Los 'trucos' de Goldman Sachs para quedarse 3.000 pisos del Ivima sin ganar el concurso

Lo que se presuponía iba a ser una operación inmobiliaria encaminada a aligerar las cuentas de la Comunidad de Madrid ha devenido al final en ‘ñapa’ de Pepe Gotera y Otilio. Nos referimos a la venta de 32 promociones públicas en 2013 a Goldman Sachs por 201 millones de euros, un 20% más del precio de salida. A la espera de que concluya el alud de investigaciones que se están realizando en torno a esta operación, resulta imposible no catalogar el proceso de enajenación de, cuando menos, farragoso. Empezando por lo más esencial: ¿cómo es posible que se vendan 3.000 viviendas al citado fondo americano sin que haya sido el ganador del concurso público que tuvo lugar hace dos años?

Y es que, en puridad, el verdadero adjudicatario del paquete de inmuebles del Ivima no es Goldman Sachs, como se ha hecho creer desde un principio, sino Azora Gestión. Este hecho, cuya importancia desde algunos ámbitos se ha querido desdeñar hasta reducirlo a simple anécdota, supone una irregularidad, e incluso para algunos, un fraude de ley. Esa es al menos la tesis que está manejando Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, en la comisión de investigación sobre corrupción política que empezó el pasado viernes y que tiene en el punto de mira a Pablo Clavero y Ana Gomendio, consejero de Transportes e Infraestructuras y directora general del Ivima, respectivamente, en aquella época.

Todo empezó el 7 de junio de 2013. Ese día, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicaba un concurso, por procedimiento restringido, relativo a la enajenación de 32 promociones de viviendas pertenecientes al Ivima. El precio mínimo de salida era de 168.900.000 euros. Tras finalizar el plazo de presentación (25 de junio de 2013), la mesa de contratación hizo una valoración de las solicitudes, quedando excluidas cinco empresas, entre ellas Drago Capital, el fondo en el que participaba Oleguer Pujol, que sería posteriormente readmitida al haber sido expulsada por error. Los finalistas fueron los siguientes:

Una vez suscrito un compromiso de confidencialidad, a las candidatas seleccionadas se les autorizó al ‘Data Room’ -o acceso virtual a la información- por 20 días, momento en el cual deberían presentar su oferta definitiva. En acto público de 9 de agosto, se procedió a la apertura de los sobres de aquellas empresas que se decidieron a pujar. “Finalmente, de las 10, presentaron oferta económica tres: Patron Capital, Azora Gestión y Tethys Investment, siendo la adjudicataria la empresa Azora Gestión, al ser la mejor oferta económica, por valor de 201 millones con siete céntimos, con el apoyo financiero de Goldman Sachs, como consta en la oferta”, aclaraba Cavero en comparecencia ante la Asamblea el 11 de octubre de 2013.

No había lugar a dudas: el adjudicatario real del contrato público era la mercantil Azora y no Goldman Sachs, que figuraba como ‘paganini’ de la operación. De la citada intervención del consejero se concluía también que se iba a constituir una nueva sociedad, Encasa Cibeles, que sería la adquirente de las promociones de viviendas adjudicadas, algo que permitía el pliego de condiciones del concurso, tal y como ha dejado de manifiesto la sentencia del juzgado número 20 de Madrid con fecha del pasado 5 de noviembre. Sin embargo, Azora se ha valido de esta sociedad para hacer un truco a lo Harry Houdini y desaparecer del mapa. Veamos.

Según la información dada, Encasa Cibeles se constituyó el 12 de septiembre de 2013 con Azora Gestión Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva como casi único accionista, con el 97,85% del capital. Dicha información, en cambio, entra en abierta contradicción con las cuentas anuales de Encasa correspondientes al ejercicio 2014. En estas, aparece que el 97,85% de las acciones pertenece a ELQ Investors, sociedad con sede en Londres. ¿De quién es ELQ Investors? De Goldman Sachs Group. Entonces, ¿qué pasa con Azora, que fue a la que la comunidad dio el concurso?

