Soberanía de caja única

El Tribunal Constitucional pudo haber entendido la declaración de soberanía del Parlament (enero 2013) como tal: una simple declaración política exenta de efectos jurídicos. Había algunos magistrados favorables a esa tesis. Mientras no desbordase el marco de la libre expresión de “pensamientos, ideas y opiniones”, el sistema estaba –está– habilitado para digerir que una o varias fuerzas políticas defiendan la fragmentación de la soberanía nacional.

De hecho la propia sentencia que por un lado declara “nula” e “inconstitucional” la consideración del pueblo catalán como “sujeto jurídico y político soberano”, reconoce por otro lado la legitimidad de las posiciones favorables al llamado derecho a decidir, siempre que se expresen en el marco legal. Pero el Alto Tribunal ha dictado una sentencia de marcado carácter preventivo. Impugna la declaración del Parlament sin esperar sus eventuales efectos jurídicos. Es decir, antes de que salga del ámbito de la libertad de expresión y pretenda entrar en el ámbito del derecho positivo.

El Alto Tribunal ha dictado una sentencia de marcado carácter preventivo. Impugna la declaración del Parlament sin esperar sus eventuales efectos jurídicos

En realidad el TC se limita a reproducir un precepto básico en el espíritu y la letra de la Carta Magna: el de la soberanía nacional única e indivisible, cuyo titular es el conjunto del pueblo español. Da mucha pereza recordar que sólo el titular de un derecho puede ejercer ese derecho, incluso si se trata de revisarlo. Otra obviedad recogida en la sentencia: exclusivamente el pueblo español, único depositario de la voluntad popular, puede modificar la Constitución a fin de que –un supuesto entre muchos que podrían apuntarse– el pueblo catalán pueda ejercer el derecho a decidir al amparo de la ley. Pero, ojo, sólo cuando el texto de la Carta Magna haya sido modificado. Entretanto, la ley es igual para todos.

La alusión de la sentencia a la posible reforma de la Constitución es un balón centrado a los pies del PSOE, que ha convertido esa apuesta en el principal argumento de su discurso sobre el encaje de Cataluña en España. Pérez Rubalcaba tratará de rematarlo en el debate convocado en el Congreso de los Diputados para el próximo 8 de abril, donde ha de verse la solicitud catalana de ejercer por delegación la competencia estatal sobre convocatoria de referéndum.

En medios nacionalistas la reacción ante la sentencia del TC ha sido la prevista. La califican de “política” y al tribunal de “politizado”. Vuelven a hablar de “catalanofobia” y agitan el fantasma de “las represalias de Madrid”. No esperábamos otra cosa de Artur Mas y su gente. De nuevo se hacen los ofendidos. Y sobre esa acumulación de agravios, que no de razones, siguen galopando los independentistas hacia el abismo y Mas hacia el martirologio político, aunque todavía tiene por delante un largo camino. Y quien dice camino dice vía crucis.

La escalada de la tensión está servida, a la espera de que surjan circunstancias nuevas que alteren la hoja de ruta ratificada por la mayoría de la Mesa del Parlament, que ayer decidió no retirar la declaración anulada por el TC. Una circunstancia nueva puede ser, por ejemplo, el hundimiento de CiU en las urnas europeas del 25 de mayo junto a un eventual subidón de sus socios de ERC. Probablemente, eso obligaría a los dirigentes de CiU a buscar una pista de frenado para el president.