Ruido de togas contra el ministro Ruiz Gallardón

Aunque el ministro Ruiz Gallardón goza de alta estima entre los ciudadanos (barómetro CIS mayo 2012) es creciente el rechazo que suscita entre los profesionales de la Judicatura, después de haber entrado de rebote en un Departamento al que no estaba destinado. Lo último es la retirada de coches oficiales y escoltas a jueces y fiscales, expresamente respaldada por el titular de Justicia.

Duele más el desdén. El ruido de togas ha subido de tono tras su áspera alusión al trabajo de estos funcionarios: “Deben saber los jueces que las siestas de mes de agosto se van a terminar”. Solo les faltaba enterarse por la Prensa de las reformas judiciales que se cocinan en el Ministerio. Algunas con freno y marcha atrás, como el anunciado nombramiento de doce vocales del CGPJ directamente por los profesionales y no por el Parlamento. Ahora habla de negociarlo con los partidos políticos.

Su enfrentamiento con los vocales del Consejo General del Poder Judicial y los magistrados del Tribunal Supremo es ya un secreto a voces. La causa  última del distanciamiento ha sido el caso Dívar. Si el ya ex presidente de ambas instituciones se fue arrastrando los pies por el escándalo de las facturas se lo debe a la desafortunada gestión de Ruiz Gallardón y, muy especialmente, a la del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, exjefe de gabinete de Carlos Dívar. Trató de sostenerle en contra de la opinión mayoritaria de los veinte vocales del CGPJ, que al final era prácticamente unánime, y Dívar perdió el oremus al creerse invulnerable gracias al arropamiento de Gallardón. Ni el uno ni el otro contaron con la insumisión de la conservadora APM, que se plantó frente a las presiones del Gobierno.

El ruido de togas ha subido de tono tras su áspera alusión al trabajo de estos funcionarios: “Deben saber los jueces que las siestas de mes de agosto se van a terminar”

Al final la Asociación Profesional de la Magistratura se alineó con los llamados progresistas al pedir a Dívar su inmediata renuncia al cargo. Eso dejó a los pies de los caballos al ministro, después de declarar que el presidente del CGPJ había salido “reforzado” de aquella desdichada rueda de prensa en la que, al tratar de explicar su conducta, Dívar empeoró su situación. Y ahora que se propone recortar poder al CPPJ, Gallardón topa con la enemiga de las asociaciones de jueces, tanto las conservadoras como las progresistas, convencidas de que sus esfuerzos por apuntalar a Divar pretendían acometer las reformas con un presidente debilitado y, por tanto, manejable.

Eso ya no va a ser posible, al menos en el año que le queda de mandato al sustituto. El nombramiento de Dívar fue cocinado en su día por Zapatero con la conformidad de Rajoy, cuando estaban los papeles cambiados. Esta vez no va a ser así. Los veinte vocales del CGPJ, de cuya competencia exclusiva depende el nombramiento del nuevo presidente, se han conjurado para que no se repita la jugada. “Me parece una falta de respeto que el PP y el PSOE nos digan a quien tenemos que votar”, declara uno de esos vocales, dolido por el ninguneo sistemático al que les tiene sometido el ministro Ruiz Gallardón.