El caos judicial, la rebelión de los jueces y la hipocresía del Gobierno

Hipocresía preventiva. En eso incurren, en mi opinión, quienes, empezando por el propio Gobierno, acusan por anticipado a los jueces de provocar una jornada caótica en el servicio si finalmente se produce la huelga anunciada para el 26 de junio. Eso puede evitarse con la eventual predisposición del Ejecutivo a arreglar los endémicos problemas en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero si llega a ocurrir sería muy parecido al caos que ya reina en las oficinas judiciales, con huelga y sin huelga.

Carece de sentido tildar de irresponsables a los jueces porque, siendo uno de los poderes del Estado, tendrían que ejercer de juez y parte -nunca mejor dicho- a la hora de establecer los servicios mínimos y, sobre todo, según se les reprocha en general, por inducir la desatención al ciudadano. Como si la atención al ciudadano fuese ahora la norma de la casa y el servicio funcionase a pedir de boca.

Cualquiera que haya tenido la desgracia de meterse en pleitos y visitar los juzgados con cierta frecuencia sabe perfectamente de qué estamos hablando. De esperas irritantes, acumulaciones, retrasos, extravíos, aplazamientos, colas, desinformación, etc. Es el pan nuestro de cada día en las oficinas judiciales. Y no por la desidia de un juez o un secretario judicial que hacen novillos, se lo toman con mucha calma o, ay, olvidan activar la ejecución de una determinada sentencia.

Es una simplificación intolerable quedarse en eso. El problema es la carencia de medios materiales y humanos para hacer frente a una carga de trabajo absolutamente desproporcionada respecto a dichos medios. Pero es verdad que en la reclamación de los mismos, sin renunciar a la huelga como elemento de presión al Gobierno, que tiene el deber de aportarlos, las asociaciones judiciales y los decanos han aprovechado el detonante del caso de Mari Luz Cortes, la niña asesinada por un violador con sentencia pendiente de ejecución.

¿Y cuántas sentencias pendientes de ejecución pueden derivarse de los dos millones y medio de casos pendientes de resolver a fecha de hoy en los tribunales y juzgados españoles? Háganse ustedes una idea sabiendo que esa carga de trabajo, visualizada en caóticos montones de papeles polvorientos, en unas oficinas donde la informática no está ni se la espera, tiene que ser afrontada por 4.415 jueces y magistrados. Eso  equivale a menos de 10 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 16 ¿Con qué medios? Los disponibles con el 1% de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales (el 3% es la media de la Unión Europea) ¿Jueces perezosos, además? Mentira. Más allá de casos concretos, triplican la carga de trabajo mínima que, según los protocolos del Ministerio de Justicia, le corresponde a cada uno de ellos.

A pesar de una realidad tan cruda, tan incontestable, el Gobierno ha decidido desacreditar la posición reivindicativa de los jueces asignándoles pretensiones que no tienen, como la de interferir en el Poder Legislativo. Que son secundarias, como las de carácter retributivo. O formuladas de mala fe, como el afán de desquite corporativista por la sanción al juez Tirado.

Sin embargo, en Moncloa y en Ferraz se han puesto las pilas para impedir que el conflicto se cuele en las inminentes campañas electorales (vascas, gallegas y europeas). La hoja de ruta incluye una sentada de las asociaciones judiciales con el ministro Fernández Bermejo el próximo día 26 y el posterior paso de los representantes judiciales por el Parlamento, donde, en palabras de Ramón Jáuregui, secretario general del grupo socialista, “les vamos a oír, pero también nos van a oír”. Si descontamos un cierto tono conminatorio, la ecuación es la deseable. Escuchar y ser escuchado. Es la base del diálogo para empezar a resolver un problema endémico: la falta de medios en la Administración de Justicia. Una asignatura pendiente de la democracia española.