico alcanzar un nivel de suficiencia adecuado para todos los brasileños, con o sin carreras completas de cotización.

La agenda de reformas queda subordinada a las estrategias personales de los diputados federales. Brasil necesita restaurar la gobernabilidad

A pesar de todo ello, la gran paradoja en Brasil es que, aunque es obvio que el país necesita una reforma de las pensiones para corregir las distorsiones y garantizar la sostenibilidad financiera a medio plazo –y, sobre todo, asegurar la suficiencia para toda la población retirada, no solo para unos pocos–, el sistema político brasileño, caracterizado por una elevada fragmentación de partidos políticos, esencialmente inestable, hace muy difícil implementar la agenda de reformas estructurales modernizantes que el país necesita.

La parálisis en la reforma del sistema de pensiones pone de manifiesto ese anacronismo del sistema político brasileño. La estrategia de los diputados es marcadamente individualista, en función de las circunstancias de cada uno de ellos en el proceso de corrupción denominado 'lava jato'. En este escenario, buena parte de la agenda de reformas queda subordinada a esas estrategias personales de los diputados federales. Brasil necesita restaurar la gobernabilidad en el país para facilitar de la promoción de cambios estructurales fundamentales con el fin de reanudar el camino perdido del desarrollo económico y social.

Santos Ruesga Benito es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.

Julimar da Silva Bichara es doctor de la Universidad Autónoma de Madrid.

Rogério Nagamine Costanzi es especialista en Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal brasileiro e Coordenador de Seguridade Social do Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA).

Tribuna

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
0 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios