Otro desaguisado patrio a arreglar cuanto antes

Resulta oportuno de vez en cuando hacer una revisión de los elementos fundamentales que configuran las posibilidades económicas de una nación, derivación de los clásicos factores de producción -tierra, trabajo y capital- que estudiábamos en los libros de texto universitarios. De hecho, tal análisis sería un ejercicio previo indispensable para cualquier gobierno antes de meterse en el fango de decisiones que tienen poco o nada que ver con las verdaderas capacidades del país que gobiernan. Estamos hablando, y sobre esto volveremos en un post en el futuro inmediato, de recursos naturales, recursos humanos, capacidad productiva, innovación y tecnología, y marco institucional.

Este último componente ha ido ganando prestancia a lo largo del tiempo como consecuencia de la apertura al exterior de las economías y el proceso de globalización, hasta el punto de que poco importan el resto de los factores si no son amparados por un cuadro administrativo que, más allá de su configuración regional, garantice la libre competencia, la seguridad de las inversiones, la protección de los títulos de propiedad, la adecuada resolución de los conflictos en tiempo y forma y la repatriación de los capitales cuando resulte oportuno, entre otros. En definitiva, que ofrezca una seguridad jurídica en su doble acepción de preeminencia de la ley y amparo judicial (acepción común que probablemente participe más de la tutela efectiva, no me sean puristas).

Desde ese punto de vista resulta especialmente descorazonador que en un país como España, que cojea de ambos pies en todos y cada uno de los otros cuatro elementos sustrato de su potencial económico antes mencionados y goza de un régimen extraordinariamente garantista gracias al sistema de fe pública proporcionado por notarios y registradores, nos encontremos con una situación de parálisis de la Justicia que provoca que tan sólo en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya pleitos pendientes de dirimirse por un valor económico de 6.000 millones de euros, cantidad que en pesetas se escribía con la b de billones y que es una mínima parte del interés económico congelado en los Tribunales españoles en general y en el Supremo en particular.

Quizá quien haya hecho una descripción más adecuada de las implicaciones de esta situación, cuya resolución no se espera, como pronto, hasta 2012, ha sido el Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, en su discurso de apertura del Año Judicial, como si la Justicia tuviera solución de continuidad en algún momento: “esa ingente cantidad de dinero bloquea múltiples expectativas personales, empresariales e institucionales a corto, medio y largo plazo y produce un conjunto de consecuencias indeseables como la desconfianza de los afectados en la Administración de Justicia”. Resulta especialmente paradójica que la Sección Segunda es, precisamente, la que lleva los temas relacionados con los ingresos públicos, tributos y similares.

Desde un punto de vista estrictamente económico la de la Justicia forma parte de esa serie de reformas estructurales que necesariamente ha de acometer nuestro país, como la educativa, si quiere sentar unos principios sólidos para volverse a situar en el mapa. Y no me estoy refiriendo tan sólo a una mayor dotación de medios materiales y humanos que habrán de estar vinculados, condición sine qua non, a un criterio de productividad con el fin de agilizar los procesos, que también. La incardinación de la Justicia como elemento positivo en el marco institucional pasa, entre otros y en el ámbito que nos ocupa, por la simplificación normativa (algo contra lo que va el cada vez más prolijo mundo de la regulación autonómica), la estabilidad temporal (sin que sean de recibo vaivenes legislativos en sectores potencialmente estratégicos, como ha ocurrido con las renovables), su interpretación uniforme (sin resquicio para la discrecionalidad en función de un presunto interés nacional, caso Endesa-E.On-Enel) y la firmeza ejecutiva (agilización de instancias para que casos como el de Los Albertos sean la excepción y no la norma).

Cualquiera con dos dedos de frente sería capaz de comprender de un solo vistazo los beneficios que se derivarían para nuestra economía de la implantación de unos principios tan universales y sencillos sobre la base de una organización eficiente. ¿Por qué no es, entonces, una de las prioridades de los otros dos poderes del Estado? Amigo. Se abre su turno de respuestas. La mía está más que evidenciada a lo largo del texto. Espero anhelante sus comentarios y no sean malos, que soy lego, muy lego, en la materia.