Como barcas en lago seco

Las urnas en la calle, como expresión de la desobediencia civil propuesta por Oriol Junqueras (ERC) si el Tribunal Constitucional suspende la consulta del 9 de noviembre, serían como las barcas en un lago seco. Absurdo, como un belga por soleares o un torero al otro lado del telón de acero. Inútil, como un sello por triplicado o como un santo sin paraíso. Gracias, Sabina.

Otra cosa es que la Generalitat se vea desbordada por la iniciativa civil de la llamada Asamblea Nacional Catalana (ANC), que también es la organizadora de la concentración de esta tarde en Barcelona y defiende la independencia, aunque se proclame desde los balcones de los ayuntamientos. Claro que la Generalitat no es ningún movimiento ciudadano, sino la institución que representa al Estado en Cataluña. Y para los representantes de un Estado legítimamente constituido no cuenta la figura de la desobediencia civil, sino la de la prevaricación, el tipo penal previsto para los servidores públicos que conscientemente incumplen la ley o no la hacen cumplir.

Todo esto lo sabe perfectamente el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Y durante estos últimos días ha dado pruebas de no haberlo olvidado. De su boca y de la de sus colaboradores han salido expresivas declaraciones sobre la necesidad de llevar a cabo la consulta “con todas las garantías legales”. El propio Mas se pregunta en voz alta por la inutilidad de proclamar en la calle o en los balcones de municipios insumisos lo que nadie iba a reconocer en las instituciones.

Es la prueba definitiva de que Mas no ha acabado de perder el juicio. Según se ha instalado en círculos políticos y mediáticos, anularía la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre, prevista para dentro de unos días (el 22 de septiembre, probablemente), una vez aprobada en el Parlament la ley de consultas (el 19 de septiembre), si el Constitucional dicta la doble suspensión de la ley y de la convocatoria.

En resumidas cuentas, que Oriol Junqueras y sus coros independentistas van a tener muy difícil contagiar el virus de la desobediencia en medio del inmovilismo activo de Rajoy, el escándalo de los Pujol como golpe a la autoestima de los catalanes y las disensiones entre los socios. Fue mucho más fácil contagiar el “derecho a decidir”, porque Oriol y su gente ejercían de costaleros de Mas y hasta el Tribunal Constitucional había declarado que es legítimo defenderlo (pero no legal, en base a un supuesto título de soberanía catalana). Ahora se desvanecen las musas y empieza el teatro.

Se acabaron las bromas. Se aproxima el momento de la verdad. A fecha fija: 9 de noviembre de 2014, trescientos años después de la caída de Barcelona en la guerra civil entre seguidores de Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria. Los responsables de la aventura soberanista piensan utilizar el calculado éxito de crítica y público de hoy como argumento frente al muy previsible frenazo legal. Y el frenazo marcará entonces el también previsible divorcio entre los dos socios principales, ERC y CiU, cuyos intereses se bifurcarán a partir de ese momento.