“En la oferta al Ivima ya comunicamos que, conforme a los pliegos, la compra se instrumentaría a través de una sociedad de nueva creación cuyo accionariado, en el momento de formalizar la compraventa, estaría formado en un 98,12% por empresas del grupo Goldman Sachs y el capital restante por empresas del grupo Azora”, explica la adjudicataria a El Confidencial. “En la oferta también asumimos la responsabilidad de dotar a la nueva sociedad con el capital suficiente para hacer frente a las obligaciones del pago del precio”.

Hay tanta ingeniería financiera que más que el pliego de un concurso, uno cree estar leyendo los ‘Diez negritos’ de Agatha Christie. Para más inri, este vaivén de sociedades ha alimentado las especulaciones sobre el proceso, esto es, si se hizo con unas condiciones y precios ‘ad hoc’ para que Goldman Sachs diera un pelotazo. Estas dudas, por ejemplo, hicieron que el Partido Socialista de Madrid y la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima denunciaran la operación ante los tribunales, después de lo cual el Juzgado de Instrucción número 48 decidió investigar el caso al detectar posibles “indicios objetivos de enriquecimiento”.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre el Ivima de los ejercicios 2012 y 2013 incide en estas sospechas. Según adelantó 'El Mundo', dicho informe detecta una falta de base y justificación en la “elección del procedimiento de licitación, de los criterios de selección de los candidatos a presentar ofertas y de los criterios para valorar las proposiciones (…) No hay correspondencia entre las finalidades del negocio con los criterios de selección de las empresas licitadoras que no están formuladas en condiciones de objetividad”.

El hecho de que se vendieran las 32 promociones en un solo bloque “ha limitado y condicionado la posibilidad de los inversores interesados en la compra, que podrían haberlo hecho si la venta se hubiera programado por lotes, pues no habría sido tan alto el nivel de inversión y la liquidez necesaria para comprar, lo que, además de aumentar la concurrencia de licitadores, podría haber incrementado sustancialmente los ingresos de la Administración”.

Para justificar el precio de venta, Ana Gomendio arguyó en la comisión de investigación que la enajenación se había realizado en "el peor momento de la crisis" y cuando "el valor de los inmuebles había caído un 40%". Otras fuentes próximas al proceso defienden que "todo se hizo con la máxima transparencia, es decir, vía subasta y con el precio como criterio único, de tal forma que así le quitábamos todo el sesgo subjetivo. Ahora se nos critica por venderlas a un precio bajo, pero entonces nos felicitaron porque aquella supuso la primera gran operación inmobiliaria en mucho tiempo y sirvió para reactivar el sector. Del informe de la Cámara de Cuentas solo decir que lo ha elaborado Mónica Melle, la consejera propuesta por el PSOE. Con eso está todo dicho".

La adjudicataria se ha volatilizado. Sólo queda Encasa Cibeles, propiedad en un 97,8% de ELQ (Goldman Sachs), según la memoria de 2014

El hecho cierto es que quien fuera adjudicatario del concurso, Azora, ya no figura en el anuncio de adjudicación del perfil del contratante de la Comunidad de Madrid, anuncio que, por cierto, debería haber sido publicitado en el BOE, como era preceptivo por razón de su importe.

Quien sí lo hace es Encasa Cibeles, que fue finalmente quien adquirió las 3.000 viviendas y tiene a Goldman Sachs como prácticamente único accionista con un 97,8% del capital. El viernes, Gomendio abordó esta cuestión señalando que, en el pliego del concurso de adjudicación, ya se preveía la posibilidad de que el adjudicatario creara una nueva sociedad, como ocurrió con la empresa Encasa Cibeles, encargada de la gestión de estos inmuebles. Lo que parece ignorar la exdirectora general del Ivima es que, según la memoria de 2014 de dicha sociedad, la empresa adjudicataria parece haberse volatilizado.

Pero Azora no es ningún fantasma. Irrumpió en 2003 con el ánimo de convertirse en el ‘dream team’ de la inversión inmobiliaria en España. Lo hizo como gestora de capital privado independiente de la mano de Concha Osácar y Fernando Gumuzio, profesionales reputados y de dilatada trayectoria en el sector. Azora gestiona más de 1.700 millones de fondos propios de institucionales, a través de cinco fondos con distintas estrategias de inversión, contando en total con más de 3.000 millones de euros de activos.