Limpieza en el PSOE: decirla no es hacerla

El nuevo PSOE aprovechó el fin de semana para hacer limpieza. Para decirla. Hacerla es otra cosa. Ya veremos. Aunque sea mirando de reojo a Podemos –el grupo emergente que capitaliza con sus diagnósticos, que no con sus terapias, el malestar de la opinión pública–, sólo accionando la palanca de la regeneración democrática pueden encontrar los socialistas de Pedro Sánchez el camino de la remontada. Pero, insisto, practicándola puertas adentro y exigiendo que se practique puertas afuera en el ejercicio de sus deberes institucionales. Decirla o escribirla, sin practicarla, no sirve de nada.

¿Quiere la nueva dirección socialista precedentes dichos o escritos en los sucesivos congresos o programas electorales del partido desde que Luis Roldán y el caso Filesa (primeros años noventa del siglo pasado) acabaron con el mito fundacional de los honrados seguidores de Pablo Iglesias? Desde entonces la literatura socialista está empedrada de loables iniciativas en la batalla contra la corrupción (órganos de control, comisiones de ética, estrictas normas internas, reglamentos, incompatibilidades, declaración de bienes al entrar y salir de un cargo, etc.) que  a la hora de la verdad fueron escandalosamente desbordadas por la mirada distraída, el cierre de filas, la obediencia debida, las complicidades políticas, el intercambio de favores, el uso “político” de la presunción de inocencia, etc.

En el 34º congreso federal (junio de 1997), tras la dimisión de Felipe González como secretario general, ya se aprobó un “Código Ético del PSOE”. Se encargó de aplicarlo una comisión basándose en un reglamento del que entresaco una disposición general que le atribuía el deber de “supervisar y controlar las situaciones patrimoniales de los afiliados y las actividades económicas de los cargos públicos electos o designados por el PSOE”. Se lee más adelante que para cumplir sus funciones “recibe comunicaciones e informaciones de aquellas personas afiliadas u órganos ejecutivos que consideren que el comportamiento de algún compañero o compañera infringe la legalidad vigente o es éticamente contradictorio o incompatible con los fines del partido”.

Desde Luis Roldán la literatura socialista está empedrada de loables iniciativas en la batalla contra la corrupción (órganos de control, comisiones de ética, estrictas normas internas, reglamentos, incompatibilidades, declaración de bienes) que a la hora de la verdad fueron desbordadas por la mirada distraída

Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que, de haber querido llevar a la práctica tan buenas intenciones, aplicando simplemente aquel reglamento, habría sido imposible el caso del militante socialista y líder minero, José Ángel Fernández Villa (bien lo sabía Antón Saavedra). Habría sido imposible el caso de los ERE andaluces, que estaban engordando el bolsillo de algunos a la vista de todos. Y habría sido imposible que 15 consejeros de Caja Madrid nombrados por el PSOE utilizasen de aquella manera y durante tanto tiempo las famosas tarjetas opacas. ¿Es creíble que a la comisión de ética de su partido no le llegase ninguna noticia durante casi diez años?

Por eso hay que recibir con mucho escepticismo el lanzamiento del nuevo código ético del PSOE, fletado este fin de semana en el foro dedicado a la lucha contra la corrupción, con loables medidas de transparencia y rendición de cuentas respecto a la situación económica del partido, la de sus gerentes, la de los integrantes de su dirección y la de de los miembros de los grupos. ¿Quién va a discutirlas? Pero la lucha contra la corrupción no se anuncia. Se practica con hechos y no con palabras. César Luena y Pedro Sánchez nos han dicho que “el PSOE va a ser implacable contra la corrupción”. Pero, si eso se incumplió en las mil veces que se dijo antes, no hay demasiadas razones estadísticas para suponer que se va a cumplirse en la de mil y una.

Los argumentos del escepticismo respecto al PSOE son aplicables al PP, el otro partido que, junto a CiU, son los tres agentes de un sistema que ha llegado a equiparar a España con Rumania en materia de corrupción política en Europa. Vean ustedes el Código Ético del PP, cuyo borrador, por cierto fue encargado a Ruiz Gallardón en 1993. Por ahí anda todavía primorosamente encuadernado. Entre otras cosas decía que los candidatos a cualquier puesto representativo en las listas del PP “estarán obligados a realizar previa declaración notarial de sus bienes y actividades” y, asimismo, los cargos públicos del PP se comprometen a “hacer publica esa declaración cuando fueran requeridos para ello porque se haya puesto en entredicho la integridad de su conducta”.

¿Qué quieren que les diga?