¿Quién habla de dinero negro en el PP?

La misma prisa del juez Ruz por cerrar la instrucción del caso Gürtel-Bárcenas porque se aproxima su fecha de caducidad –la del juez en comisión de servicio, no la del caso– la tiene el PP por enterrarlo, al menos políticamente. Lógico. Debe ser incómodo ver las siglas del partido vinculadas a un caso de corrupción organizada. Pero no lo tienen fácil. Ni el juez Ruz para cerrar la instrucción, por las trabas a su celo indagatorio, ni el PP para distraer a la opinión pública. Ayer hubo dosis de recuerdo en una providencia del juez. Reclama con urgencia (cinco días de plazo) copia de las escrituras de cesión de poderes al tesorero, y copias de revocación en su caso, durante los últimos siete años (abrir cuentas, cerrar cuentas, firmar talones, pagar facturas, hacer transferencias, disponer de fondos, etc., etc).

Indagar ahora en la posible “responsabilidad tributaria” del PP a través de su secretaria general, María Dolores de Cospedal (depende de si ciertas operaciones se hicieron antes o después de la revocación de poderes) son ganas de amargarle al presidente Rajoy su escapada al coto de Doñana. Poco ha durado en Génova la alegría por conseguir, en el precalentamiento electoral por las europeas, poner sordina a las últimas declaraciones de Bárcenas (no una caja B, sino 51) y a un reciente auto judicial donde se dice que el PP lleva años financiándose con dinero negro.

¿Cree que el juez, el fiscal y la Policía se han concertado con el extesorero de su partido en la esforzada tarea de esculpir una verdad a fuerza de repetir que el PP se ha financiado, al menos en parte, con dinero negro?

Segunda vez que se habla a efectos judiciales de “una contabilidad paralela o 'B' del Partido Popular controlada por el imputado señor Bárcenas Gutiérrez en su condición de gerente y después tesorero de la referida formación política”. La primera fue el 22 de noviembre de 2013. En aquel auto se lee que, de las investigaciones llevadas a cabo, se podría confirmar “a nivel indiciario” la existencia de “una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”.

Conviene ser preciso frente al argumentario desplegado estos días por el entorno político y mediático del PP, cuya defensa consiste en negar la financiación irregular basándose en que la acusación viene de Bárcenas, un presunto delincuente. No es verdad, como vemos. La existencia de una contabilidad B en el PP que, lógicamente, tendrá que demostrarse en el juicio oral, también emana del juez, el fiscal y numerosos informes policiales. Según la Fiscalía, el dinero negro del PP procedería (“al menos en parte”, leo) “del cobro de comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas y se habrían ocultado a la Hacienda Publica, no reflejándose en las correspondientes declaraciones tributarias. Y según la unidad policial sobre delincuencia económica (UDEF), la llamada caja B del PP se nutriría básicamente de “donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”.

“Una mentira no va a convertirse en verdad por muchas veces que se repita”, declaraba este lunes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. ¿Cree que el juez, el fiscal y la Policía se han concertado con el extesorero de su partido en la esforzada tarea de esculpir una verdad a fuerza de repetir que el PP se ha financiado, al menos en parte, con dinero negro?