Ese olor a podrido que no cesa

La memoria fresca nos deja las tarjetas de Bankia, las trapacerías del clan Pujol, los nuevos pasos judiciales sobre el dinero negro del PP (el problema no es Acebes, por supuesto), la doble cara del líder minero Fernández Villa o el exvicepresidente del Gobierno de Madrid, Francisco Granados. Lo último, la redada de ayer (Operación Púnica) contra una trama de corrupción municipal y autonómica.

Los recientes escándalos de inmoralidad política producen un doble impacto de efectos compensatorios. Es como la buena y la mala noticia del chiste. La mala: sigue creciendo la nube tóxica que esparce entre los ciudadanos un molesto olor a podrido. La buena: ya funcionan los mecanismos represores de la corrupción y las malas prácticas, como si se hubiera roto algún dique a fin de que la Policía y la Guardia Civil puedan trabajar a sus anchas y entregar al juez las pruebas de lamentables conductas de tantos y tantos primeros actores de la vida pública, cuya lista se ha hecho interminable: Roldán, Bárcenas, Pujol, Urdangarin, Matas, Prenafeta, Fabra, Millet, Castedo, Guerrero, Rato, Blesa, Fernández Villa...

Con gesticulación o sin ella, son muy saludables las enérgicas actuaciones policiales, ordenadas por el juez, naturalmente, que se han producido en los últimos días. Tanto el reciente operativo en el entorno de Oleguer Pujol Ferrusola como el de la gran redada de ayer por un nuevo supuesto de comisionismo a cambio de concesiones de obras y servicios públicos han sido percibidos como un ejercicio de mano dura contra los sinvergüenzas.

Eso marca la diferencia con los amagos de remada conjunta PP-PSOE contra la corrupción (nada de pacto, si acaso suma de votos solo en alguna iniciativa determinada), cuya credibilidad no desborda los límites de un voluntarismo precipitado. De repente, parecen tener prisa por recuperar el terreno perdido durante estos últimos veinte o treinta años. Quizás hayan sentido cerca el aliento de Podemos, que no deja de ocupar con fogonazos verbales los espacios de regeneración de la vida pública abandonados por los partidos centrales.

Lo que estamos viendo es que las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, bajo control judicial, están siendo más diligentes y más eficaces que los partidos políticos. Mostrar la puerta de salida a sus militantes, como ayer hicieron PP y PSOE con los seis alcaldes detenidos (cuatro del PP, uno del PSOE y un minoritario apoyado por el PSOE), así como con Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, es lo menos que podían hacer. No lo hacían antes en su culpable resistencia a sacar del cesto las manzanas podridas.

Tal vez hayan sido los indignados, seducidos por un llamamiento populista, quienes han obrado el milagro de que el Gobierno (del que dependen la Policía, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado) se haya puesto las pilas. Es la moraleja de la macrorredada de ayer, con 51 detenidos, en la que se actúa tanto contra empresas que pagaban el peaje como contra cargos municipales y regionales que lo cobraban, lo cual refleja bien la realidad de un sistema corrompido a partes iguales por corruptores y corrompibles en dulce amontonamiento, donde las mordidas, el clientelismo y el intercambio de favores han venido siendo modelos de conducta identificables.

En algún caso, como el de las tarjetas de Caja Madrid, ni siquiera se molestaron en disimularlo. Tuvieron que pasar casi diez años para que, con la luz verde del Gobierno, un presidente de la entidad pusiera en la mesa de un fiscal el informe resultante de una auditoría interna. Su decisión nos recuerda que en materia de lucha contra la corrupción, cuando se quiere, se puede. O sea, una vez más se demuestra que acabar con esta lacra, o al menos intentarlo, es cuestión de voluntad política.