Corrupción que no cesa

En los informativos de ayer se amontonaron las corrupciones en la vida pública. Pero los afectados se hacen de nuevas siaparecen en el retablo. Bárcenas sigue sin entender por qué está en la cárcel y se siente víctima de gente sin escrúpulos morales (¡manda huevos!). Al alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, le parece normal incentivar bajo cuerda la traición política para ganarse al adversario. Los hijos de Jordi Pujol se forran ilegalmente en nombre de la patria catalana mientras el padre se pregunta quién coño es la UDEF (un comando policial contra los corruptos, molt honorable, para que lo sepa).

El retablo se expande. Ayer, en Valencia, el presidente del parlamento regional, Juan Cotino, ponía cara de salir del cine cuando le preguntaron si no debería dimitir (“¿por qué?, ¿qué mal he hecho?”, dice), después de conocerse la forma tan grosera de aprovecharse del cargo público a favor del patrimonio familiar. Igualito que el matrimonio Urdangarin-infanta Cristina, que montó una caja registradora (Aizoon) como desagüe del caudal de dinero público embalsado en el llamado Instituto Nóos por ser ellos quienes eran. Que no cunda el pánico. No estamos solos. Ahí vemos a Nicolas Sarkozy hablando de una conspiración política de los jueces contra él, para que no levante cabeza. A imagen y semejanza de Silvio Berlusconi, el pobre, perseguido a todas horas por unos jueces que le habían cogido manía. Vale. Es un consuelo.

Lo llevaremos mejor si endosamos el fenómeno a la condición humana, si contamos realmente con la pedagogía y la ayuda de quienes representan a esas instituciones. Por la cuenta que les trae. Lo insoportable es la defensa oficial del corrupto o, por mejor decir, la sensación de que, a menudo, las conductas reprobables buscan los paños calientes en las alturas. Véase al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al mismísimo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, predeterminando la inocencia de la infanta Cristina, dejando serias dudas sobre la fe de tan insignes personajes en el dogma civil de la igualdad ante la ley y, lo que es peor, alimentando esa sospecha ciudadana de que, respecto a la corrupción, la voluntad no es combatirla, sino disimularla hasta que escampe. Lo vemos en la reacción de la Junta de Andalucía cuando dice –o decía– que lo de los ERE era un montaje contra el PSOE. O en la de Cospedal cuando dice –o decía– que Gürtel no era una trama del PP, sino contra el PP. O en las de los Pujol, cuando detectan “un ataque a Cataluña” en la investigación policial de sus trapacerías.

No es de recibo que aquí y ahora el problema de la corrupción sea el segundo que más preocupa a los españoles, después del paro, mientras se multiplican las pruebas de que ni de lejos está entre los que más preocupan a la clase política. Si no, no miraría tanto hacia otro lado ante el destape de las evidencias. Viene a cuento ponerlo de manifiesto cuando vuelve a sonar la cantinela de la regeneración en boca del partido en el poder. Cada vez que aflora este reto pendiente de la política nacional, desempolvo el “Código Ético del PP”, aprobado en abril de 1993, cuando el partido de Aznar descubrió que “la democracia exige el compromiso ético de los políticos”. Así quedó escrito y encuadernado. A ver si les suena a ustedes lo que se decía ya hace veintiún años entre las motivaciones del documento: “El clima creado por la denuncia de constantes irregularidades en la política española reciente ha derivado en una pérdida de confianza que alcanza incluso a las instituciones representativas”.

Me parece que la sola mención de nombres como Baltar, Carlos Fabra, Sonia Castedo, Luis Bárcenas, Jaume Matas, Ricardo Costa, Francisco Camps, y así hasta más de cien imputados, me eximen de comentar el fin de los buenos propósitos incluidos en aquel famoso “Código Ético del PP”.