Operación de castigo de la Judicatura contra Ruiz Gallardón

En este modesto rincón de El Confidencial escribí el pasado 9 de julio (“Ruido de togas contra el ministro Ruiz Gallardón”) que el titular de Justicia había mostrado una rara habilidad para caer muy bien a los ciudadanos (el ministro mejor valorado) y muy mal a los profesionales de la Judicatura (tiene a todas las asociaciones en contra).

Ante los vocales del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) perdió la batalla del caso Dívar, al que quiso apuntalar contra viento y marea. Y ahora acaba de perder la batalla del sustituto. Ya no será un presidente con pies de barro y techo de cristal como quería Gallardón cuando abogaba por mister Facturas. Sus intentos de condicionar a los vocales tampoco ahora han servido de nada. Ni los cuatro teóricamente más próximos al Gobierno le hicieron caso. Por una vez, y ojalá siente precedente, el órgano de gobierno de los jueces ha hecho de su capa un sayo en el ejercicio de una competencia exclusiva: el nombramiento del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

Al menos por una vez, los vocales del CGPJ no han actuado al dictado de los partidos políticos que los propusieron en su día para el cargo

Gonzalo Moliner, fundador de Jueces para la Democracia (progresistas) y hasta ahora presidente de la sala de lo social del Tribunal Supremo, fue elegido el martes pasado por una mayoría de tres quintos. Doce vocales de distinto signo ideológico: seis le deben el cargo al PSOE, cuatro al PP, uno al PNV y otro a CiU. Es relevante pormenorizar el resultado de la votación porque, al menos por una vez, insisto, los vocales del CGPJ no han actuado al dictado de los partidos políticos que los propusieron en su día para el cargo. Nada que ver con el nombramiento de Carlos Dívar, cocinado en su día por Zapatero y Rajoy y asumido sin rechistar por los vocales, aun sabiendo que los magistrados del Supremo le veían como un cuerpo extraño y tenía en contra a los dos jueces de profesión del Gobierno (vicepresidenta Fernández de la Vega y ministro José Antonio Alonso).

En resumen, que el nombramiento de Gonzalo Moliner como nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo es una operación de castigo contra Ruiz Gallardón, avalada por vocales de distinto pelaje pero unidos por la aversión al ministro. A partir de la propuesta del candidato, que viene firmada por el vocal Gómez Benitez, el que llevó las facturas de Dívar a la Fiscalía General del Estado.

Curiosamente el otro candidato que tuvo posibilidades de ser elegido era de tendencia conservadora, José Ramón Ferrándiz, y estaba propuesto por una vocal progresista, Margarita Robles. Una prueba más de que la anidmaversión de los vocales al ministro Ruiz Gallardón pudo más que su respectivo apadrinamiento político.

De todos modos conviene recordar que el nombramiento de Gonzalo Moliner tiene fecha de caducidad en septiembre del año que viene. Apenas catorce meses. Suficiente para poner en solfa la agenda reformista de Gallardón. O para arrepentirse, si llega el caso.