Ruiz Gallardón, un verdadero profesional de la política

Alberto Ruiz Gallardón iba para ministro de Defensa, pero reticencias de mayor cuantía le desviaron a última hora hacia un Ministerio en principio reservado a Ignacio Astarloa, en caso de haber sumado Justicia e Interior (era la primera idea de Rajoy, que topó con la enemiga general de los profesionales, convencidos de que una vez más Interior se hubiera comido a Justicia), o a Fernando de Rosa, apadrinado en la calle Génova por González Pons.

Y en esas estaba Rajoy cuando las dichas reticencias le obligaron a encajarle en Justicia, a pesar de que tampoco faltaron recelos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde donde se había hecho llegar a Rajoy la necesidad de elegir a alguien familiarizado con los problemas de la Justicia. No fue el caso. De modo que en el colectivo de jueces y magistrados no sentó bien el nombramiento de Gallardón, empezando por los miembros de la “conservadora” APM (Asociación Profesional de la Magistratura), teóricamente próxima al PP.

Estos apuntes preliminares me sirven para sostener que el mundo de la Justicia no se va a aburrir con el nuevo ministro, aunque en principio no fuese bien recibido. Incluso puede acabar saliendo a hombros si torea con acierto en los dos principales empeños anunciados ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Uno, el de la “despolitización”. Es decir, el retorno al sistema de elección del CGPJ anterior a la enmienda Bandrés (1986), que consiste en que sus 12 vocales de extracción judicial sean votados no solo “entre” jueces y magistrados, como dice la Constitución, sino “por” jueces y magistrados. No por diputados y senadores como desde 1986 hasta ahora. Las querellas de los partidos políticos no se trasladarán ya al CGPJ pero se dará entrada a las querellas del colectivo de jueces y magistrados, que no son pocas y también se transmiten por el sistema de cuotas (asociaciones “conservadoras”, asociaciones “progresistas” e independientes no asociados).

El otro de los dos grandes empeños expuestos ayer por el ministro Gallardón es la tantas veces soñada agilización de los procedimientos, a fin de conseguir una administración de justicia rápida y eficaz, después de tantas oportunidades perdidas. La última, por cuenta del anterior ministro, Francisco Caamaño, cuyo reciente mandato se asimila en medios judiciales al de una “legislatura perdida”. Entre otras cosas se le hace responsable de haber puesto en marcha un sistema de informatización de la Audiencia Nacional que no funciona, después de haberse gastado 400 de los 600 millones de euros que el Gobierno puso a su disposición.

Pero la reanimación no va a llegar solamente a los ámbitos judiciales de la mano de Gallardón, un auténtico profesional de la política. Ayer, en su primera entrega, tocó unas cuantas fibras sensibles de la opinión pública española. Sus iniciativas van a dar mucho juego. Sobre todo las que se refieren a la cadena perpetua, el aborto de las adolescentes, las tasas judiciales y el tratamiento penal de los menores. Tiempo habrá de comentarlas, una a una.