La guerra con los jueces responde a un cálculo electoral del Gobierno

Moncloa ha decidido invertir políticamente en el conflicto con los jueces. El plante laboral previsto por los profesionales de la Judicatura para la segunda quincena de febrero cae en vísperas electorales (Galicia, País Vasco y Unión Europea) y en esa clave ha de entenderse el enfrentamiento. A Zapatero se le vieron las intenciones en su reciente informe sobre la Nación, en formato rueda de Prensa y aprovechando el tirón de un telonero de lujo (Mensaje de Navidad del Rey).

 

Dijo el presidente que el Gobierno discrepa abiertamente de la sanción del CGPJ al juez Tirado, que respalda el recurso del fiscal contra la misma y que ya está trabajando en reformar el régimen disciplinario de los jueces. O sea, una descarada toma de partido por las tesis del padre de Mari Luz y la decisión de ir a la guerra con los jueces, cuya estrategia consiste precisamente en aprovechar el caso para reclamar los medios materiales y humanos que desde hace décadas viene pidiendo a gritos nuestra arcaica Administración de Justicia.

Por un lado, la causa de la niña Mari Luz  (castigo ejemplar para el juez Tirado). Por otro, la modernización pendiente de la Justicia (algo parecido a una huelga, prevista para el 18 de febrero). Me ahorro la molestia de asignar el populismo a una de las dos causas por no ofender la inteligencia del lector. El Gobierno no ha optado precisamente por aunarlas, hacerlas compatibles y explicarlas a la opinión pública sin caer en la demagogia. Las dos son respetables aunque heterogéneas. Sin embargo, el Gobierno ha decidido concentrarse en una y pasar olímpicamente de la otra.

Más allá de la retórica, la recurrente comparación con lo que se hizo o se dejó de hacer en tiempos de Aznar, o la oportunidad de la rebelión judicial (“No es el momento de huelgas, la sociedad no lo entendería”, dice la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo), lo cierto es que el Gobierno mira hacia otro lado respecto a la reivindicación de fondo de los jueces.

Solamente el cálculo electoral puede explicar la renuncia del Gobierno a la pedagogía que hace al caso. Me parece una simpleza reducir a un brote de corporativismo la confirmación de la sanción al juez Tirado y el aprovechamiento del caso para rebelarse contra un Poder Ejecutivo que, después de treinta años de Democracia, no ha sabido o no ha querido remediar la indigencia de medios en la tarea de administrar justicia. Un servicio público que nos pone a la cola europea en dotación de medios. Por ejemplo, los informáticos. Donde se cobran impuestos (Agencia Tributaria), se pagan pensiones (Seguridad Social) o se tramitan multas (Dirección de Tráfico), todos estamos a la vista de la gran computadora. Pero hay cientos de oficinas judiciales donde se amontonan expedientes de papel mugriento.

Tuvimos que llorar el asesinato de una niña para reparar en el caos de las oficinas judiciales. Una sentencia de cárcel no ejecutada porque dormía ante la mirada perezosa de un juez y una secretaria judicial. Así encontraron los jueces la ocasión de rebelarse contra quienes tienen la obligación de aportar los necios necesarios para evitar episodios similares que, bien lo sabemos, se repiten a diario, aunque no con tan lamentable desenlace.

No digo que el juez Tirado carezca de culpa por incumplimiento de aquella sentencia contra Santiago del Valle (abusos contra su propia hija) cuando Mari Luz se cruzó en el camino del pederasta. Su falta ha sido calificada de “grave” y el Gobierno quiere que se la califique de “muy grave”. Bien. Sea lo uno o lo otro. Lo que digo es que esa no es la cuestión. La cuestión es la endémica falta de medios materiales y humanos para lograr una Administración de Justicia a la medida de la España del siglo XXI.